El segundo mayorazgo de los Lezama (1755)

Como decíamos en la entrada anterior, Bartolomé de Lezama Eguiluz no tuvo una vida larga, ya que la muerte le alcanzó en 1706 a los cuarenta y ocho años. No disponemos, al menos de momento, de su testamento ni el de su cónyuge Josefa del Campo, que había muerto aún antes, en 1697. En cuanto a sus hijos, la mayor se casó con Francisco de Retes Campo; José Francisco fue sacerdote y falleció en 1761; y Diego Felipe murió en 1750 con cincuenta y cuatro años sin que tengamos ni un solo dato más sobre su vida.

A quien conocemos mucho mejor es a su primer hijo varón, Felipe de Lezama Eguiluz, nacido el 21 de mayo de 1690 y a la postre heredero del mayorazgo que había fundado su abuelo del mismo nombre. Felipe no tardó en ponerse al frente de la familia tras el fallecimiento de su padre, de manera que fue elegido alcalde ordinario por primera vez en septiembre de 1709, con solamente diecinueve años y, por supuesto, aún soltero (las ordenanzas prohibían ocupar cargos públicos a los solteros, aunque esta disposición no siempre fue cumplida). De hecho, no se casó hasta 1723, momento para el cual ya había sido alcalde ordinario en otra ocasión y síndico procurador general en dos ocasiones. Para manifestar el relevante papel que tuvo en la vida comunitaria ayalesa de la época baste decir que fue teniente del Gobernador durante bastantes años y hasta el momento de su muerte. Lo fue, además, de varios gobernadores distintos, que por estar ausentes la mayor parte del año el ejercicio del cargo recayó de facto en Felipe, y lo desempeñó suficientemente, logrando la aprobación de la gran mayoría del vecindario. Su ocupación como teniente de gobernador impidió que ocupara cargos públicos en Ayala con mayor frecuencia, pero a pesar de ello acudió como procurador de la Tierra a las Juntas Generales alavesas en los cursos 1715-1716, 1716-1717, 1721-1722, mayo de 1723, noviembre de 1727, entre 1735 y 1738 y en 1739-1740.

El 14 de junio de 1723 Felipe contrajo matrimonio con María Francisca de Aldama Sobrado, natural de Okondo y último eslabón de una de las familias más importantes de Ayala desde el siglo XV, sobre la que aún está todo por escribir. Por otro lado, la brillante carrera de Felipe de Lezama quedó truncada con su fallecimiento a las diez de la mañana del día de Santo Tomás del año 1740 a los cincuenta años de edad. Puede que llevara un tiempo enfermo, ya que formalizó su testamento el 27 de septiembre estando ya enfermo en cama.

A pesar de la importancia y categoría del personaje, su testamento es simple y no muy distinto en la forma al de cualquier labrador acomodado. También es cierto que era ya común en su tiempo que los testamentos fuesen más escuetos y menos complejos que en siglos anteriores. Un aspecto en el que se puede apreciar esto son las disposiciones por su alma, pues ya no era tan habitual encargar ingentes cantidades de misas en decenas de templos distintos ni programar complejos rituales de misas y aniversarios. En este sentido, Felipe ordenó que su cuerpo fuera enterrado con el habitual hábito de San Francisco en la iglesia de Santa María y en la sepultura que dispusiera su mujer de entre todas las que poseía. En cuanto al sufragio de su alma, mandó que durante un año se ofreciera la consabida “oblada y candela” con las funciones de entierro, novenario y cabo de año con asistencia de los sacerdotes del Cabildo y todos aquellos que quisiera convocar su mujer. Encargó misas de novena, Apóstoles y San Gregorio, una vez o cuantas quisiera su esposa; doce misas en la ermita de San Silvestre -actual San Roque-, y otras doce en el santuario de Arantzazu; cien misas rezadas en la parroquia y otras cien en el convento de San Francisco de Orduña. Por último, dispuso que durante el año de su fallecimiento se dijeran sendas misas rezadas los lunes y sábados en la parroquia, los lunes en el altar de Nuestra Señora de la Piedad y el sábado en el del Rosario. Son unas disposiciones importantes, dignas de su categoría, pero no tan complejas ni tan cerradas como solía ser frecuente anteriormente, ya que concedió amplio margen a su esposa para cumplir estas funciones, y para otras cosas como veremos.

Por aquel entonces, Felipe y María Francisca tenían por hijos a Manuel Antonio (1729), Juan José (1734), José Ramón (1735), Francisco Gerardo (1738), Pedro Narciso (1739), María Francisca (1726) y Juana Josefa. Sabemos que tuvieron otros dos varones que ya habían fallecido para entonces. Todos los hijos eran menores, muy jóvenes aún, y Felipe solamente les mandó cien reales a cada uno de ellos. Sin embargo, a las dos chicas les dejó la muy apreciable cantidad de quinientos ducados a cada una, los cuales se les entregarían cuando tomasen estado de matrimonio o religioso, o cuando alcanzasen la mayoría de edad.

Por otra parte, Felipe se declaró poseedor del mayorazgo que habían fundado sus abuelos Felipe y Casilda así como de los bienes que agregó su padre Bartolomé por sí y en nombre de Josefa su mujer; en virtud de aquella cláusula del vínculo por la cual el titular podía elegir sucesor entre sus hijos varones, Felipe no se complicó la vida y nombró a su hijo varón mayor, Manuel.

Por lo demás, hay dos aspectos a los que Felipe dedicó especial atención en su testamento, dos temas que sin duda quería dejar atados antes de fallecer. En primer lugar, declaró que había dado permiso a Sebastián de Isasi -esposo de una prima suya- para que construyera una casa nueva en una heredad perteneciente a su Casa de Ugartebechi y junto a ésta. Recordemos que esta casa la había dejado su abuelo a un hijo ilegítimo con la condición de que, en caso de fallecer o de no dejar herederos legítimos, pasara a manos de Bartolomé. Y así debió suceder. Como veremos, por entonces era un bien no vinculado, de libre disposición. Sebastián debía pagarle el valor de la heredad a tasación de Tomás de Garbiras, pero éste había fallecido y, aunque nombraron otros dos tasadores, aún no se había efectuado. Por lo tanto, Felipe dispuso que Sebastián le pagase el importe a su mujer o, en caso contrario, ésta se quedaría con la propiedad. Además, Sebastián le debía otras cantidades de dinero.

Segundo, la cuestión de la dote de su esposa aún no estaba resuelta del todo. Bernabé Antonio de Aldama había prometido donar 3.000 ducados de vellón a su hija María Francisca pero aquel falleció habiendo satisfecho 2.500. Por razón de la herencia materna, Felipe había iniciado un pleito contra su cuñado Juan José de Aldama pero la cosa no llegó a mayores y alcanzaron un acuerdo por el cual Lezama recibió arcas, hierros, escrituras de admunerías de ganados, heredades y montes, que junto a los mencionados 2.500 ducados ascendían a 8.000 o 9.000, una cantidad muy importante. En su testamento, Felipe quería que este tema quedase zanjado.

A pesar de estas diferencias con su familia política, Felipe nombró albacea a su cuñado Juan José junto a su hermano el sacerdote José Francisco de Lezama y el resto de curas de la parroquia. Finalmente, dio poder a su esposa para que, por medio de testamento u otra cualesquiera vía, distribuyera sus bienes entre los hijos según fuese su voluntad y nombrase heredero entre ellos. Era un poder sin limitación “atendiendo a su mucha Cristiandad y confiando cuidara de la heducazion y crianza” de los hijos y la nombró tutora y curadora de todos ellos y administradora y usufructuaria de todos los bienes.

Felipe abandonó este mundo de manera prematura nombrando sucesor del mayorazgo que había gozado y dando plenos poderes a su esposa para que administrase todos sus bienes hasta que llegase la hora de legarlos a la siguiente generación, de la manera que quisiera -a excepción de los bienes vinculados, que serían para Manuel, claro está-. No disponemos del testamento de María Francisca de Aldama Sobrado y, de hecho, no sabemos cuándo falleció. Pero lo relativo al legado de su difunto marido, o la mayor parte de él, lo dispuso mediante una escritura de fundación de mayorazgo que otorgó ante el escribano Domingo Martín de Oribe el 20 de diciembre de 1755. Por aquel entonces, era vecina de su localidad natal, el Valle de Oquendo, probablemente porque su hermano Francisco Antonio, heredero del mayorazgo de Izaga en aquel lugar, se había ido a América y a ella le había correspondido vía judicial la administración de ese patrimonio. María Francisca era la heredera de Francisco Antonio, de manera que dispuso que, si recaía en ella dicho mayorazgo, éste fuese para su hijo Manuel de Lezama. Y así ocurrió.

Para entonces, sus hijos José Ramón y Francisco Gerardo habían fallecido, de manera que le quedaban cinco vástagos. María Francisca había entrado como religiosa en el convento de Santa Clara de Orduña y ya le había pagado lo que Felipe había dispuesto. Además, Aldama estableció el pago anual de cien reales por el día de Todos los Santos de forma vitalicia. Por su parte, Juana Josefa se había casado con Francisco Antonio de Murga Arza y ya le había pagado toda la dote; Murga, perteneciente a una importante familia de Respaldiza, falleció tempranamente, de manera que Juana se casó en 1757 con José Ventura de Villodas Ibarrola, un personaje descollante en su época, como no podía ser menos dado el status socioeconómico de los Lezama.

El segundo hijo varón, Juan José, de veintiún años por entonces, “camina[ba] en los estudios a fin de lograr el estado sacerdotal a que se inclina” de manera que su madre dispuso que se le asistiera en todos los gastos necesarios hasta que se ordenara sacerdote. Pero, por si acaso cambiaba de voluntad y decidía no ordenarse, solo le pagarían ciento cincuenta pesos, que podían dárselos “si quisiera ir a yndias”. Sabemos que Juan José falleció en Okondo en 1791.

Lo curioso es que al tercer varón, Pedro Narciso, María Francisca le apartó con los escasos cien reales que le había legado su padre y con la simbólica cantidad de diez maravedís, una teja y un árbol. Por lo tanto, puede decirse que Pedro fue prácticamente desheredado por su madre. Sin embargo, no tenía más que dieciséis años, por lo que  quizá su madre previera darle mayores medios para su sustento más adelante. En cualquier caso, desconocemos qué fue de esta persona.

Pues bien, como decíamos, María Francisca fundó un nuevo mayorazgo en el que se incluyeron los siguientes bienes:

  • Unos molinos con sus pertenecidos en jurisdicción de Larrinbe que habían comprado a Antonio de Salazar y sus acreedores y que fabricaron “e hicieron fabricas de su planta” abriendo los calces y haciendo presa nueva, junto a una casa que tenían los molinos también de nueva planta. Los pertenecidos los habían comprado. Se trata de los molinos de Borinobarria, que aparecen con este nombre más adelante en la misma escritura.
  • Una casa en Larrinbe con todos sus pertenecidos “que está entre otras de Gregorio de Ugarte y Joseph de Orue pegante al camino real que se ba del campo de launco a el de la ermita de san mames”. Sería la casa de Izadar que se mencionaba en el testamento de Felipe y Casilda.
  • Unos molinos en Saratxo con su casa nueva, heredades, montes y demás, que había llevado como dote al matrimonio Josefa del Campo. Ésta, en su testamento, dejó poder a su marido para que dispusiera de sus bienes entre sus hijos, y Bartolomé en el suyo dio poder a su hermano Francisco de Lezama Eguiluz, Vicario de Ayala. Fue éste quien añadió estas propiedades al vínculo fundado por Felipe y Casilda. Por lo tanto, la agregación de estos bienes al mayorazgo que estaba fundando María Francisca era únicamente condicional: “si por no haber dejado dha Dª Josepha del Campo orden espresa de que se iziese dha agregacion y por esta razon faltase la fuerza de ella”. Es decir, por si la vinculación realizada por Francisco era impugnada por no haber sido expresamente dispuesta por Josefa; en ese caso, se añadirían estos molinos al nuevo vínculo. Estaban en el término de Abendui.
  • Unos molinos nuevos en Amurrio “llamados de querejeta que también fabricamos de nueba planta” durante su matrimonio, con las heredades de pan sembrar que habían comprado. De hecho, también compraron los sitios de dichos molinos, aunque no sabemos a quién. Tampoco queda claro si los nuevos molinos sustituyeron a otros viejos o fueron construidos totalmente de nueva planta. Lo que sí sabemos es que se trata de la casa de Querejeta, también conocida como molino Campo, que además aún luce el escudo de los Lezama en una de sus fachadas.
  • Una casa con sus pertenecidos “en donde llaman orbezar” (Oruezar) en Amurrio. Se dice que estaba cerca de la casa nueva de Cristóbal de Garbiras, marido de Asensia de Isasi, hija del ya mencionado Sebastián. “Por ser dha casa de orbezar antiquisima”, le correspondían los árboles antiguos y modernos sitos en el campo llamado Orbezar y el mismo campo, de manera que la casa nueva solo tendría su propio sitio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que se habla de la misma casa sobre la que se trataba en el testamento de Felipe, parece que esta casa ahora llamada de Oruezar es la misma que entonces figuraba como Ugartebechi.
  • La casa de Ugartebechi sita en el barrio de Ugarte con todos sus pertenecidos. No se dice más. Creemos que puede tratarse de la casa de Ugarte que Felipe y Casilda reservaron en su testamento para su hijo Domingo, sacerdote, que no fue vinculada. De esta manera, tendríamos dos casas nombradas Ugartebechi: una en Ugarte y otra en Orue.
  • La casería de Zaballa y su accesoria que habían comprado al convento de San Francisco de Orduña, y media casa aneja a la accesoria que la “ube comprado de rosa de lezama hija y heredera de D. Andres de Lezama”. Sabemos que, el año siguiente, Manuel y su esposa hipotecaron una “casa titulada de Zaualla”, lo cual no habrían podido hacer de haber estado vinculada. En la escritura de fundación, Aldama se reservó 3.000 ducados en dinero a recibir en el plazo de dos años, y en caso contrario se quedaría con la casería de Zaballa, su accesoria y pertenecidos por la cantidad en que se compró, y la parte que faltase a su elección. Pasado el plazo, María Francisca, que era vecina de Respaldiza -con su hija, a buen seguro-, demandó a su hijo por no haberle dado los 3.000 ducados.
  • Una sepultura en la primera hilera de la iglesia, al lado del evangelio, confinante con la de la casa de Intxaurdui y la de “la casa de sarin”.
  • Otra serie de bienes como unas heredades en Belandia, una heredad en Luyando cerca de la ferrería, diversos montes y muchos bienes muebles que se describen
  • Un número importante de censos, que son los siguientes: contra un vecino de Larrinbe, tres contra la casa de Urrutiko que estaba concursada, otros contra la casa de Latatu en Amurrio que era propia de Martín de Otaola, otro de la casa de Aldaiturriaga propia de Francisco de Aguirre, otro de la casería de José de Beraza, los de la “caseria de querejeta” propia de Matías de Orue, otro de las caserías de Oribay propias de Francisco de Sagarribay, otro de una casa de Manuel de Acha en Luyando, otro de la casa de José de Otaola en Olabezar, otro de la casería de Fabián de Mugaburu y otro que debía la casería de Intxaurdui que era propia de María de Sarachaga, vecina de Luyando

María Francisca llamó en primer lugar al mayorazgo a su hijo Manuel de Lezama, de manera que gozaría no solo del mayorazgo fundado por Felipe y Casilda sino también de este nuevo creado por su madre. Y, con el tiempo, recibiría también el mayorazgo de Izaga en Okondo, lo cual nos da idea de la magnitud de los bienes que quedaron bajo su poder. Manuel contrajo matrimonio solo ocho días después de que su madre otorgase la mencionada escritura, en la que aquel figura como capitán de las milicias de Cantabria. Su cónyuge fue Francisca Antonia de Amechazurra Berrio, al parecer nacida en la burgalesa localidad de Arza, si bien parece que sus padres, Domingo de Amechazurra Velasco y Francisca Antonia de Berrio Quincoces, se asentaron pronto en Orduña, de donde fue natural ella. De hecho, sabemos que Francisca Antonia fue tutoreada por su tío José Jorge de Berrio.

Manuel tenía veintiséis años por entonces, ya que había nacido en mayo de 1729. A diferencia de su padre, apenas tuvo protagonismo alguno en el desempeño de cargos públicos de Ayala, ya que solo nos consta que fue síndico procurador general en 1762, año en que acudió como tal a las Juntas alavesas, y también lo hizo en mayo de 1763. No ocupó más cargos en su vida (en Ayala, sí lo haría en Amurrio seguramente). Ingresó en 1769 en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País como socio de mérito y, al parecer, trató de establecer en Amurrio una fábrica de carruajes, lo que no se habría llegado a efectuar.

Es en un informe de la Bascongada donde encontramos una curiosa información remitida por Manuel, la cual merece la pena reproducir en estos tiempos actuales marcados por una pandemia. Corría el año 1771 y comentaba Manuel que se estaba ganando al cirujano local “leyendole sucesivamente quantos avisos en el asunto daban las Gacetas” y le tenía dispuesto a hacer experimentos relativos a la inoculación cuando se presentase la viruela. Y así ocurrió que un niño de diez años llamado Domingo Galindez presentó síntomas. El propio Lezama dice que “repetidas veces había yo alentado a mi muger (sin fruto) sobre que hiciesemos inocular los hijos” y uno de ellos, Joaquín, de diez años, “hallandose un día holgando con otros niños y niñas de su edad”, los animó a que subieran a ver al enfermo y hablando allí mismo de la inoculación dispuso el ánimo de una niña de nueve años a ser inoculada. Se trataba de Manuelita de Solar, que por lo que sabemos fue hija precisamente de un cirujano, ya fallecido para entonces.

Joaquín soltó una pequeña postilla que la niña tenía en la mano “y asomó alguna corta humedad de sangre aguada”, tomó materia de una viruela y la depositó bajo la postilla cerrándola con ella. A los siete días la muchacha ya tenía la enfermedad “pero con tal felicidad, que depuesta su malicia las experimentó de la mejor calidad que pueden desearse”. El propio Joaquín se inoculó a sí mismo después de herirse con una navaja en el índice de la mano siniestra. Y a partir de entonces la viruela no tuvo la virulencia que sufrió Galindez sino “una tan benigna como la que tuvieron los inoculados”, de manera que habiéndose contagiado gentes de todas las edades, solo murieron una niña de pecho y una chica de 18 años muy gruesa, que se sofocó. Dice Lezama que todos se fiaron de la benignidad de la epidemia y trataban de contagiarse comunicándose con los enfermos. Así lo habían hecho los seis hermanos de Joaquín que iban y venían a su cuarto para jugar con el, contrayendo el mal y pasándolo los seis juntos. Galindez heredaría en el futuro su caserío natal en el barrio Elexondo mientras que Solar falleció en 1782.

Manuel falleció el 18 de diciembre de 1777 con tan solo cuarenta y ocho años al igual que su abuelo. Esta tendencia a la muerte prematura se mantendrá en los siguientes poseedores de los mayorazgos de los Lezama. Su esposa es posible que falleciera en Gordejuela, quizá en 1794. Lo que sabemos es que, en los años ochenta, Francisca Antonia era vecina de Okondo cuando, como curadora de su hijo Serafín, residente en Madrid, pleiteó con su hijo mayor José María sobre la posesión del mayorazgo de Izaga. El heredero de los dos mayorazgos de Amurrio y alrededores fue dicho José María, que a diferencia de su padre fue escribano como sus ancestros y falleció en 1795 con tan solo treinta y siete años. No parece que las relaciones con su madre fueran buenas, ya que también pleiteó con ella en 1784-85 cuando exigió a José María el cumplimiento de dos escrituras que le obligaban al pago de 300 ducados anuales por alimentos. Éste alegaba que era una cantidad desproporcionada habida cuenta sus rentas y que había firmado las escrituras siendo menor de edad.

El testamento de Felipe de Lezama y Casilda de Sagarribay (1681): fundación de mayorazgo e ilegitimidad

 

 

 

Felipe de Lezama Eguiluz y Casilda de Sagarribay formaron uno de los matrimonios más pudientes y, podríamos decir, provechosos de la historia de Amurrio. Al fin y al cabo, fueron quienes pusieron los cimientos del mayorazgo de la familia Lezama, una de las más importantes de la localidad. Desde el siglo XVI hasta los últimos años del XIX, los Lezama fueron protagonistas de la vida pública amurrioarra y los mayores propietarios, además de desempeñar el oficio de escribanos durante generaciones. Su influjo sobre la localidad, así como su patrimonio, fue mucho mayor que el que tuvieron los propietarios del palacio Urrutia o la torre de Landako, quienes además no residieron en Amurrio. Por el contrario, los Lezama contaron con un extenso patrimonio y siempre vivieron en la localidad.

A pesar de todo, su historia ha sido siempre ignorada. Desgraciadamente, no solo no se conoce el paradero de la documentación interna de la familia, sino que tampoco disponemos de los protocolos notariales generados por ninguno de ellos, lo que es sin duda una verdadera lástima y una pérdida irreparable para el conocimiento de la historia de Amurrio y toda Ayala. Vaya desde aquí un llamamiento a la preservación, conservación y difusión de todo documento histórico que haya permanecido acumulando polvo en armarios y desvanes.

Por todo ello, no se ha hablado lo suficiente sobre esta familia y el conocimiento sobre ella es insuficiente. Por fortuna, una copia de este testamento se ha preservado en el expediente de acceso a la Orden de Santiago de Felipe de Isasi Lezama.

La importancia de este testamento, que en muchos aspectos es completamente rutinario, radica en que consiste en el documento fundacional del mayorazgo de los Lezama. O, al menos, uno de ellos, porque ocasión habrá de hablar de otros mayorazgos que también fundaron. Pero sí recoge aspectos curiosos a los que haremos mención, referentes a las relaciones extramatrimoniales.

 

Sobre el origen de la familia Lezama de Amurrio ya tratamos en esta entrada. No vamos a repetir lo allí dicho, si bien merece la pena recordar que llevaron el apellido compuesto “Lezama Eguiluz” porque descendían de la casa de Egiluz.

Bartolomé de Lezama fue el primer escribano de la familia y, fruto de su matrimonio con Marina de Ugarte Mariaca, el 4 de mayo de 1614 fue bautizado en la parroquia de Amurrio su hijo Felipe de Lezama Eguiluz. Éste se casó el 17 de junio de 1640 con Casilda de Sagarribay Arechederra, que era cuatro años mayor que su marido, ya que fue bautizada el 19 de septiembre de 1610. Como ya vimos en aquel artículo, en 1662 Felipe tuvo un conflicto con Diego de Sarachaga, que, entre otras cosas, le acusó de construir torrejones y casas nuevas con lo que robaba. Felipe era escribano, ocupó diversos cargos públicos en la Tierra de Ayala, incluido el de síndico procurador general, y fue representante de ella en las Juntas alavesas en un par de ocasiones. Era, sin duda, uno de los vecinos más importantes de Amurrio y de toda Ayala.

Procedentes ambos de familias notables en la sociedad local, formaron un matrimonio duradero que terminó por unir los bienes que Felipe había heredado de sus padres con los de la familia Sagarribay, ya que Casilda quedó como heredera tras la muerte sin hijos de su hermana mayor. Además, sus recursos económicos les permitió construir y adquirir nuevas propiedades. Si estos recursos tenían una procedencia ilícita, tal y como denunciaba Diego de Sarachaga, es algo que no podemos afirmar. Aunque sí es cierto que, en 1643, Felipe fue acusado de tener mesón y taberna pública en su casa a pesar de que su condición de escribano lo impedía, así como de vender productos a precios excesivos y obligar a comprar en su local a los que pleiteaban ante él. No era una actitud exclusiva suya, ya que otros muchos escribanos de la zona fueron acusados de cometer estos y otros excesos, incluido su padre Bartolomé. Fue condenado a pagar ocho mil maravedís y desterrado a cinco leguas de Valladolid y de la Tierra de Ayala, aunque no sabemos si cumplió. Por otro lado, posteriormente se diría que Felipe fue persona de mucha inteligencia -entendida como conocimiento- y aficionado a las cosas antiguas. En definitiva, es uno de los representantes de las nuevas élites ayalesas de la segunda mitad del siglo XVII, que desplazan a las familias que habían “manejado el cotarro” durante el XVI y parte del XVII.

 

Felipe y Casilda formalizaron su testamento el 13 de diciembre de 1681 “estando como estamos ancianos y viejos en nra entera salud de nros juicios cuerpos y entendimientos” y es que tenían sesenta y siete y setenta y un años respectivamente. Llevaban cuarenta y un años casados. Como se señala en las primeras líneas del documento, otorgaron su testamento “por quanto entre nosotros de mucho tiempo a esta parte esta tratado y comunicado de que haiamos de hacer y otorgar nro testamento y dispusicion conjunta y en uno, y conforme a nra voluntad que la tenemos concorde”. Todo lo que dispusieran no podría ser revocado, alterado ni cambiado por ninguno de ellos de forma individual, solo por su voluntad conjunta. En aquel entonces, Felipe y Casilda tenían seis hijos vivos, entre otros que habían fallecido. Eran Francisco (1642), María Jacinta (1644), Felipe (1648), Domingo (1649), Ana María (1650) y Bartolomé (1658).

 

Como es habitual, el testamento se ocupa en primer lugar de las voluntades y disposiciones de los testadores en lo que respecta a sus funerales y honras por su alma. Felipe y Casilda dispusieron que sus cadáveres fueran enterrados con el hábito de San Francisco en la parroquia de Amurrio y en las sepulturas “que tenemos en la primera y segunda Ylera donde nros herederos y cabezaleros quisieren”. El día de sus entierros debían celebrarse las correspondientes misas de réquiem cantadas y posteriormente las funciones de novena, novenario y cabo de año con los sacerdotes que reunieran los cabezaleros o testamentarios -albaceas-, sin olvidar la “oblada y candela” por un año entero. Durante este periodo, debían hacerse también, para cada uno de ellos, tres misas de los doce apóstoles y cien misas rezadas, para las cuales suplicaban al Cabildo Eclesiástico que fueran a la mayor brevedad posible, con posibilidad de que se dijeran en los conventos de San Francisco de Orduña o Bilbao si estaban muy ocupados. El testamento deja muy claro que las honras deben ser en igual grado y coste para cada uno de los cónyuges.

Por otra parte, mandaron sendas arrobas de aceite a la lumbraria del Santísimo Sacramento y sendas libras de aceite a las ermitas sufraganas, y otras sendas libras para San Pedro de Mariaca, San Miguel de Echagoian y Santa Cruz de Gurubio [sic]. Para finalizar con las funciones religiosas, dispusieron que se dijeran otras cien misas rezadas, por el Cabildo o en cualquiera de los dos conventos mencionados, por las ánimas del Purgatorio “por ciertos cargos que tenemos”. No sabemos cuáles podrían ser estos cargos.

El pago de las limosnas, misas y funciones correría de sus propios bienes con una salvedad: el cumplimiento de las funciones del primero de los cónyuges en morir sería sufragado por su hijo Felipe de Lezama Eguiluz “porque assi lo reservamos al tpo y quando caso con dª Maria Asencia de Villachica y Allende su mujer y nra nuera, que le elijimos y nombramos por sucesor deel Vinculo y maiorazgo de las Casas de Sagarribay y ruedas de rotabarria”. Efectivamente, y como hemos dicho, Casilda había quedado como heredera de su casa natal de Sagarribai y del molino de Errotabarria tras la muerte de su hermana mayor sin dejar descendencia. Con estos bienes, formaron un mayorazgo que legaron a su hijo Felipe cuando, en 1678, se casó con María Asensia de Villachica Allende, que a su vez heredó la casa y ferrería de Zabalibar. Felipe, que había estado en Sevilla de joven, era escribano y para entonces ya había sido alcalde ordinario y síndico procurador, pero no pudo gozar mucho tiempo de este sustancioso patrimonio porque falleció prematuramente en 1691. Con el tiempo, su mayorazgo paró en manos de su nieto Diego de Landa. Tiempo habrá en otra ocasión de hablar de los Landa, la otra gran familia amurrioarra durante el Antiguo Régimen, tan olvidada o incluso más que ésta de los Lezama.

Como decíamos, los testadores se remitieron a lo ya dispuesto en la escritura matrimonial realizada para el enlace entre Felipe y María Asensia porque “tenemos mucha confianza en el dho nro hijo que cumplirá en todo y por todo”. Ya de paso, legaron a Felipe una cama nueva dos veces vestida con lienzo de la tierra y una cuja –armadura de la cama- de madera que “trajimos de Cassa de fernando de Velazco después de su muerte” y un bufete –escritorio- torneado con sus hierros. En realidad, estos bienes ya se los habían entregado cuando fueron a vivir “a sus Cassas de Zabalibar”. Con esto, y con la bendición de Dios y la suya propia, le apartaron de todo derecho a sus bienes “conforme a los asientos y ordenanzas que esta dha tra tiene usados y guardados”.

 

Continuamos con las mandas realizadas por el matrimonio al resto de sus hijos. Su hija Ana María, a pesar de contar apenas treinta y un años, ya había enviudado del escribano Antonio de Uriarte Echeguren, con quien se había casado con tan solo dieciocho. Por supuesto, en su momento le habían dado dinero, ropa y otros efectos como dote, de manera que le mandaron 200 reales de vellón para que rogase a Dios por sus almas, y con eso, con sus bendiciones y con una teja y un ciruelo, la apartaron a todos sus bienes.

Exactamente la misma cantidad legaron a su otra hija, María Jacinta, que se había casado en 1673 con José de Gorbea Orueta, uno de las personalidades más importantes de la Tierra de Ayala en su época. Como se puede ver, Felipe y Casilda se aseguraron de casar muy bien a sus hijas.

De otro montante fueron las disposiciones relativas a su hijo mayor, el Licenciado Francisco de Lezama Eguiluz, cura y beneficiado de las iglesias unidas de Amurrio y Larrinbe, que había estudiado en Valladolid. Para empezar, Francisco recibió una cantidad de dinero muy superior a sus hermanas, 100 ducados, que equivalían a 1.100 reales. Sin embargo, no los recibiría hasta que uno de ellos falleciera, y en el plazo de dos años. Además, le legaron una cama de pluma vestida cuatro veces de lienzo de la tierra (undra, undrilla y sábana), la cual, de hecho, ya le habían dado cuando se independizó. Y es que Francisco vivía en una casa que había sido de Martín de Arana y Mari Cruz de Uriarte, que él mismo había comprado en público remate y después vendió a sus propios padres. Éstos se la cedieron para que viviera en ella durante el resto de su vida sin pagar renta alguna al que designarían como heredero, con la condición de que si pasaba a vivir a otra casa sería éste último quien la arrendaría y cobraría la renta, y no el dicho Francisco.

Clérigo era también Domingo de Lezama Eguiluz, presbítero beneficiado en las iglesias unidas de Amurrio y Larrinbe, a quien dejaron 100 ducados y una cama exactamente igual que a su hermano mayor. Y, como éste, el también gozaría de una casa para su habitación –pero solo una vez que murieran los padres-, concretamente la vivienda de la casa de Ugarte, que quizá fue de su abuela materna, de este apellido. Estaba sujeto a las mismas condiciones que Francisco, y posteriormente la casa sería para el heredero nombrado.

Nada se dice aún del benjamín de la familia, Bartolomé, mozo soltero de veintitrés años por aquel entonces. No es difícil deducir que habría de ser nombrado heredero del mayorazgo que iban a constituir Felipe y Casilda.

 

Pero ahora llegamos a la parte más pintoresca del testamento. Y es que uno tras otro se nombran nada menos que tres hijos que Felipe había tenido con otras mujeres…..¡en un testamento conjunto! Todo lo visto hasta ahora en el documento da la sensación de encontrarnos ante una familia bien avenida en la que existe una total confianza no solo entre cónyuges sino también con sus hijos. Aunque no es raro que personas de la talla social de Felipe tuvieran hijos ilegítimos, o hijos naturales (antes del matrimonio), sí nos llama la atención la aparente permisividad de Casilda ante las aventuras procreadoras de su marido. Incluso nos planteamos la hipótesis de que estas relaciones se hubieran producido solo una vez que Casilda dejó de ser fértil, ya que tuvo a su último hijo a los cuarenta y ocho años. Al fin y al cabo, el incremento de la prole y la extensión del linaje eran unos valores profundamente arraigados en la sociedad de la época y más aún en las élites. Sin embargo, una de las hijas naturales de Felipe nació apenas dos meses antes que Bartolomé, y puede que no fuese la primera.

Veamos hasta qué punto los hijos ilegítimos, pero reconocidos, de Felipe eran importantes para éste. Se comenta en el testamento que concurso de acreedores a las casas de Ugartebechi en Amurrio e Yçadar en Larrinbe, que fueron de Casilda de Uriarte, viuda de Martín López de Inoso. Felipe de Orue las compró en público remate y éste las vendió a Felipe de Lezama por la misma cantidad. Pues bien, era su voluntad que la casa de Ugartebechi fuese para Juan Félix de Lezama Eguiluz, “hijo de mi el dho Phelipe de Lezama y de la dha Casilda de Uriarte” y residente por entonces en Toledo, cuando alcanzase los veinticinco años de edad. Se dice expresamente que a Juan Félix  “le hemos criado en nra Cassa y enseñado ler y escribir”; parece que fue criado en casa como un hijo más del matrimonio. Al parecer, falleció en agosto de 1682 en Amurrio. El testamento disponía que si Juan Félix fallecía sin dejar hijos legítimos, la casa sería para el heredero del mayorazgo, es decir, para Bartolomé. Por otra parte, no hemos encontrado su partida de nacimiento pero si hemos localizado a dos hijos de Casilda de Uriarte cuyo padre no consta, llamados Diego y Ventura, y bautizados en Lezama y Larrinbe en 1667 y 1670 respectivamente.

Pero hay dos hijos más. A Isidora de Lezama Eguiluz, hija de Felipe y Magdalena de Zarate “viuda en el Varrio de Onsoño”, por los servicios que “nos ha hecho en nra cassa”, le mandaron cincuenta ducados de vellón a entregar cuando tuviera veinticinco años o antes si tomase estado de matrimonio. Isidora nació, como hemos dicho, dos meses antes que Bartolomé, y en su partida de bautismo figura como padre el propio Felipe, como hija reconocida que fue. Puede que no fuese criada en casa del padre pero sí parece que fue tomada como sirvienta tal y como solían ser acogidos, por ejemplo, los sobrinos y sobrinas. Sabemos que falleció en 1698. Por último, menos datos tenemos del tercer hijo, Juan Antonio de Lezama Eguiluz, a quien tuvo con Casilda de Respaldiza, vecina de Olabezar, y a quien legaron 30 ducados.

Hay que señalar que uno de los hijos de Felipe continuó por esta misma senda de promiscuidad. No fue otro sino Domingo, cuya condición de sacerdote y beneficiado de la parroquia no fue obstáculo para que engendrara, al menos que nosotros sepamos, cinco hijos con cuatro mujeres distintas, todos ellos reconocidos en el momento del bautismo. Y parecido camino tomó un nieto de Felipe, Andrés de Lezama Villachica, un problemático y díscolo personaje vinculado al mundo ferrón que tuvo varios hijos sin que nunca llegara a casarse. Y todo ello a vista de sus convecinos, que quizá por su categoría social no parece que se escandalizaran en demasía por este heterodoxo comportamiento sexual. No es este el momento para analizar el comportamiento sexual de las sociedades del Antiguo Régimen pero habría que decir que lo comentado tampoco es excepcional, ya que las relaciones extramatrimoniales así como el amancebamiento de sacerdotes se toleraba siempre y cuando no causasen escándalo en la comunidad local.

 

Y llegamos ya a la fundación del mayorazgo, la disposición más importante del testamento: “por quanto nra intención ha sido y es por entender que assi es mas conveniente al serbicio de Dios nro Señor y de los Señores Reyes de la Corona de Castilla y de estos reynos y al Vien y buena memoria nra y de nras Casas y para q nuestros sucesores vivan mejor y se empleen y occupen en serbir a la divina Magestad y a la humana y sustenten con toda decencia sus personas, onras y familias, hacer vinculo y maiorazgo” de una serie de bienes de su propiedad para que en todo tiempo del mundo fuesen indivisibles y estuvieran siempre en las manos de un mismo y único dueño, sin que se pudieran vender, trocar, enajenar, cambiar, censuar, obligar ni sujetarlos a cosa por contrato ni por delito. No es casualidad el orden en que se nombran las diversas instancias: Dios, los Reyes, las Casas y sucesores. En esto subyace todo un sistema ideológico vigente a lo largo del Antiguo Régimen que merece la pena ser destacado, aunque no es esta ocasión para entrar en ello.

Ya hemos visto antes que Felipe heredó un mayorazgo, pero éste, que sería para su hermano menor Bartolomé, contaba con mayor número de propiedades y conformaría la parte principal de las posesiones de las siguientes generaciones de los Lezama de Amurrio. ¿Cuáles son estos bienes?

  • La torre y casas de Uriarte. Se trata de un conjunto de tres unidades domésticas que se encontrarían, según deducimos de otros documentos, en el emplazamiento del actual Palacio de Justicia. Primero, estaba “la Torre y cassa q esta en este Varrio de Uriarte que durante nro matrimonio la hicimos nueba”, lo que explicaría la acusación de Sarachaga en 1662 de que Felipe construía torrejones. Segundo, “la Cassa donde al presente vivimos q esta pegante a la dha torre y de la casa de Ynchaurdui”, la más septentrional y junto a la dicha casa de Intxaurdui. Tercero, “otra casa que esta pegante assi vien al otro lado de la dha torre que solia ser de Martin de Arana y Mari Cruz de Uriarte su mujer que la compramos”, de la cual ya hemos hablado. Por lo tanto, la torre se levantaba entre las dos casas, todo ello unido o casi unido. Se incluían todas las heredades, manzanales, viñas, parrales, huertas, cabaña, quintanales con sus cercados de paredes enfrente, al lado y alrededor y demás heredades, manzanales, robledales, etc. Desconocemos el origen de la segunda casa de Uriarte, pero nuestra hipótesis por el momento es que la heredase Casilda de algún familiar, ya que en 1614 era de un tal Francisco de Sagarribay.

 

Lezama
Mapa del entorno de la iglesia de Amurrio (Itinerario topográfico de Pancorbo a Bilbao por Orduña. Año 1852) Por el centro, atraviesa la carretera. A su izquierda, puede observarse el palacio Urrutia y la plazoleta frente a él; al norte se alinean tres edificios, que serían las casas de Uriarte y la de Intxaurdui. 

 

 

  • Una casa en Elejondo que habían comprado a Domingo de Isasi de Pardio, “que esta en la ondonada de el cercado de la Viña que esta enfrente de las dhas nras torre y casas” con sus pertenecidos. Por lo tanto, estaba cerca de Uriarte pero no sabemos más.
  • Dos casas con una cabaña en medio en el barrio Landaburu con sus huertas, manzanales y heredades detrás y al lado, y robledales, castañales y quintanales. Desconocemos su ubicación más allá de la genérica situación en el citado barrio y tampoco sabemos cómo accedieron a su propiedad.
  • La casa de Menditu con todos sus pertenecidos. Se encontraba próxima a la actual intersección de calle Iturralde con la Avenida Ayala, desaparecida en el siglo XX. El abuelo de Felipe la compró hacia 1592 y parece que su padre Bartolomé vivió en ella, por lo que es posible que nuestro Felipe naciera en esa misma casa. Sabemos que, en la siguiente centuria, era mesón y taberna, como lo sería cuando Felipe fue acusado en 1643, como ya hemos visto.

 

Amurrio
Mapa de Amurrio (IGN, año 1928). Como se puede ver, se daba el nombre de “Calle de Menduto” a la que iba más o menos por el actual paseo del parque

 

  • Dos sepulturas dentro de la iglesia. Una estaba en la segunda hilera al lado de la epístola, pegante a la de Domingo de Arana de Pardio por un lado y por el otro con el andén y paso por el que se va por medio de la iglesia. La otra estaba al lado del evangelio, en la segunda hilera, pegante a la de Gabriel de Orue y por el otro lado con el dicho andén. Puede que sea un error porque ya hemos visto que el matrimonio decía tener dos sepulturas, una en la primera hilera y otra en la segunda.
  • Una “porcion y pico” en el molino de Orue que está en el arroyo que baja de Mariaka y más arriba de la casa de Ugartebechi (que era un caserío del barrio Orue, a pesar de su nombre)

 

Como decíamos, Bartolomé de Lezama Eguiluz fue llamado al mayorazgo en primer lugar para que fuese suyo, de su futura mujer legítima y luego de sus hijos y descendientes legítimos siendo siempre uno o una el sucesor o sucesora. El matrimonio se ocupó de fijar los mecanismos sucesorios por los que habrían de regirse el mayorazgo. De esta manera, sería un mayorazgo electivo, es decir, el poseedor tenía potestad para elegir a su heredero entre todos sus hijos varones legítimos; solo a falta de varones podría hacer elección entre sus hijas hembras. Así, si solo tuviera un hijo varón, este sería nombrado sucesor automáticamente. Pero había que prever todas las eventualidades: si el poseedor no hacía la elección, el hijo mayor sería el sucesor, o la hija mayor si no hubiera varón. En caso de no haber herederos legítimos, el poseedor debería elegir entre los transversales más cercanos de un grado. Pero, para el caso concreto de Bartolomé, los testadores ya preveían cualquier eventualidad y se guardaron el derecho de hacer un nuevo nombramiento si Bartolomé fallecía o por alguna circunstancia mudaban de opinión. En caso de que Bartolomé falleciera sin hijos legítimos, el mayorazgo pasaría a su hermano Felipe y sus hijos, y a falta de éstos, a María Jacinta y, en último lugar, a Ana María.

 

Felipe y Casilda, además de los bienes ya mencionados, tenían “otros como son caserías y muebles q hai en ellas” así como los bienes muebles de las casas vinculadas (cajas, arcas, trojes, cubas, escabeles, escritorios, camas, escrituras, etc), todo lo cual se reservaron para su libre disposición el resto de sus vidas. Se dieron libertad mutua para elegir heredero y excluir a quien quisieran, pero en caso de no redactar otro testamento, todos estos bienes serían también para Bartolomé. Entre esas caserías no vinculadas, deben encontrarse las de Ugartebechi e Izadar ya citadas, la de Ugarte que aprovecharía su hijo Domingo, pero quizá también aquellas casas de Landa y Susoco que se mencionaban en 1662.

Finalmente, nombraron por testamentarios y cabezaleros a sus hijos Francisco y Domingo y al cura que fuese de la iglesia. El testamento lo redactó Francisco y se firmó en “esta nra cassa de Uriarte en q al presente vivimos” antes de sellarlo e insertarlo en un sobre para entregarlo al escribano Diego de Landa Ugarte ante siete testigos. La orden era no abrirlo hasta el fallecimiento de uno de los cónyuges. Ambos abandonaron este mundo poco más de un año después: Felipe murió el 14 de enero de 1683 y Casilda el 27 de marzo.

Es de suponer por tanto que el mayorazgo no se materializó en la persona de Bartolomé hasta el fallecimiento de sus padres, de manera que se casó el 10 de abril de 1684 con Josefa de Campo Uriondo, natural de Maroño. Bartolomé fue escribano, ocupó cargos públicos en Ayala en muchas ocasiones, sobre todo el de alcalde ordinario, oficio que de hecho desempeñaba el 21 de enero 1706 cuando le sobrevino la muerte a los cuarenta y siete años de edad.

 

Pero sobre Bartolomé y sus descendientes, y sobre el futuro del mayorazgo de los de Lezama, hablaremos en una próxima entrada.

Lezama en la II República: política y elecciones

 

 

El Ayuntamiento de Lezama (integrado por Astobiza, Baranbio, Larrinbe, Lezama, Lekamaña y Saratxo) tenía 1444 habitantes de hecho y 1564 de derecho según el censo de 1930. Era por entonces un municipio fundamentalmente rural donde la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, que combinaban con el mantenimiento de una pequeña cabaña ganadera. Así, aproximadamente la mitad de los cabezas de familia eran labradores propietarios. La actividad minera en el coto de San Antón se mantenía a duras penas, y había un número importante de personas que trabajaban en actividades vinculadas al ferrocarril. Para los jóvenes, la apertura de algunas fábricas en Amurrio representó una nueva oportunidad, pero la mayoría de la población se dedicaba al sector primario como hemos dicho.

El 29 de octubre de 1841 el regente Espartero promulgó un decreto por el cual los ayuntamientos de las provincias vascas debían organizarse con arreglo a las leyes constitucionales. Como consecuencia, la Tierra de Ayala se descompuso en varios ayuntamientos. La cuadrilla de Lezama emprendió el camino hacia su municipalización, si bien finalmente Etxegoien e Izoria se desgajaron de ella para pasar al municipio de Ayala, de manera que el Ayuntamiento de Lezama fue constituido por las seis localidades mencionadas. El primer Ayuntamiento Constitucional se constituyó el 19 de diciembre: Dámaso de Arana alcalde, José Balza de Berganza primer regidor, Vicente de Aldama segundo regidor, Benito de Ibarra tercer regidor, Julián Díaz de Olarte cuarto regidor y José de Oquendo síndico procurador general.

A lo largo de la Restauración, Lezama estuvo políticamente controlada por la Casa Urquijo, que se definía como independiente, aunque casi siempre en posiciones liberales y en franca oposición al carlismo. Por aquel entonces, Amurrio fue un distrito electoral en el que se elegía un diputado a Cortes; a lo largo de todo el periodo, resultó elegido el candidato urquijista, habitualmente sin competencia. Una excepción puede ser la elección de 1916, cuando Luis Urquijo superó en Lezama al carlista Antonio Garay por solo doce votos. En las elecciones a Cortes de 1919 Urquijo, en unión con los conservadores y tradicionalistas, ganó ampliamente al otro candidato, el nacionalista Esteban Isusi. Pero es significativo que, en una fecha tan temprana, el candidato del PNV recibiera 59 votos en este municipio, teniendo en cuenta que la implantación del nacionalismo en Álava no conoció avances destacables hasta los años treinta.

El golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 dio la puntilla al sistema de la Restauración. En este periodo, los alcaldes de Lezama fueron Jacinto Ugarte (1923, en sustitución del anterior, Casimiro Arbaizagoitia), José María Aguirre (1923-1928) e Isidoro Gutiérrez (1928-1930), que fue sustituido por Alejandro Aldama en el periodo transicional que siguió. Por otro lado, tras la caída del gobierno de Dámaso Berenguer el 12 de febrero de 1931, el rey Alfonso XIII ofreció el gobierno al almirante Aznar y se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril, unas elecciones que fueron planeadas como un plebiscito: monarquía o república.

Sin embargo, en Álava aproximadamente la mitad de los concejales fueron elegidos por el artículo 29, sin lucha electoral por no presentarse un número de candidatos superior al de concejales a elegir. Además, la mayoría de las candidaturas fueron apolíticas. El 5 de abril la Junta Municipal del Censo Electoral aprobó cuatro candidaturas propuestas por exconcejales para el Distrito de Baranbio (en el que votaban Baranbio, Astobiza y Larrinbe): las de José Isasi Esnal, Hilario Aldecoa Lejarza, Manuel Guinea Uzabal y Víctor Aldama Ugarte. Los cuatro fueron proclamados concejales en función del artículo 29, de manera que no hubo elecciones en esta sección el 12 de abril. El día 10 el periódico Heraldo Alavés se congratulaba por la elección de cuatro monárquicos aunque realmente Isasi y Aldama eran nacionalistas, o al menos así se significaron posteriormente.

El 12 sí hubo elecciones en la Sección de Lezama, donde votaban los de este pueblo, Lekamaña y Saratxo, y eran elegidos cinco concejales. Pero el interés no fue muy grande: solo 58 de 175 electores ejerció su derecho al voto. En general, en toda la provincia hubo un escaso interés por estas elecciones. Los resultados fueron los siguientes:

            -Nicanor Guinea Uzabal: 26 votos

-Elías Gutiérrez Arechavala: 25

-Isidoro Gutiérrez Martín: 25

-Silvestre Bordagaray Goicolea: 23

-Julián Aguirre Respaldiza: 18

-Alvaro Solachi Amirola: 15

-Cosme Ibarrola Padilla: 13

-Miguel Pinedo Urrutia: 3

-Benigno Menoyo Obaldia: 1

-Francisco Abasolo Aguirre: 1

-Francisco Mendivil Alava: 1

 

 

El día 21 se procedió a la constitución del nuevo ayuntamiento. Tomaron posesión los cuatro nombrados por artículo 29 en la Sección de Baranbio y los cinco más votados en Lezama. Sin embargo, Isidoro Gutiérrez renunció a su puesto y lo cedió al siguiente más votado de la lista, Álvaro Solachi. El libro de actas no cita sus filiaciones políticas, pero sabemos que solo uno de los cinco elegidos en Lezama fue nacionalista, Bordagaray. El resto figuran como tradicionalistas. Posteriormente, se procedió a la elección de alcalde “metiendo cada concejal un papel en una urna”. El elegido fue Julián Aguirre, que era el más joven de todos, con cinco votos. El siguiente fue Silvestre Bordagaray con tres votos seguido de Nicanor Guinea con uno, a pesar de lo cual éste fue nombrado primer teniente y aquel segundo teniente.

Hay que tener en cuenta que la población no tenía una cultura democrática ni política por aquel momento. El carlismo, más que un partido, había sido un movimiento no muy organizado ni estructurado, mientras que el urquijismo imperante durante la larga Restauración tampoco contó con ningún tipo de organización ni rasgo propio de la política de masas. Nos faltan estudios que ayuden a comprender las redes del urquijismo; por ejemplo, una identificación de sus agentes e interventores en tiempo de elecciones que contribuya a definir la evolución política e ideológica de los hombres de este tiempo. Tampoco podemos decir gran cosa sobre los inicios del nacionalismo en esta comarca. Existe en esta cuestión un vacío historiográfico que llenar.

En cuanto a los concejales elegidos en 1931, Bordagaray y Azcaray, así como Isidoro Gutiérrez y el padre de Aldama, figuran como afiliados a la Unión Patriótica en 1924, pero hay que tener en cuenta que ello fue obligatorio para desempeñar cargos públicos durante la dictadura de Primo de Rivera. Siendo Gutiérrez alcalde, observamos que junto a el se encontraba un futuro nacionalista como Juan Isasi Esnal, Manuel Sojo (varios de cuyos hijos fueron milicianos) y tradicionalistas como José María Aramendi y José Aspiazu Guaresti.

 

El 8 de mayo de 1931 se promulgó un decreto que reformó la Ley Electoral de 1907, bajando la edad mínima para votar a los 23 años, suprimiendo el artículo 29 y posibilitando la elección de las mujeres, aunque aún no podían votar, ya que esa reforma se dejó pendiente para las Cortes que saldrían de las elecciones del 28 de junio.

En Vasconia, los comicios se plantearon como una lucha entre los defensores del Estatuto de Estella y el bloque republicano-socialista. Pero Álava fue una excepción, ya que los nacionalistas y los tradicionalistas fueron por separado tras una campaña en la que se dieron mucha cera. El 7 de junio se celebró un mitin nacionalista en Baranbio en el que hablaron Jesús María Leizaola y Esteban Isusi entre otros.

El día 21 la Junta Municipal del Censo nombró apoderados, que fueron José María Urquijo por José Luis Oriol (CT) en las dos secciones y Cosme Ibarrola por Félix Susaeta (Partido Republicano Radical Socialista, apoyado por PSOE, UGT y ANV). Llama la atención que los nacionalistas no presentaran ningún apoderado en un municipio donde, como veremos, resultaron ser la fuerza principal.

Las elecciones transcurrieron con normalidad y con una elevada participación, ya que no votar estaba castigado con un recargo del 2% en la contribución y la publicación del nombre en el Boletín Oficial de Álava, como efectivamente se hizo. La mesa de la Sección Primera estuvo en la escuela de ambos sexos de Lezama y hubo tres interventores: Felipe Guinea por la CT, Eusebio Ugarte por el PNV y Antonio Muguruza por el bloque republicano-socialista. Con una participación del 88,27% los resultados fueron los siguientes:

            -José Luis Oriol (CT): 71 (41%)

-Pantaleón Ramírez de Olano (PNV): 57 (32,95%)

-Félix Susaeta (PRRS): 42 (24,28%)

-Blanco: 3

 

La Sección Segunda estuvo constituida en la escuela de niños de Baranbio y figuran otros tres interventores: Víctor Usategui, Eugenio Garay y Samuel López, seguramente por el PNV, la CT y el bloque republicano-socialista respectivamente. Con una participación del 89,2% los resultados fueron los siguientes:

            -José Luis Oriol (CT): 52 (31,5%)

-Pantaleón Ramírez de Olano (PNV): 95 (57,58%)

-Félix Susaeta (PRRS): 16 (9,7%)

-Blanco: 2

 

Por lo tanto, con una participación del 88,7% en el total del municipio, el resultado global sería así:

            -José Luis Oriol (CT): 123 (36,39%)

-Pantaleón Ramírez de Olano (PNV): 152 (44,97%)

-Félix Susaeta (PRRS): 58 (17,16%)

-Blanco: 5

 

El PNV se alzó con la victoria en estas elecciones, como haría en todas las celebradas a lo largo de la II República. La hegemonía del PNV se sustentó en la Sección de Baranbio, mientras que las izquierdas tenían cierto peso en la Sección de Lezama, posiblemente por la mayor presencia de trabajadores del ferrocarril. Como veremos, la participación siempre fue más alta en Baranbio, que parece ser el lugar más politizado a lo largo de la República tanto en uno como en otro sentido. Así, Baranbio contó con un batzoki, presidido por Prudencio Aramendi, y un grupo de hilanderas. En 1933 había más de 50 afiliados al Partido en el municipio y ese mismo año se constituyó la Junta Municipal del PNV, de la que fue presidente el concejal Isasi, y cuyos promotores parecen haber sido los jóvenes de Lezama Juan Amirola y Juan José Aguirre, a la sazón hijo del mencionado José María y hermanastro del alcalde.

Por su parte, en estas elecciones de 1931 el voto tradicionalista no alcanzó el 40%. La Comunión Tradicionalista no estuvo organizada en Lezama ni tuvo un centro social oficial, tampoco tuvo muchos afiliados. Pero, con el tiempo, surgiría un grupo fuerte en torno a los Isasi de Baranbio: Juan José y, ya en 1936, su joven hijo José Ramón, que se hizo falangista. Debido al apoliticismo característico de las pasadas elecciones municipales, Lezama contó con un ayuntamiento de mayoría tradicionalista -no necesariamente carlista pero sí monárquico- aún siendo de mayoría nacionalista en términos de voto, lo que habría de generar contradicciones en su actuación durante la República sobre todo en lo que respecta a la cuestión del Estatuto.

No podemos pasar por alto a las izquierdas, que no tuvieron representación alguna en el consistorio a pesar de lograr casi el 25% de los sufragios en la Sección Primera. En las elecciones legislativas de 1933, Isidoro Gutiérrez fue apoderado del candidato del PRRS (que no recibió ningún voto, por cierto), por lo que quizá no sea erróneo pensar que, de no haber renunciado a su puesto, al menos habría habido un concejal afín al bloque republicano.

 

Paralelamente, el 31 de mayo el ayuntamiento en pleno decidió que el alcalde acudiera a la asamblea convocada para el 14 de junio en Pamplona para aprobar el Estatuto realizado por la Sociedad de Estudios Vascos, convocatoria apoyada por los ayuntamientos nacionalistas y derechistas. La asamblea finalmente se celebró en Estella y en ella 56 ayuntamientos alaveses, como Lezama, apoyaron el Estatuto. El 19 de julio el ayuntamiento se mostró conforme con el Estatuto de Estella “por encontrar en el condiciones más adecuadas al régimen que por tradición se observaba antiguamente en el País Vasco, dejando pendiente el alavés hasta ver lo que acuerda el Gobierno sobre el vasco”. Se refiere al Estatuto promovido por la Comisión Gestora de Álava -sustituta de la Diputación- para este territorio, que fue aprobado cuatro días después por 21 ayuntamientos alaveses, casi todos de mayoría republicana. En todo caso, la iniciativa no fue lejos ante la oposición de todos los ayuntamientos de mayoría tradicionalista y nacionalista.

Posteriormente, la iniciativa pasó a las Gestoras. El 31 de enero de 1932 se celebraron asambleas provinciales de ayuntamientos en las cuatro capitales y todas se mostraron a favor de un estatuto único para todo el país, y no uno por provincia. Lezama no acudió a esta asamblea, por motivos que desconocemos. El 19 de junio, en una asamblea celebrada en Pamplona, Lezama mostró su apoyo al Estatuto elaborado por el movimiento de alcaldes y las Comisiones Gestoras, al igual que hicieron todos los municipios de la Cuenca Cantábrica. Pero solo 109 de los 267 ayuntamientos navarros lo apoyaron, lo que paralizó el proyecto. En adelante, la CT se opondrá a un estatuto que integrara a las tres provincias vascas al considerar que Álava quedaría muy perjudicada frente a las dos provincias costeras y la conflictividad con el PNV fue in crescendo.

 

El 30 de diciembre de 1932 el Gobierno ordenó el cese de todos los concejales elegidos en abril de 1931 mediante el artículo 29. Así, el 29 de enero de 1933 los concejales Aldama, Isasi, Manuel Guinea y Aldecoa cesaron de su cargo. Las elecciones no se celebraron hasta el 23 de abril y solo tuvieron lugar en la Sección Segunda. Fueron las primeras elecciones en las que pudieron votar las mujeres y lo hicieron con una alta participación, ya que el 84,9% de los electores acudieron a las urnas en la escuela de niños de Baranbio. Los resultados fueron los siguientes:

            -Víctor Aldama Ugarte: 181 votos

-Ramón Azcaray Olabarria: 167

-José Isasi Esnal: 167

-Eustasio Abechuco Garro: 130

-Juan Román Gil: 130

-Manuel Guinea Uzabal: 116

-Miguel Abin Isasi: 1

 

Estas elecciones se caracterizaron por el mayor grado de politización de las candidaturas, como se puede observar en el hecho de que Azcaray e Isasi, del PNV, obtuvieron el mismo número de votos, como ocurrió con los tradicionalistas Abechuco y Román. Hay que notar que los votos que le faltaron a Guinea para igualar a los tradicionalistas son los mismos que destacan a Aldama de sus compañeros nacionalistas. En el acta de escrutinio no se indican las filiaciones de cada uno y no disponemos del acta de proclamación de candidatos. Manuel Guinea seguramente era monárquico indeterminado en 1931 pero no sabemos si después se acercó más al nacionalismo o al tradicionalismo. Puede que hubiera electores indecisos, situados en un punto entre el PNV y CT, que prefirieron dar su voto a Aldama teniendo en cuenta que, aunque afiliado al Partido, quizá era más moderado que los otros dos, ya que Isasi y Azcaray dimitieron tras el conflicto de los ayuntamientos de 1934, como veremos, y el no lo hizo.

El nuevo ayuntamiento se constituyó el 10 de mayo. Román y Abechuco lograron el mismo número de votos pero solo había lugar para uno, de manera que el primero cedió el puesto al segundo. Compuesto el ayuntamiento por los nacionalistas Silvestre Bordagaray (Lezama), José Isasi y Ramón Azcaray (Baranbio) y Víctor Aldama (Larrinbe) así como por los tradicionalistas Elías Gutiérrez (Saratxo), Eustasio Abechuco (Baranbio), Nicanor Guinea, Álvaro Solachi y Julián Aguirre (Lezama), resultó elegido alcalde éste último de nuevo. A pesar de que el PNV había logrado ganar un concejal en la Sección en la que era hegemónico, el consistorio continuó con mayoría tradicionalista.

En lo que respecta al Estatuto, se convocó una asamblea de ayuntamientos para el 6 de agosto en Vitoria para tratar sobre el que estaban elaborado los miembros de las Comisiones Gestoras. El 30 de julio el ayuntamiento de Lezama acordó no acudir a la asamblea, seguramente debido a la campaña que los tradicionalistas realizaron en su contra. En esta asamblea, se propuso la formación de una Comisión para llevar adelante la gestión del referéndum estatutario. El 26 de octubre la Junta Permanente de la Comunidad de Ayuntamientos Alaveses (CAA) envió un telegrama al presidente del gobierno pidiendo que hubiera interventores en nombre de los 57 ayuntamientos que la integraban. Sin embargo, siete alcaldes y todos los concejales nacionalistas, republicanos y católicos independientes de 21 ayuntamientos miembros de CAA transmitieron al gobierno que el telegrama era apócrifo. Aparecen concejales de Lezama entre los firmantes de este manifiesto, aunque aún no eran miembros de la CAA. Finalmente, los tradicionalistas pidieron el voto en contra o la abstención, mientras que el resto de formaciones pidieron el voto afirmativo.

El referéndum se celebró el día 5 de noviembre. En Lezama hubo una participación del 76,9%, apenas punto y medio por debajo de la que habría días después en las elecciones legislativas. De un total de 751 electores, votaron 577 y solo 8 lo hicieron en contra. Por lo tanto, en Lezama el estatuto recibió 569 votos positivos. Por comparar, en las legislativas posteriores la suma de votos nacionalistas e izquierdistas fue de 345, y la de tradicionalistas y nacionalistas de 534. Por lo tanto, en Lezama, y en toda la Cuenca Cantábrica, es obvio que la mayor parte de los tradicionalistas votaron en sentido afirmativo a pesar de la posición oficial de CT. Pocos días después, el 11 de noviembre –día de San Martín, patrón de Lezama- se celebró una Sesión Municipal Extraordinaria con la presencia de solo cuatro concejales (todos de fuera de Lezama, los nacionalistas Aldama, Isasi y Azcaray y el tradicionalista Abechuco) para nombrar un representante que acudiera a Gernika el día siguiente a entregar las actas del plebiscito, para lo que nombraron a Isasi.

No habían pasado ni dos meses desde que el municipio dio un sí rotundo a la aprobación del Estatuto cuando, en enero de 1934, los de Lezama formaron parte de los 42 alcaldes y 180 concejales –los tradicionalistas, claro está- que enviaron un escrito al Presidente de las Cortes declarando que se adherían al documento presentado por la Junta Permanente de la CAA oponiéndose al Estatuto. Claramente, la corporación no estaba acordando de acuerdo al sentir mayoritario de la población en este asunto.

 

Por su parte, las nuevas elecciones legislativas tuvieron lugar el 19 de noviembre de 1933. El día 12 fueron nombrados apoderados Juan José Isasi por Oriol, Isidoro Gutiérrez por el republicano Castresana (PRRS) y Jesús Echevarría por el nacionalista Francisco Javier de Landaburu. En la Sección Primera hubo nada menos que cinco interventores: el concejal Solachi y Pedro Alday lo fueron de Oriol, Eusebio Ugarte y Pantaleón Quintana lo fueron de Landaburu, y el obrero ferroviario Santiago Ibargüengoitia lo fue de Susaeta. En esta ocasión, la participación descendió al 71,36% y el PNV logró una gran victoria:

            -Landaburu: 149 (52,46%)

-Oriol: 96 (33,8%)

-Susaeta: 30 (10,56%)

-Amorós (PRR): 3

-Quintana (PCE): 2

-Nulos: 3

-Blanco: 1

 

La mesa de la Sección Segunda estuvo presidida por la maestra Julia Martínez Ormazabal y contó también con cinco interventores, aunque no se indica por quién lo fueron. Eran Juan Landaluce Cortazar, José María Aramendi, Pedro Aspe Echenagorria, José Isasi Esnal y José Luis Ugarte Ugarte. Podemos adivinar que Isasi lo fue del PNV, ya que era concejal por este partido, y Aspe lo sería de CT, pues consta que fue un destacado tradicionalista de la localidad. También Aramendi, que fue detenido por los republicanos por su filiación política. La participación fue notablemente más alta que en la otra sección, alcanzando el 86,12% del censo

            -Landaburu: 153 (50,33%)

-Oriol: 136 (44,74%)

-Susaeta: 13 (4,28%)

-Amorós: 1

-Blancos: 1

 

Por lo tanto, los resultados a nivel de municipio fueron los siguientes:

-Landaburu (PNV): 302 (51,36%)

-Oriol (CT): 232 (39,46%)

-Susaeta (Conjunción Republicano Socialista): 43 (7,3%)

 

El PNV logró un importante ascenso en la Sección de Lezama, de manera que reforzó su posición como fuerza hegemónica de la localidad a pesar de que en la Sección de Baranbio el tradicionalismo recortó distancias. Las izquierdas experimentaron un retroceso importante respecto a las elecciones de 1931, sumando menos sufragios que entonces a pesar de la duplicación del censo electoral con la obtención del derecho a voto por parte de las mujeres. En la Cuenca Cantábrica, CT superó por un centenar de votos al PNV. En el conjunto de Álava, los nacionalistas obtuvieron los mejores resultados de su historia hasta el momento, y a ello habría contribuído el resultado del referéndum celebrado unos pocos días antes, atrayendo a muchos no nacionalistas partidarios de la autonomía.

 

A raíz de la aprobación de un polémico Estatuto del Vino, en el verano de 1934 se activaron movimientos para la defensa del Concierto Económico. A pesar de que dos días antes el Gobierno declaró que el Estatuto no se aplicaría en las provincias vascas, el 5 de julio se celebró una asamblea de ayuntamientos en Bilbao a la que acudieron diecisiete consistorios alaveses, incluido Lezama. Se acordó crear una comisión que convocara la elección de la definitiva comisión de defensa del Concierto por los ayuntamientos. El alcalde de Vitoria invitó a todos los ayuntamientos alaveses a acudir a una reunión el 19 de julio para elegir la comisión, pero la CAA -controlada por Oriol, en la que Lezama había ingresado en marzo a pesar de la protesta de la minoría nacionalista del consistorio- instó a no acudir y solo lo hicieron catorce ayuntamientos, Lezama entre ellos, junto a Artziniega, Ayala o Laudio. Es decir, Lezama obedeció a la CAA en enero para mostrarse contrario al Estatuto pero no siguió sus dictados en esta ocasión. En esta reunión se decidió convocar para el 12 de agosto la elección en cada ayuntamiento, por parte de los concejales, de la Comisión definitiva. Pero los gobernadores civiles, con apoyo del ministro de la Gobernación, prohibieron las votaciones y anunciaron medidas represivas para quienes participaran en ellas. A pesar de ello, se celebró en bastantes municipios de Bizkaia y Gipuzkoa, no así en Álava, donde no se había convocado la elección. Aún así, en ocho ayuntamientos (Aramaio, Artziniega, Ayala, Laudio, Okondo, Oteo, Salvatierra y Zuya) votaron un total de 37 concejales, todos nacionalistas excepto uno. Como resultado, fueron detenidos todos los alcaldes que participaron en ella.

Las comisiones defensoras del Concierto Económico convocaron una asamblea de parlamentarios y representantes de los alcaldes en Zumarraga para el 2 de agosto. Fue prohibida por el gobierno y la policía trató de impedir sin éxito su celebración, aunque hubo detenciones y solo asistieron dos representantes alaveses, los de Salvatierra y Llodio. Como protesta, acordaron la dimisión de todos los ayuntamientos vascos: el 8 de septiembre el PSOE, PNV e Izquierda Republicana dieron orden de dimitir inmediatamente a sus concejales. En Álava, solo 63 concejales de 13 ayuntamientos lo hicieron. En Lezama, el 23 de septiembre José Isasi y Ramón Azcaray presentaron su dimisión. No sabemos por qué Aldama y Bordagaray no lo hicieron, si bien es cierto que el segundo apenas fue a las sesiones en adelante. Puede que fuera una decisión tomada en el seno de la Junta Municipal del PNV quizá con vistas a no dejar el ayuntamiento sin representación nacionalista. Isasi no fue readmitido hasta el 17 de mayo de 1936 tras solicitarlo varias veces, y también reaparece Azcaray, aunque no consta que pidiera su regresa ni su readmisión.

En julio de 1935 falleció el concejal Elías Gutiérrez. Esto habría igualado las fuerzas en el seno del ayuntamiento, pero la renuncia de dos concejales nacionalistas les seguía dejando en clara inferioridad. El 14 de noviembre de 1935 se celebró una asamblea de ayuntamientos alaveses al que acudieron 48 ayuntamientos con 2 adheridos con el objeto de realizar una Carta Foral de Álava. Lezama no envió representación.

 

Las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936 fueron una lucha cuadrangular en Álava entre CT, PNV, el Frente Popular y la CEDA, encabezados respectivamente por Oriol, Landaburu, Ramón Viguri y Luis Pérez Flórez-Estrada. La campaña electoral fue la más intensa de todas las celebradas anteriormente. La politización era elevada. El PNV fue prácticamente el único grupo político que presentó un programa con objetivos concretos y realizó una campaña moderada para atraer el voto de los católicos independientes, frente a una CT muy radicalizada y especialmente virulenta con el PNV. Ambos realizaron actos de campaña en Lezama. Por ejemplo, la CT realizó uno en la cabeza del municipio el 1 de febrero y otro el día 9 en Lezama y Baranbio.

El mismo día 9 se nombraron apoderados, que fueron José María Urquijo, alcalde de Llodio, por Oriol en las dos mesas, Miguel Aburuza Urruticoechea en Lezama y Ricardo Ugarte Lili en Baranbio por Landaburu, y Modesto Manuel Arana por Viguri solamente en la primera mesa. Por lo demás, la única documentación que disponemos son los resultados de la misma. En la primera mesa, con una participación del 73,06%, los resultados fueron:

            -Oriol: 120 (39,87%)

-Landaburu: 101 (33,55%)

-Viguri: 66 (21,93%)

-Pérez: 11 (3,65%)

-Blanco: 3

 

En la segunda Sección, con una participación nuevamente más elevada que en la anterior, del 82,5%, los resultados fueron:

            -Oriol: 125 (39,55%)

-Landaburu: 151 (47,78%)

-Viguri: 31 (9,8%)

-Pérez: 6

-Blancos: 3

 

Por lo tanto, los resultados globales quedaron de la siguiente manera:

-Oriol: 245 (39,7%)

-Landaburu: 252 (40,84%)

-Viguri: 97 (15,72%)

 

 

La participación fue similar a la de 1933 pero los resultados cambiaron sensiblemente. El candidato nacionalista perdió medio centenar de votos, casi todos en el distrito de Lezama, donde CT volvió a resultar vencedora. El Frente Popular obtuvo unos resultados que se acercaban a los que Susaeta logró en 1931 y la diferencia entre nacionalistas y tradicionalistas era mínima. En el conjunto de Álava, el PNV quedó muy por debajo de CT y con poca diferencia sobre la CEDA. Seguramente, los católicos independientes que habían votado al PNV en 1933 les retiraron el voto ahora ante la campaña derechista y la aparición de la CEDA, pero hay que advertir que en Lezama parte de esos votos perdidos también fueron para el FP.

Hubo una segunda vuelta de las elecciones que se celebraron el 1 de marzo. Por no reincidir demasiado en las mismas cuestiones, en Lezama la participación fue casi idéntica y la mayoría de la gente tendió a votar lo mismo. En la sección de Lezama bajó el voto tradicionalista y ascendió el izquierdista, mientras que en Baranbio Landaburu amplió su ventaja sobre Oriol. De esta manera, en el conjunto del municipio el PNV reforzó su primacía con un ligero ascenso de las izquierdas.

Finalmente, el 12 de mayo de 1936 se dio por válido el referéndum de 1933 y Álava quedó incluida dentro del Estatuto. A finales de junio, comenzó una campaña a nivel municipal por medio de telegramas que los ayuntamientos enviaron a las Cortes. Lezama fue uno de los quince ayuntamientos alaveses que también lo hicieron. Tras la vuelta de Isasi y Azcaray, ahora sí había igualdad en el ayuntamiento. Incluso podemos trazar la hipótesis de que alguno de ellos se hubiera acercado a posiciones nacionalistas, como es el caso de Nicanor Guinea, ya que sabemos que su establecimiento fue lugar de reunión de los nacionalistas y que fue multado con 100 pesetas por su actuación durante el “dominio rojo-separatista”.

 

La sublevación de 1936 supuso la interrupción de la política municipal. El alcalde Julián Aguirre Respaldiza fue detenido el 29 de agosto en Baranbio por tres jóvenes que, según su posterior declaración, se habían identificado como nacionalistas de Begoña. Fue trasladado en un coche al Cuartelillo de Bilbao y al día siguiente lo encarcelaron. Permaneció en el Altuna Mendi hasta que los sublevados entraron en Bilbao “padeciendo muchos sufrimientos y torturas”, en sus propias palabras.

Por el momento, el poder quedó en estos lugares en las Juntas de Defensa que se fueron formando tanto en Lezama como en Baranbio. Sabemos que los concejales Abechuco y Solachi fueron objeto de investigación por éstas pero no tenemos constancia de que fueran apresados. El exconcejal Aldecoa se integró muy pronto, ya en septiembre, en la columna Orozko-Baranbio, donde era acemilero en noviembre. Azcaray quedó como alcalde en funciones y, en diciembre de 1936, presidió como tal la constitución del nuevo ayuntamiento. El Director General de la Administración Local de Euzkadi nombró concejales a Félix Zulueta, Tomás Cuadra, Pedro Aldama, José Ortiz de Pinedo, Julián Echevarria, Benigno Menoyo y Miguel Aburuza, que fue elegido alcalde.

José Isasi Esnal fue condenado a reclusión perpetua como autor de un delito de auxilio a la rebelión por sentencia de 8 de septiembre de 1937 dictada en Santoña por el Consejo de Guerra Permanente nº 2 dándose como hechos probados que se enroló voluntariamente en las “milicias rojo-separatistas” actuando primero como Cabo y luego como Teniente, además de haber sido presidente de la Junta Municipal del PNV en su localidad. Fue condenado al pago de 5000 pesetas en Burgos el 22 de agosto de 1940. Había estado preso en El Dueso.

Ramón Azcaray fue sentenciado por la Autoridad Militar de Álava al pago de cinco mil pesetas y pena de destierro, que cumplió en Valladolid, y fue absuelto en Burgos el 27 de junio de 1940.

Víctor Aldama Ugarte estuvo preso en Carmona (Sevilla)

 

 

 

 

 

 

 

 

Guerra Civil

 

 

 

 

Ochenta años después, la Guerra Civil continúa siendo un tema de rabiosa actualidad, no ya porque suscita un gran interés en el público sino sobre todo por su presencia en la agenda política. A juzgar por las enconadas defensas y airadas reacciones de unos y otros ante determinadas manifestaciones y declaraciones, el tema no está en absoluto cerrado, al menos desde el punto de vista de la identificación personal con los implicados. Aún hoy los que se niegan a la apertura de fosas comunes para no “abrir heridas” son los mismos que al clamar contra la exhumación de Franco dejaron bien claro que la herida no está cerrada ni cicatrizada, ni mucho menos, y que de aquellos barros vienen estos lodos. No es desconocimiento y desinformación lo que alienta a aquellos sujetos que de tarde en tarde reciclan una vez más el argumentario completo que desplegó el franquismo para legitimarse responsabilizando así al socialismo, de entonces y de ahora, de haber provocado una Guerra (¡¡¡).

El franquismo se levantó sobre la derrota total y absoluta de la II República y la represión, defenestración, silenciamiento, satanización, criminalización, exilio y muerte de combatientes, políticos, funcionarios y simpatizantes de aquella. La II República fue el primer régimen plenamente democrático de la historia de España. En primer lugar, porque es imposible considerar plenamente democrático cualquier sistema que deje fuera a la mitad de la población: la República reconoció, por primera vez en la historia de España, el derecho a voto de las mujeres. Pero hay otros motivos, como la libre concurrencia política. Hay que tener en cuenta los precedentes: se venía de ese largo periodo conocido como la Restauración en el que dos grandes partidos de notables se alternaban en el poder de forma pactada mediante mecanismos como el caciquismo, el clientelismo y el fraude electoral, elementos que tan bien caracterizan el urquijismo imperante en el Alto Nervión en dicho periodo. El sistema de la Restauración apenas daba margen a los partidos políticos modernos de masas, de modo que la mayor parte de la población no tenía participación alguna en política. ¿En qué lugar deja a ciertos partidos políticos actuales que se dicen demócratas el hecho de que sistemáticamente ningunean y vilipendian el régimen republicano, a pesar de logros históricos tan importantes como éstos?

La democracia republicana fue vista por sus defensores como el medio para poner en marcha una serie de profundas reformas que llevarían a España a la modernidad de una vez por todas. Efectivamente, los primeros gobiernos de la República trataron de poner remedio a los grandes problemas del país, como el agrario, el militar o el analfabetismo. Su programa de modernización política, social, institucional y cultural, toda su actividad legislativa, tuvo sus aciertos y sus deficiencias, como se puede decir de cualquier otro gobierno. Sin embargo, la mayor parte de la derecha fue hostil a la República desde el principio. Sus reformas sociales, económicas, políticas, agrarias y militares suscitaron miedo en la aristocracia y la burguesía porque veían sus privilegios y su preminencia en riesgo. Por supuesto, la Iglesia también estaba en cuestión y se constituyó como el baluarte del tradicionalismo, el conservadurismo y de los enemigos de la República. Al final, la derecha terminó considerando el régimen como la antesala de una revolución de inspiración soviética, a pesar de que no existía –ni existe a día de hoy- ni el más leve indicio de que esto fuera posible ni viable.

La II República era un régimen legal e internacionalmente reconocido, de carácter progresista por el impulso de sus gobiernos de tendencia izquierdista (pero no conviene olvidar que, durante un periodo de dos años, fueron las derechas quienes gobernaron la República) pero ni mucho menos revolucionario. Es cierto que hubo un cierto grado de conflictividad pero tampoco se puede desligar a España de la inestabilidad europea de entreguerras y la crisis económica generalizada mientras ascendía el totalitarismo en gran parte del continente.

 

En las elecciones de febrero de 1936, la coalición de izquierdas llamada Frente Popular logró una amplia victoria sobre las derechas. Aunque la diferencia de votos fue ajustada, la desunión de las derechas favoreció al FP. Pero las elecciones dejaron patente la gran polarización política en un clima de tensión y violencia creciente por ambas partes, ya que la formación de milicias fue un fenómeno transversal.

Con demasiada (pero no casual) frecuencia, aún tenemos que leer en diferentes medios el argumento de que la sublevación militar del 18 de julio se produjo a raíz de esta victoria electoral del FP, que según esta versión de los hechos anunciaba la proximidad de la revolución marxista, de manera que los “españoles de bien” se vieron obligados a levantarse en armas para salvar al país de la interferencia de la garra soviética en suelo español. Ochenta años después, aún no hay evidencia empírica que demuestre de manera fehaciente que la URSS interviniera en absoluto en la política española antes de iniciarse la Guerra. Además, el comunista era un partido político minoritario y fue precisamente la situación de guerra la que alentó la revolución social y creó comunistas donde antes no los había. Por cierto, es lo mismo que ocurrió con Falange pero en el lado contrario: un partido minoritario, residual, que terminó por convertirse en el partido único del régimen en el contexto de la guerra.

Pero lo que sí sabemos y está documentalmente probado es que algunos monárquicos ya estaban conspirando contra la República el mismo día de su proclamación el 14 de abril de 1931, y no dejaron de hacerlo durante los siguientes cinco años. Monárquicos y carlistas, tanto civiles como militares, no dejaron nunca de maquinar en contra del régimen establecido tanto en el interior como en el exterior, estableciendo contactos con la Italia fascista, los cuales fraguaron en un pacto en 1935. De hecho, se contempló la posibilidad de poner en marcha la sublevación ya antes de las elecciones de 1936, si bien la gran mayoría de los conspiradores consideró que la situación, aún, no estaba madura.

Desde el mismo día en que fue proclamada la II República, uno de los principales activos de la conspiración fue José Calvo Sotelo, quien buscaba imponer un programa monárquico, de momento con un general al frente –consideraba que el exrey Alfonso XIII ya estaba suficientemente desacreditado y amortizado-. El líder de Renovación Española no se cortaba en sus intervenciones en el Congreso y en prensa con discursos realmente virulentos. La hemeroteca, así como muchos de los documentos privados de los conspiradores, demuestran que Calvo y los suyos querían abolir las elecciones, ilegalizar los partidos republicanos, obreros y “antinacionales”, y prohibir el socialismo por ley. Eran antidemocráticos, antiliberales, católicos a ultranza, enemigos acérrimos de la modernidad política.

Al final, en la sublevación de julio de 1936 confluyeron varias tramas conspirativas, ya que por ejemplo los carlistas y tradicionalistas habían maquinado en contra de la República también desde sus primeros días pero por su cuenta. Por su parte, los falangistas habían sido empleados más bien como pistoleros en los últimos meses. En definitiva, el golpe de Estado fue protagonizado por aquellos que, desde el principio, habían visto a la República como una amenaza para el catolicismo y para sus intereses económicos, sociales y políticos. Los monárquicos fueron los principales conspiradores, pero en la sublevación confluyeron también carlistas, falangistas, católicos y otros derechistas, por lo que ni mucho menos los sublevados conformaron un grupo homogéneo con la misma ideología e intereses. Exactamente igual que tampoco lo era el bando leal al gobierno republicano. Las etiquetas de “rojos” y “fascistas” se van generalizando con el curso de la guerra y responden a intereses presentistas de demonización y despersonalización del enemigo, pero no tiene ningún sentido emplearlas, ni siquiera en un ámbito divulgativo como éste, porque no reflejan ni de lejos la complejidad de la realidad.

 

El golpe de estado militar del 18 de julio de 1936 no fue secundado por la totalidad del ejército ni las autoridades civiles acataron sus disposiciones por doquier, de modo que no logró imponerse en todo el país, en gran medida gracias a la oposición activa de los partidos políticos y civiles adictos a la izquierda. Como el golpe no logró imponerse y el gobierno no tenía la fuerza suficiente para atajarlo por completo, la situación derivó en una guerra.

Hasta el 1 de abril de 1939 en España convivieron dos gobiernos: el republicano, que era el legítimamente elegido en las urnas, y el de los sublevados, con la única “legitimidad” de las armas. Por ello, hubieron de activar un discurso que les legitimase. Con este objetivo, echaron mano de una serie de argumentos, algunos de los cuales ya estaban en circulación desde años antes para crear un “estado de necesidad”, y que terminaron por convertirse en dogma durante el franquismo y, a día de hoy, son muchos los que, con plena intención o por total desconocimiento, aún los mantienen contra toda evidencia histórica. Estos mitos son los siguientes:

  • La II República como régimen ilegítimo y revolucionario
  • Proximidad de una inminente revolución en España auspiciada por la URSS
  • El régimen constituía una agresión a la Iglesia, el ejército y la clase propietaria
  • Política tendente a la destrucción de la unidad de la patria y encarnación de la República como la “Anti-España”
  • Incapacidad total del gobierno para mantener el orden público, por lo que España degeneraba en una total anarquía

 

En Álava, la sublevación triunfó sin mayores problemas debido al apoyo de las guarniciones militares al golpe, sí, pero indudablemente también por la adhesión de buena parte de la sociedad alavesa, de origen rural, conservadora y católica, de filiación carlista o cuanto menos tradicionalista. Así, la Comunión Tradicionalista era la principal fuerza política de la provincia y su máximo líder, José Luis Oriol, había estado decididamente comprometido con la sublevación hasta el punto de implicar su fortuna personal. En todo caso, Álava era un territorio donde la tranquilidad había sido la nota dominante, pero las noticias que llegaban de fuera –no siempre ciertas- así como las deficiencias de los gobiernos republicanos alimentaron los temores de los ciudadanos alaveses.

En el mundo rural alavés caló de manera especial el discurso tradicionalista que anunciaba la llegada de la revolución con el gobierno frentepopulista, y ello resultó fundamental a la hora de decantar las simpatías de sus habitantes. De hecho, requetés y otros voluntarios formaron milicias que apoyaron de manera importante la sublevación en Álava. Según destacan varios autores, las relaciones clientelares resultaron fundamentales a la hora de confeccionar estas milicias. Muchas personas se vieron arrastradas a la guerra simplemente por cuestiones geográficas, obligación o por lealtad personal hacia un líder, más que por activismo político o cuestiones ideológicas.

 

A pesar de la facilidad con la que el golpe de estado triunfó en la capital alavesa y, por extensión, en el resto de la provincia, en la Cuenca Cantábrica, sin embargo, el golpe de estado fracasó. Su situación geográfica, vinculada a Bilbao y su entorno más que a Vitoria y el resto de Álava, así como la actitud de las guarniciones de la Guardia Civil y la rápida respuesta de algunas autoridades y civiles son los factores fundamentales que explican el fracaso del golpe en esta comarca. Y probablemente también las debilidades del plan por medio del cual se debía consumar la sublevación.

Antes del fallido golpe de estado, la Comunión Tradicionalista era la principal fuerza política en el Alto Nervión. En las elecciones de febrero de 1936, CT obtuvo unos notables resultados, siendo la fuerza más votada en todos los municipios excepto en Amurrio y Lezama. Obtuvo más de la mitad de los sufragios en Laudio, Okondo, Ayala y Arrastaria, y poco le faltó en Artziniega. Orduña siempre fue un importante bastión carlista. Y su presencia era igualmente importante en los dos municipios que se erigen en excepción: en Lezama, la candidatura tradicionalista solo fue superada por el PNV, y lo mismo ocurrió en Amurrio, en este caso debido sobre todo al fraccionamiento del voto derechista entre CT y el católico Acción Popular, que sorprendentemente fue más votado que aquella a pesar de que en el resto de municipios apenas tuvo relevancia alguna.

La izquierda no tenía una presencia abrumadora en la comarca. La candidatura del Frente Popular obtuvo sus mejores resultados en Amurrio y Artziniega, con el 18% de los votos. Por lo tanto, la adscripción política de la comarca era mayoritariamente conservadora, si bien con un peso importante del nacionalismo vasco, que terminó por mantenerse leal a la República. El peso del tradicionalismo en el Alto Nervión era tal que, en 1935, el Requeté de Laudio, con 45 miembros, era el más numeroso de la provincia. El cabecilla carlista local era el profesor mercantil Eugenio Perea Urquijo. Se dice que, después del golpe, en el palacio del Marqués se encontró un listado con el nombre de doscientos requetés de la zona. El jefe de CT, José Luis Oriol, que tenía un chalet en el lugar en el que posteriormente se construiría el colegio de Izarra, compró un alijo de armas en Bélgica con el fin de armar a los requetés alaveses, que estuvieron entrenando en los meses previos a la sublevación. Para que quede claro, hablamos de personas comprometidas con una sublevación armada y violenta contra el gobierno legalmente constituido de la II República.

En cuanto se tuvo noticia de la ya esperada sublevación, los requetés fueron confluyendo en Vitoria, lugar desde el que partieron las órdenes a sus enlaces en otros puntos de la provincia para que hicieran lo mismo. Generalmente, estas personas fueron hijos de familias de clase media y alta que tenían relaciones clienterales y de patronazgo en sus lugares de origen. Este perfil se corresponde a la perfección con la del joven José Ramón Isasi Aldama, natural de Baranbio, cuyo padre Juan José, antiguo cabeza de Unión Patriótica y propagandista carlista, había fallecido en enero. Isasi, que era uno de los pocos individuos de la comarca y de toda la provincia que estaba afiliado a Falange, un partido muy pequeño antes de la guerra, tenía solamente 19 años, pero aún así logró organizar un grupo armado de unas treinta personas comprometidas con la sublevación. De hecho, las autoridades militares de Vitoria dejaron a Isasi como encargado de la sublevación en toda la Cuenca Cantábrica alavesa.

 

El día clave para la fallida sublevación en el Alto Nervión fue el domingo 19 de julio de 1936. Si hacemos caso a una denuncia posterior, que fue juzgada por el Tribunal Popular de Euzkadi, varios vecinos de la zona de Baranbio se reunieron en casa de Isasi donde Beatriz y Mercedes, hermanas de José Ramón, les habrían facilitado armas “con objeto de hacer frente a las milicias leales en el caso de que estos intentaran penetrar en dicha casa y poder participar en el alzamiento militar”. Se involucró a un tal Pepe, Severino Jauregui Larrazabal, Juan Mendieta Abin, Emilio Fernández Torre y Jesús y Dolores Iturbe Múgica, algunos de los cuales fueron acusados de esconder y transportar armas y defender la casa de Isasi a mano armada.

Como es lógico, existen dos versiones enfrentadas de lo que realmente ocurrió aquel fin de semana en Baranbio, la de los acusados y la de los acusadores. Los autos del Tribunal Popular de Euzkadi manifiestan que las dos hermanas Isasi, junto a otra hermana y un hermano, y sus dos sirvientes, Pepe y Severino, lograron pasarse al campo contrario. Sin embargo, otras personas, como la mujer de Severino, Dolores Iturbe, manifestaron que todos aquellos fueron detenidos al cabo de dos o tres días de “estallar el movimiento” para ser puestos en libertad tres o cuatro días después y huir a campo contrario. Según parece, realmente las hermanas Isasi fueron canjeadas por los dirigentes del PNV alavés Abaitua, Aguirre y Landaburu.

Según el testimonio del presidente de la Junta de Defensa de Baranbio, Julián Echevarria Larrazabal, el 19 de julio llegaron al pueblo procedentes de Vitoria varias parejas de la Guardia Civil y un oficial junto a varios falangistas, todos uniformados y armados, que se reunieron en casa de Isasi. Allí habrían estado Jesús Iturbe y Juan Mendieta, a quien habrían hallado oculto en la dicha casa al día siguiente. “De todo lo que hicieron, nada pudo ser por defender a la casa de Ysasi por que por entonces nada ocurría y los unicos que se movían en el pueblo heran ellos y lo hacían con total libertad”.

Los acusados negaron los hechos que se les imputaban. Por ejemplo, Jesús Iturbe declaró en primera instancia que aquel domingo por la tarde las hermanas Isasi le instaron a ir a su casa, donde se encontró a José Cerrillo, Evaristo Zuloaga, Juan José Iturbe y un tal Pepe, todos los cuales recibieron escopetas de las hermanas. Luego, se habría ido a su casa a altas horas de madrugada. Sin embargo, tiempo después alegó haber realizado estas declaraciones por miedo a ser asesinado, pues le amenazaban con ello. En todo caso, Emilio Fernández admitió haber sido objeto de ciertas proposiciones al respecto de la necesidad de defender la patria el sábado 18 por parte de María Luisa Isasi, y situó a Zuloaga en el lugar de los hechos.

Sea como fuere, lo cierto es que el joven líder de la sublevación en la comarca se dirigió a Amurrio aquel 19 de julio, a donde llegó a media tarde, a mitad del baile, en un coche decorado con banderas de Falange y la bicolor monárquica, pegando gritos y con alguna que otra exhibición de armas según parece. Pero el objetivo era alentar la sublevación de la unidad de la Guardia Civil destinada en esta localidad, por lo que Isasi y sus acompañantes se dirigieron al cuartel. El jefe del puesto, el brigada Plácido Aguado, sí era favorable a la sublevación pero los guardias Joaquín San Vicente, Sergio Mata, Pablo Ochoa, Benito Estíbalez y Raimundo Hierro se negaron a alzarse y advirtieron a su superior que acatarían las órdenes del gobierno republicano y ayudarían al pueblo a reprimir la sublevación. Fue San Vicente quien tomó la iniciativa e impidió a Isasi acceder al cuartel -situado en la desaparecida casona de los Lezama-, además de avisar al ayuntamiento de Laudio de la próxima llegada de Isasi. Por lo tanto, la figura del guardia Joaquín San Vicente se antoja clave para el fracaso de la sublevación en la comarca; a pesar de ello, en diciembre decidió ocultarse junto a su compañero Estíbalez y permanecieron escondidos hasta la entrada de los sublevados en junio, momento en que se presentaron ante sus tropas; eso no evitó que fueran juzgados.

Por su parte, el jefe del puesto de Laudio, el cabo Dionisio Ecenarro, dudaba sobre qué posición tomar ante la presión de Isasi y los requetés locales por un lado y la del Gobierno Civil de Vizcaya por otro para que se mantuviera leal al gobierno. En este momento, resultó decisiva la intervención del alcalde nacionalista Florencio Iñarritu, que ordenó a la Guardia Civil que detuviera a los requetés y protegiera el ayuntamiento. Finalmente, el cabo Ecenarro optó por obedecer a este último y detuvo a Isasi, si bien como contrapartida permitió que el caudillo requeté Eugenio Perea huyera a Vitoria. El cabo pasó a formar parte del Comité de Defensa laudioarra pero, dados sus antecedentes, no confiaban en el y en noviembre fue arrestado. Sin embargo, los sublevados no estaban dispuestos a perdonar “traidores” y, en su momento, ellos también lo detuvieron y encarcelaron por la denuncia que le puso la hermana de Isasi. El 20 de julio el capitán Juan Ibarrola Orueta se trasladó a Laudio desde Bilbao para hacerse cargo del puesto y restablecer el orden en la localidad. Los miembros del grupo de Isasi y los requetés locales tuvieron variados destinos: algunos fueron detenidos, otros lograron huir a Vitoria y alistarse en el Requeté y otros se alistaron en las filas republicanas para evitar represalias.

Mientras, en Artziniega los guardias civiles preguntaron al alcalde, el nacionalista Juan Zabalgoitia, por la posición que adoptaría el PNV ante la sublevación. Zabalgoitia respondió que tenía órdenes de mantenerse leal a la República, por lo que los guardias huyeron sin más por el puerto de Angulo.

Y en la vizcaína ciudad de Orduña, los requetés, que en los meses anteriores habían realizado ejercicios en Sierra Sálvada, estaban a la espera de instrucciones desde Laudio y Vitoria. El día 19 se reunieron en la taberna de Iza; algunos se mostraron partidarios de levantarse con las pocas armas que tenían pero había muchas dudas sobre a quiénes apoyaría la Guardia Civil y los forales de la ciudad. Al día siguiente, la Guardia Civil y algunos miembros de la Agrupación Republicana requisaron dinamita de la cantera de yeso, por lo que fue manifiesto que aquí tampoco iban a ser los guardias proclives al levantamiento. A lo largo de esta misma jornada, comenzaron a aparecer en la comarca patrullas de milicianos procedentes de la margen izquierda, forales y guardias vizcaínos. Y ya el día 22 llegó desde Bilbao una columna compuesta por guardias de asalto, guardias civiles y milicianos, al mando del comandante Aizpuru y el teniente Noguerol, y que se asentó en la comarca ocupando edificios en Amurrio y Orduña. Fue el germen de la que sería conocida como “Columna Aizpuru”.

Aquella misma jornada, un grupo de carlistas se desplazó hasta Vitoria para entrevistarse con Eugenio Perea, que ordenó que todos los requetés de Ayala se desplazaran hasta la capital. Los carlistas orduñeses lograron comunicar la orden y llegar a la ciudad a pesar de que, a su regreso, ya estaban siendo buscados por los leales al gobierno republicano. Tras estos hechos, hasta 67 requetés orduñeses se pasaron a campo sublevado.

Por lo tanto, el golpe de estado fracasó en el Alto Nervión, que quedó en territorio leal a la República. Años después, por junio de 1946, con ocasión de la formación de la interesada y parcial Causa General, se preguntó a municipios y Guardia Civil de la zona por las razones que habían motivado el fracaso de la sublevación en esta comarca. En términos generales, se apuntó a la falta de preparación y/o apoyo a los derechistas locales por parte de las autoridades provinciales, la falta de armas, así como la aparición de milicianos procedentes de Bizkaia para hacerse con el control de la situación. El ayuntamiento de Amurrio también señaló el hecho de que la topografía no reunía las condiciones para establecer un frente de guerra. Resultan de especial interés algunas de las apreciaciones de la Guardia Civil; el comandante del puesto de Amurrio consideraba también como factores del fracaso la falta de decisión de los derechistas y “tal vez por ser por estas regiones de ideas separatistas-vascos y no creyesen que con el triunfo de los rojos tendrian las consecuencias que tuvieron”. La Guardia Civil de Artziniega exageró considerablemente al afirmar que el golpe fracasó en aquella villa porque el 80 o 90% de la gente era separatista o de izquierdas. Lo cual ni muchísimo menos era cierto. Es significativo que no dijesen nada sobre la actitud favorable a la República que tuvieron los guardias civiles de la zona.

 

El componente ideológico solo fue uno de los factores que confluyeron a la hora de inclinar la balanza de la sublevación en la comarca hacia un lado u otro, y probablemente no el principal. El tradicionalismo era mayoritario en el Alto Nervión. Aunque algunos aún lo crean, ésta no fue una guerra contra los vascos. Fue una guerra civil en la plena extensión y literalidad del término en la que unos españoles lucharon contra otros españoles, unos vascos lucharon contra otros vascos, unos alaveses lucharon contra otros alaveses y, por supuesto, lo mismo ocurrió con los naturales de nuestra comarca. Muchos lucharon voluntariamente en el bando sublevado, no siempre por las mismas razones, y por supuesto sin saber, como nadie lo sabía, lo que ocurriría en el futuro. Muchos lucharon en el bando sublevado de forma obligada. Muchos lucharon voluntariamente en el bando republicano, no siempre por las mismas razones. Muchos lucharon en el bando republicano a regañadientes, para evitar represalias por su condición de derechistas. Y muchos lucharon primero en uno y luego en otro, por diversas razones.

Como resultado de todo ello, hubo más naturales del Alto Nervión en las filas sublevadas o franquistas que en el ejército republicano. Según los datos aportados por G. Ruiz Llano en su tesis doctoral, datos que no hemos logrado detallar ni localizar en su fuente original, unos 124 jóvenes, y otros tantos de más edad, escaparon de la Cuenca Cantábrica y se alistaron en Vitoria en el ejército sublevado a lo largo de la guerra. De hecho, cifra en 239 personas las nativas de los municipios alaveses del Alto Nervión –excluyendo, por tanto, la ciudad de Orduña, que aportó un número importante de combatientes a las filas requetés- que se alistaron voluntariamente en las filas sublevadas. De éstas, 210 lo hicieron en batallones requetés, 14 en falangistas, 8 en la Legión y 7 se enrolaron en unidades regulares del ejército.

Pero fueron muchas más las personas que combatieron forzosamente en las filas sublevadas: nada menos que 720. De éstos, 704 combatieron en unidades del ejército y 16 estaban realizando el servicio militar. A ellos habría que sumar otros 270 individuos que estuvieron encuadrados en batallones de trabajadores, prisioneros de guerra empleados como mano de obra forzosa. Por lo tanto, y según los cálculos del autor, el 4% de la población masculina de la comarca luchó voluntariamente en el ejército sublevado o franquista y el 16,8% lo hizo forzosamente. Esto nos lleva a concluir que uno de cada cinco hombres formaron parte de las filas militares sublevadas.

Pero esta afirmación requiere de una matización muy importante: cuando el Alto Nervión cayó en manos sublevadas en junio de 1937, aún restaban casi dos años de guerra, con movilizaciones de reemplazos, reclutamientos, etc. Además, parte importante de los reclutados forzosamente habían luchado anteriormente en el ejército republicano; así habría ocurrido con los encuadrados en batallones de trabajadores y con otros que optaron por unirse a alguna unidad sublevada antes de penar en prisiones y campos de concentración. Algunos, incluso, fallecieron combatiendo en el ejército al que previamente se habían enfrentado. Aún así, el número de voluntarios fue importante, y eso sin tener en cuenta a los orduñeses, muy numerosos en las filas requetés.

Veamos los datos municipio por municipio, confrontándolos con los que Ruiz Llano aporta para el ejército republicano, menos completos y exactos, menos detallados, pero orientativos en todo caso. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, que muchos hombres estuvieron primero en un bando y luego en otro.

Laudio aportó al menos 142 combatientes al ejército republicano. Los datos no están, como decimos, muy detallados y, de hecho, la vía por la que muchos de ellos accedieron al mismo no pudo ser determinada. También hay voluntarios y generalmente un mayor número de forzosos, que deben corresponder a aquellos reemplazos que fueron llamados a filas. Sin embargo, fueron nada menos que 257 los vecinos de este municipio que lucharon en el bando sublevado: 78 fueron voluntarios -73 de ellos como requetés, ya que en Laudio existió un Requeté bien organizado y preparado- y 179 fueron integrados forzosamente. Además, hubo 48 hombres que fueron destinados a batallones de trabajadores.

El municipio de Ayala aportó 219 combatientes al ejército republicano, de los cuales al menos 52 fueron voluntarios. Por el contrario, 267 formaron parte del ejército sublevado: 63 voluntarios -55 de ellos requetés- y 204 fueron reclutados a la fuerza. A ellos hay que sumar los 61 destinados a batallones de trabajadores.

En Amurrio, fueron al menos 152 las personas integradas en el ejército leal a la República, 52 de ellas voluntariamente. Por el contrario, 128 formaron parte de las fuerzas sublevadas: solamente 13 lo hicieron de forma voluntaria y 115 fueron movilizados forzosamente. Otros 53 terminaron encuadrados en batallones de trabajadores. En Amurrio, el PNV era fuerte, y también había una presencia relativamente importante de las izquierdas debido a sus recientes primeros pasos en la senda de la industrialización.

En el municipio de Artziniega, 69 hombres lucharon por el bando republicano y 56 lo hicieron en las filas rebeldes: 12 voluntarios y 44 forzosos, además de otros 25 en batallones de trabajadores.

En Lezama, fueron 102 los hombres que formaron parte del ejército republicano, justamente el mismo número de los que lo hicieron en el bando sublevado, de los cuales solo 17 fueron voluntarios y los 85 restantes se encuadraron de manera forzosa. Eso sí, hubo otros 48 hombres destinados a batallones de trabajadores.

Finalmente, en Okondo solamente 29 personas formaron parte del ejército republicano, mientras que 44 fueron reclutadas forzosamente por los sublevados, además de 13 voluntarios. Solamente 17 de sus vecinos pasaron por batallones de trabajadores.

No disponemos de datos al respecto de los movilizados en el ejército republicano en el ayuntamiento de Arrastaria. Sí sabemos que aportó la nada desdeñable cifra de 43 voluntarios a las fuerzas sublevadas, casi todos requetés, y otros 32 se incorporaron forzosamente. 19 hombres fueron enviados a batallones de trabajadores. Habría que señalar que, en Arrastaria, a principios de septiembre de 1936 sus vecinos decidieron evacuar el municipio con libertad para elegir entre desplazarse a Urkabustaiz, y por lo tanto a territorio controlado por los sublevados, o a Orduña u otras localidades aún leales a la República. Según se dice en otros lugares, al parecer en estos movimientos influyeron más las relaciones familiares que las estrictamente ideológicas.

El Capitán Juan de Ugarte Larrea: familia, tiempo y legado (I)

 

 

 

Numerosas publicaciones y folletos informativos recogen fotografías y algunos datos básicos sobre el Palacio de Larrako, en la localidad de Lezama, que es así una de las construcciones civiles más espléndidas y vistosas del actual municipio de Amurrio. Como bien suelen señalar, ya que casi siempre emplean el mismo texto reelaborado una y otra vez, fue un Capitán del ejército llamado Juan de Ugarte la acaudalada persona que financió su construcción, motivo por el cual podemos considerarlo el más famoso y conocido de todos los ilustres hijos del pueblo de Lezama. Sin embargo, muy poco más se ha contado sobre este personaje.

Nuestro objetivo no es reconstruir la vida completa del Capitán, ya que las fuentes documentales que conocemos no nos aportan demasiados datos, al menos no los suficientes para rastrear toda su vida. Pero lo que sí nos permiten las fuentes es conocer sus orígenes familiares, las circunstancias y complicaciones de su ascenso en la escala social ayalesa, las luchas de poder en las que se vio envuelto, y el alcance de su legado. Para ello, nos basamos sobre todo en un documento fundamental que es el expediente realizado con ocasión de su ingreso en la Orden de Santiago. Se trata del más especial y sorprendente de cuantos ha tenido ocasión de consultar el autor, y no han sido pocos. De todos modos, es tal el volumen de información que contiene, que hemos tenido que limitarnos a los datos más importantes y los más curiosos para componer un artículo que resulte legible. Eso sí, por cuestiones de espacio nos vemos obligados a publicarlo en dos partes. He aquí la primera.

 

 

Primeros años de vida

 

El 9 de febrero del año 1601 el sacerdote Juanes de Uscategui bautizó en la parroquia de San Martín de Lezama a un niño que fue apadrinado por Gregorio de Aguirre y su tía Marina de Ugarte Bechia, vecina de Amurrio. Fue llamado como sus dos abuelos: Juan. El mismo nombre, por cierto, que sus padres Martín de Ugarte y Catalina de Larrea habían escogido para su primer hijo varón, nacido en 1592, de efímera existencia.

Los primeros años de la vida de Juan transcurrieron en su casa natal, el caserío Larrea. De hecho, el chico fue bautizado como “Ugarte de Larrea” y algunos de sus hermanos simplemente como Larrea. De este solar podemos decir que, posiblemente, la referencia más antigua data de 1508, cuando el sacerdote Fernando Martínez de Larrea denunció a Sancho Fernández de Ugarte por haber matado a su hermano Iñigo Martínez de Larrea, que bien pudo ser el propietario de la casa y que ya tenía hijos crecidos[i]. Evidentemente, el Palacio de Larrako toma su nombre del caserío preexistente en el paraje.

Catalina de Larrea debió ser la heredera de este caserío. Nació en 1568 y fue bautizada como “Verganza de Larrea”, ya que su padre Juan, que era zapatero, fue hijo de Juan de Berganza y Mariana de Larrea. Éste Juan fue natural de la casa de Berganzagoitia en jurisdicción de Larrinbe y era descendiente de la casa de Mariaka. Por otro lado, la madre de Catalina se llamó Catalina de Goicoechea, era natural de Baranbio y a veces figura con el apellido Rotabarria, por lo que no nos cuenta mucho trabajo relacionarla con el ya desaparecido caserío Goikoetxea en Baranbio. Pero esta es otra historia.

Cuando Catalina se casó con Martín de Ugarte, constituyeron una familia con ciertas capacidades y reconocimiento social, no obstante Martín desempeñó cargos en la Tierra de Ayala con relativa frecuencia, al igual que lo habían hecho su padre y su suegro. Pero seguramente no dejaban de ser labradores con un cierto desahogo económico, no más.

Martín depositó grandes esperanzas en su hijo Juan. Cuando tenía unos trece o catorce años, lo envió a Bilbao a casa de su amigo Domingo de Urrutia con el fin de “perfeccionarle en el leer, escribir y contar”, ya que en su tierra no había quien le enseñara a hacerlo. Martín no sabía firmar, por lo que era analfabeto, y esto es realmente llamativo porque era hijo del escribano Juan de Ugarte de Sagarzaguren. No solo eso, sino que, según testimonio de Martín de Urquijo, su padre hacía “mucha merced” al pueblo al enseñar las oraciones, a leer y a escribir a los mozos del lugar. Pero curiosamente parece que no enseñó a su propio hijo. Como muestran los documentos de la época, al menos en esta localidad eran bastantes los que, como mínimo, sabían firmar. Pero una cosa es saber leer y garabatear algunas letras y otra muy distinta perfeccionar estas capacidades. Como no había ningún lugar en Ayala donde recibir una educación de mayor calado, y quizá a falta de los recursos necesarios para enviar al muchacho a Castilla a formarse en las letras como hicieron otros ayaleses, lo envió a Bilbao a estudiar y, en el ínterin, se alojaría en casa de una persona de confianza. Era habitual en estos casos que fuese el propio padre quien corriese con los gastos de la manutención del joven, pero no sabemos cuál fue la formula empleada por Martín.

Juan estuvo en Bilbao poco más de dos años antes de regresar a su hogar. Después, fue enviado a Italia y a continuación a América a prestar servicio al rey en el ejército. Esta no deja de ser una biografía de trazo grueso que no aclara gran cosa. Lo que sí sabemos es que Martín realizó las gestiones pertinentes para que su hijo pasase a las Indias en el año 1624. Nuestro protagonista contaba 23 años y era “alto de cuerpo, comenzado a barbar, espigado, seco de rostro”. El 11 de febrero de dicho año, Martín presentó seis testigos en Lezama para certificar la hidalguía de su hijo: fueron Domingo de San Millán, Pedro de Oquendo de Eranegui, Gregorio de Ocaranduy, Martín de Uscategui Urtaran, Domingo de Urtaran de Aspilaga y Domingo Balza de Aguirre, todos ellos entre los 60 y los 80 años de edad. El trámite fue realizado ante los hermanos Cristóbal y Gabriel de Ugarte Ulibarri, que actuaron como alcalde ordinario y escribano respectivamente, aunque el primero también era escribano de oficio y uno de los personajes más poderosos de Ayala. Varios de estos nombres aparecerán más adelante.

No conocemos detalles sobre la carrera militar de Juan de Ugarte en las Indias. Pero sus logros debieron ser muy importantes porque, trece años después, en 1637, regresó del Nuevo Continente a Sevilla y desde aquí a su localidad natal. El muchacho ya era todo un hombre de 36 años que se presentó en Lezama con el grado de capitán, la merced del rey para ser obsequiado con el hábito de la Orden de Santiago y dinero, mucho dinero. Y, sin embargo, seguía soltero.

En Lezama le esperaba su madre, ya viuda y con 70 años; Juan tenía varias hermanas, dos mayores y dos menores, que estaban casadas en la misma localidad, en Larrinbe y en Amurrio. Aunque no disponemos de datos directos que lo confirmen, todo apunta a que el caserío Larrea quedó para su hermano Martín, cinco años menor que Juan, quien en 1625, y con solo 19 años –edad que por aquí entonces y siempre ha sido poco habitual para contraer matrimonio-, se casó con María Ortiz de Zulueta. Sabemos que Martín murió joven, pero no es mencionado en ningún momento en la documentación referente a su hermano, por lo que creemos que a su regreso el Capitán halló en su casa natal a su madre, su cuñada ya viuda y dos sobrinos de corta edad.

 

 

 

El hábito de Santiago

 

La de Santiago era una orden religiosa y militar fundada en el siglo XII, muy vinculada a la protección de peregrinos y a la Reconquista, pero para el momento que nos ocupa estas funciones se habían diluido y la Orden se había convertido en un grupo elitista que otorgaba reconocimiento y prestigio social, con especial querencia por los nuevos ricos, como precisamente era el caso del Capitán. Por supuesto, ser hidalgo era condición indispensable para lograr acceder a cualquier orden militar, por lo que previamente a la obtención del hábito un par de miembros de la misma, a los que suelen llamar receptores, solían investigar al candidato en su localidad natal compulsando documentos y tomando declaración a testigos con el fin de certificar la nobleza del sujeto y, en consecuencia, su limpieza de sangre y condición de cristianos viejos.

El Capitán ya llevaba unos cuantos meses en Lezama, había adquirido alguna que otra propiedad y las obras de construcción de su palacio ya estaban en marcha cuando en el mes de abril de 1638 llegaron dos receptores de la Orden para proceder a la pertinente investigación, que siempre eran exhaustivas pero en cierto modo rutinarias. En esta ocasión, el proceso no iba a ser sencillo.

Después de la convencional declaración del primer testigo, que fue el sacerdote Gregorio Abad de Aguirre, se presentó Lope Hurtado de Mújica, señor de la casa torre de Astobiza y Caballero de Santiago a sus 33 años. La casa de Astobiza es una de las más antiguas y prestigiosas de Ayala pero hasta el momento no descollaban por sus bienes inmuebles –tenían los suficientes pero no demasiados- ni se inmiscuyeron demasiado en la política local, si bien no dejaron de ejercer influencia sobre sus convecinos; su poderío procedía de las recompensas recibidas gracias a los servicios prestados a la Corona. Por ejemplo, Lope Hurtado de Mendoza había sido embajador de Carlos I en Portugal; su yerno Cristóbal de Mújica Butrón fue Caballero de Santiago y fundador del mayorazgo de su casa. De este modo, nuestro Lope había obtenido el hábito de Santiago más por su sangre y ascendencia que por méritos propios, como sí era el caso del Capitán. Lope fue el primero de la saga familiar en contraer matrimonio con una mujer local, concretamente con María de Ugarte Ulibarri, natural de Lezama (hermana de Cristóbal y Gabriel), y parece que también fue quien intensificó la intervención de la familia en los asuntos locales.

Ante los receptores, y sin ser convocado por ellos, Lope presentó un memorial en el que negaba la hidalguía del Capitán con el pretexto de que una tatarabuela suya que emigró a servir a Santa Gadea por su extrema pobreza había regresado con el hijo de un boticario judío en el vientre, un niño que se llamaría Juan de Ugarte, igual que su bisnieto el Capitán. Lope dijo no recordar el nombre de la susodicha pero había sido natural de una casilla pequeña que se deshizo y estaba frente a la que en el día poseía un tal Pedro de Ugarte. ¿Por qué tenía Lope conocimiento de esta historia? En primera instancia, declaró que lo había oído decir a personas como Francisco de Bidaur, Gregorio de Ocaranduy y Marcos de Urrutia, “hombres desapasionados y sin enemistad con el pretendiente”. Recordemos, sin embargo, que Ocaranduy había declarado positivamente a favor de la hidalguía de Juan de Ugarte antes de su marcha a América, pero ya era difunto y no era posible que respondiera a las alusiones y aclarara esta aparente contradicción en sus testimonios.

Tener ascendencia judía era una mácula que le convertía a uno en judío automáticamente y acusar de ello a un hidalgo constituía el más grave de los atentados contra su honor. En aquellos tiempos, se concedía un gran valor al testimonio de personajes tan prestigiosos como Lope, que además era caballero de la misma Orden, pero los receptores no se dejaban convencer con tamaña facilidad. La acusación requería una base consistente y creíble, sustentada en hechos demostrables. Por eso, Lope declaró que a Martín de Ugarte le habían llamado judío diversas veces en público y que se comentaba que en su casa no comían tocino; que el mismo epíteto había recibido Diego de Ugarte, natural y vecino de Inoso, pariente del pretendiente al hábito; y que Martín desempeñó cargos en la Tierra únicamente por “regalar” al ya difunto Juan Fernández de Ugarte, señor que fue de la casa de Ziorraga, y a Hernando Ortiz de Ugarte, señor de la casa de su apellido en Amurrio y de la de Ulibarri en Lezama, y a la sazón suegro del declarante.

Como se puede ver, la mayor parte de los argumentos para negar la hidalguía del Capitán tenían que ver en realidad con su difunto padre. Esto nada tiene de casual ni gratuito, pues Lope debía saber que, cuando aún era un joven por casar, Martín de Ugarte hubo de afrontar también la misma acusación de judío que su hijo. El pleito resultante fue compulsado por completo y se adjuntó al expediente del Capitán. Además del papel trascendental que desempeñó en las acusaciones vertidas sobre el Capitán, contiene datos inéditos y de gran interés, por lo que vamos a dedicarle casi todo lo que resta de esta entrada para abordar, en otra posterior, los sucesos de 1638, los orígenes de su familia y las luchas de poder entre diversas familias en aquella época, y finalmente su legado.

 

 

Martín de Ugarte, acusado de judío

 

 

Junto o próximo a la casa de Juan de Recalde, muy cerca también del caserío Larrea, se encontraba el término “do dizen Urquillatu”, donde posteriormente hubo una tejera. En este punto, la tarde del martes 7 de junio de 1587, el día después de la Pascua del Espíritu Santo o Pentecostés, muchos “mancebos y donzellas” de Lezama y algunos de Larrinbe se juntaron allí a “bailar y tomar plaçer (…) al son de un tanborin baylando”. Como un gran número de testigos declararon posteriormente –no todos coincidieron en la exactitud de las palabras, pero sí en lo esencial del relato-, en un momento dado de la romería se habían formado dos “regocijos” o corros en un baile “que llaman en lengua bascongada a tabolin bolinete”. En uno de ellos se encontraban Magdalena Balza de Berganzagoitia y Martín de Ugarte y sucedió que, sin motivo ni provocación aparente, la joven le propinó un bofetón o puñada en el rostro, encima del ojo, y se fue corriendo al otro corro, donde estaba su hermana Ana, perseguida por Martín. Ugarte, que tenía 24 años por entonces, se tapaba un ojo con la mano y protestaba por el golpe y le dijo a Magdalena “balgate del diablo yegua cornuda” mientras le daba una patada o rodillazo “en el pecho del coño” [sic].

Entonces, Ana le habría contestado “eso Martin para hombre mancebo ruin criança traigas para mançebo que no os tenia yo meresçido”. Es dificil interpretar el significado de estas y otras palabras que se reproducen en pleitos antiguos, pero al menos la segunda parte de la frase parece señalar que Ana expresó que Martín no se la merecía, y es que, como veremos, ambos parecían estar llamados a contraer matrimonio. Martín contestó “pues tomalda a cuestas”, en referencia a su hermana, y Ana dijo “mal biaje hagais judio biejo”, pero aparentemente estas palabras no fueron escuchadas por Martín y solo después se habría enterado de ello.

Fueron numerosos los muchachos y muchachas que observaron el lance y prestaron declaración pero solo uno, un testigo presentado por la parte defensora de Balza, aportó el detalle de que, tras el intercambio de impresiones con Ana, y estando Magdalena sentada, Ugarte se puso un dedo en la frente y les amenazó “esta que me lo abeis de pagar”. Añade también que fue un hijo de Juan de Landazuri, posiblemente un tal Martín que declaró en el juicio pero nada dijo al respecto de este pasaje, quien agarró a Martín y lo llevó de vuelta a su corrillo.

Como consecuencia de este enfrentamiento, Martín de Ugarte se querelló contra Ana Balza de Berganzagoitia por haberle llamado judío, y también contra su padre Juan Balza de Berganzagoitia y su tío Domingo de Berganzagoitia, ambos herreros. Éste figura posteriormente varias veces con el apellido Aguirre, e incluso como Domingo de Aguirre “dicho balça”. Lo curioso es que es el mismo que en 1624 declaró como testigo en el expediente de hidalguía del Capitán previo a su paso a las Américas.

El domingo de la misma semana, que se contaban 12 del mes de junio, Martín de Ugarte se encontraba en la portalada de la casa de Martín de Padura pasando el rato junto a la señora de la casa María Sáez de Jauregui, su criado Juan de Zaballa, Pedro de Unzueta de Urtaran y María Ortiz de Mendieta y su hija María de Zaballa, mujer de Diego Ortiz de Urrutia, todos ellos vecinos cercanos y de muy diversas edades. Según declaró esta última, allí se presentó Juan Balza en compañía de otras personas y comenzó a increpar a Ugarte diciéndole que si hubiera estado presente en la riña le habría cortado las piernas. Martin le contestó que “por ser buestras hijas muchas veces les he hecho honra” y Balza replicó: “no quiero ni buestra honra ni deshonra”. Según testimonio de Pedro de Unzueta, antes de este cruce dialéctico Balza pidió a Ugarte que desistiera del pleito pero el joven contestó “yo no puedo dejar de hacer mi probanza de bondad y genealogia q yo jamas trate contra vos”. Entonces Balza le amenazó con abrirle de arriba a abajo y le dijo que “si nadie es suçio yo no le puedo limpiar”. Martin contestó “dios perdone a los que vos habeis muerto”, como si diera a entender que Balza tenía algún que otro cadáver en el armario.

Juan Balza y su hermano Domingo también fueron aquel día “en acabando de comer” a casa de otra María de Zaballa, de 48 años, para persuadirla, bajo amenazas, de que declarase contra ellos. La mujer respondió que, en caso de ser llamada a declarar, diría la verdad. Por el contrario, María relató un episodio que ocurrió cuando regresaba de misa junto a Juan Balza, su tocaya la mujer de Diego Ortiz de Urrutia, María Sáez de Jauregui y Catalina de Padura. Balza dijo que era malo que una hija de Juan de Ugarte, hermano de Martin, hubiese entrado en la iglesia con tanta “fantassia y gravedad” y otro tipo de acusaciones y ella le dijo “Juan Balça no teneis razón dezir tales cosas por ella porque si ha errado ella se emendara”. Este suceso parece revelar una animosidad previa de Balza contra los Ugarte.

De modo que el pleito siguió su curso. El día 17 Balza recusó al escribano Cristóbal de Ugarte, vecino de Amurrio, por considerarlo próximo a Martín, y también pidió la recusación de la casa de Juan de Velasco en Larrinbe como lugar de audiencia, suponemos que por ser su esposa Casilda hermana del escribano. Ambas recusaciones fueron aceptadas y Balza nombró un “escribano acompañado”, que paradójicamente fue el hijo de Cristóbal, Hernando (Ortiz) de Ugarte Orueta, vecino de Lezama, ya mencionado.

 

 

El pleito

 

El 20 de junio el Alcalde Mayor de Ayala ordenó encarcelar a Ana, su padre Juan y su tío Domingo. La joven alegó que la cárcel de Mendixur no era lugar seguro para su honor de doncella y, tal y como se hacía en ocasiones, se optó por encarcelarla en una casa particular. Lo curioso es que este papel le correspondió a la casa de otro tío suyo, Pedro de Berganzagoitia, herrero y vecino de Amurrio. A pesar de que se le impuso una pena de 200 ducados en caso de huida, Ana no tardó en dejar la casa de su tío, de modo que solo tres días después Martín de Ugarte acudió ante el Alcalde Mayor a protestar no solo por esta fuga, si no por el hecho de que su padre aún no había sido capturado.

Para el día de San Juan, 24 de junio, padre e hija ya estaban presos en Mendixur. La mujer se presentó por la mañana por iniciativa propia para hablar con su padre; ambos estuvieron presos hasta el 4 de julio, si bien en algunas ocasiones el alcaide permitió salir a Juan para que hiciera las gestiones necesarias para su defensa en el pleito. Eso es precisamente lo que había hecho el alcaide Martín de Lezama el día 26 por la mañana cuando Ugarte se presentó en la fortaleza para comprobar si Balza estaba en ella; debía saber que había salido, ya que, aunque Lezama le mintió y le dijo que sí estaba en ella, Ugarte no le creyó y subió a la estancia en la que se encontraba Ana. Allí tendría lugar una significativa conversación entre ellos, de la que fueron testigos el alcaide, su mujer Juana de Berganzagoitia –que no era pariente de los acusados- y Martín de Landaburu, pariente de Balza dentro del cuarto grado y que se encontraba allí cosiendo ropas y vestidos del alcaide. Pues bien, Ana dijo: “Martin me tienen presso y por bos estoy aquí bos y yo mas nos queriamos”. Lezama intervino: “por cassarse con bos viene Martin aca, casaros los dos y todos estos pleitos (…) en bien”. El texto no es del todo legible, pero parece ser que Lezama instaba a concertar el matrimonio para poner fin a la disputa que enfrentaba a ambas familias. Martín contestó que “Ana no se casaría conmigo abiendome llamado y tratado de judio pero creo q debia de ser por dichos de su padre” y Ana le replicó,“Martin estais engañado que a mi padre no he oydo tal cosa pero ha otras personas los an llamado y tratado de judio y anssi os lo llame yo”. Esta afirmación no deja de ser una confesión por parte de Ana de que le llamó judío con ligereza, porque era un insulto que se empleaba con profusión sin reparar en su verdadero significado, pero los ánimos de Martín no quedaron aplacados sino que, al contrario, se sintió aún más agraviado.

Ana negó que todo esto hubiera ocurrido. Tenía 19 años y solo admitió haber dicho a Martín que “para mancebo tenía ruin crianza” por los malos tratamientos que le hizo a su hermana Magdalena. Afirmó que le tenía por buen cristiano pero, cuestionada al respecto de su hidalguía, contestó con evasivas. Lo mismo hizo su padre, ya que aunque negó haber propagado que Martín y sus antepasados eran judíos, cuando le preguntaron acerca de la condición de hidalgo del aludido contestó que no sabía “si en el cabía alguna de las razas o no”.

El caso es que ambos denunciaron a Martín por golpear a Magdalena y el joven fue detenido y encarcelado. Los Balza alegaron que, a consecuencia del golpe propinado por Ugarte, la muchacha se hallaba en cama gravemente herida y con su vida en riesgo, si bien no sabemos mucho más al respecto. El 6 de julio Martín ofreció su primera declaración completa, en la que negó la agresión. Afirmó que, a pesar de “haber tenido ocasión” de haber hecho alguna pesadumbre a Magdalena por haberle dado una puñada en el ojo, no le dijo palabra injuriosa ni de consideración y las que le dijo fue en placer y pasatiempo yendo tras ella muy contento para “bolberla a la dança y conbersacion” y, cuando no quiso volver, regresó a la danza sin ningún enojo ni disgusto. Como podemos ver, este testimonio no es del todo coincidente con lo manifestado por diversos testigos que se encontraban en aquella romería pero a Martín le interesaba rebajar la gravedad de sus acciones para no ser condenado por agresión.

Decenas de personas fueron llamadas a declarar, por una u otra de las partes. Sería interesante observar sus nombres, edades y declaraciones, pero narrar todos los detalles del pleito exigiría un espacio desmesurado del que no disponemos y el resultado sería un tanto confuso y dificil de asimilar. Así que nos limitaremos en las próximas líneas a reflejar las acusaciones vertidas en la figura de Martín de Ugarte por los testigos presentados por Balza.

Ya hemos visto previamente algunos indicios que nos hacen sospechar que la animadversión de Juan Balza por la familia de Martín era previa al incidente de la romería. Pedro de Berganzagoitia, no el tío de Ana sino otro del mismo nombre que era pariente de Balza dentro del cuarto grado, contó que, un par de años antes, iba con Juan hacia su casa después de oír misa cuando le dijo que Martín había pedido la mano de su hija y repetía: “blanca y media de coño y que hijo de un judio se auia de pedir a su hija Blanca y media de coño”. No sabemos muy bien si este testimonio trata de hacer ver que la condición judía de Ugarte era vox populi aún antes del incidente, y que esa era la razón por la que se oponía a que desposase a su hija, o fue en realidad un ataque a la personalidad aparentemente colérica y fogosa de Balza, ya que otros testigos, como Diego de Padura de Olagorta, declararon que tenía mala fama y reputación, que era un hombre inquieto, revoltoso y “de mala lengua”. Ya había estado en Mendixur varias veces y una de ellas acusado de injurias por su propia madre Elvira de Berganza.

Además, un hombre de reputación como Martín de Urquijo, vecino de Lezama pero natural de la torre de los Ospín de Urquijo en Okondo, que se había criado con uno de los mayordomos del señor Atanasio de Ayala, afirmó que unos dos meses antes Balza había intentado que los vecinos de Lezama expulsasen de la iglesia a Juan de Ugarte, padre de Martín, por “no saber si era moro o cristiano”.

¿Qué dijeron los testigos al respecto del origen judío de Martín? María de Zaballa, aquella que habría asegurado a los Balza que diría la verdad, declaró que había oído, aunque no recordaba a quién, que no se sabía de dónde descendía Ugarte. Su madre Maria Ortiz de Mendieta algo había oído de la bisabuela de Martín pero los tenía por buenos cristianos y gente honrada. Pero Juan de Larrea, vecino de Astobiza y pariente de Balza en cuarto grado -y que lo era más próximo aún ade Catalina de Larrea-, dijo haber oído estos cuentos de boca de Mendieta, y también sabía que ésta en cierta ocasión le había dirigido palabras deshonrosas a Juan de Ugarte. De ello se hace eco de Pedro de Latatu, pues al respecto de la riña entre ambos Pedro Abad de Urtaran le comentó que pudiera ser “que tuviera alguna raza”.

María de Arriaga se hizo eco de ciertas sospechas sobre la procedencia de Juan de Ugarte, abuelo de Martin e hijo de la mujer presuntamente llegada de Santa Gadea. Catalina de Lezameta declaró que había oído de su madre que la bisabuela de Martin vino preñada de Castilla y la susodicha comentó que esa historia la tenía oída a María Hernández de Gujuli pero en cincuenta años no había vuelto a oír murmurar nada y ella los tenía por hijosdalgo limpios de toda raza. Juan de Landa de Basabe y Juan Díez de Basabe reprodujeron también la historia de la bisabuela que regresó embarazada de Santa Gadea, y no fueron los únicos. Claro que también hubo quien dijo no saber nada al respecto, a pesar de ser testigos presentados por los Balza.

Uno de los hechos cotidianos que delataban la condición judía de un individuo era su rechazo a comer tocino, alimento fundamental en la dieta de estas personas. Fueron varias las personas que declararon que Pedro de Ugarte, que era tío de Martín, no comía tocino. Por ejemplo, Juan Ibáñez de Murga relató que la mujer de Pedro solía decir que su marido más quería comer tocino que perdiz y, sin embargo, lo que producían lo vendían en Orduña. Pero incluso algunos de los testigos presentados por el propio Balza desmintieron este extremo. Juan de Unzueta declaró que había estado muchas veces con Martín y sus primos carnales y nunca había visto que tuvieran escrúpulo alguno en comer tocino sino que lo ingerían con el mismo buen apetito que él. Pedro de Eguiluz, si bien dijo haber escuchado la historia de la bisabuela, no pudo dejar de confesar que era vecino de Pedro de Ugarte y, por haber trabajado y comido juntos muchas veces, sabía que no hacía ningún asco al tocino.

Otro de los hechos probatorios de la condición judía, y por tanto no hidalga, de los Ugarte lo era el que, presuntamente, no habían sido admitidos en los oficios del concejo de Lezama. Alonso de Yarritu, que era pariente dentro del cuarto grado de las hijas de Balza, declaró que, desde que pusieron un capítulo en las ordenanzas para que no fuese admitido ni como regidor ni como fiel ningún vecino que no fuese hidalgo, ni Martín ni su padre ni sus primos habían sido regidores. Algún que otro testigo se hizo eco de este hecho como algo que se comentaba o que habían escuchado por ahí. Por el contrario, Pedro de Latatu dio fe de que en diversas ocasiones se había propuesto para el oficio de regidor a los primos y tíos de Martín, y si no habían salido fue por persuasión de su padre Juan de Ugarte, aunque no queda claro por qué no quería que salieran elegidos. Más concluyente fue el testimonio del anciano Juan López de Aranguren cuando afirmó que Juan había sido regidor junto a el.

Por último, el alguacil Martín de Gallartu, vecino de Amurrio, relató que poco tiempo antes un hermano de Martín, llamado Francisco y casado en aquella localidad, tuvo una riña con Martín de Pardío de Ugartebechi tras perder una hoz cuando segaban una heredad del escribano Domingo de Uriarte, discusión en la que, al parecer, Pardío llamó judío a Francisco.

Finalmente, el 20 de octubre de 1588, y por testimonio de Cristóbal de Ugarte, el Alcalde Mayor declaró a Martin de Ugarte por hijodalgo y condenó a Juan y Ana en medio año de destierro y 2.000 maravedis mas el pago de los costes procesales. A Martin se le condenó en 300 maravedis por la agresión. La Chancillería de Valladolid confirmó la sentencia.

 

 

Los Ugarte de Inoso

 

A pesar de que Martín de Ugarte fue declarado hijodalgo y los Balza sancionados por haberle injuriado, cuarenta años después Lope Hurtado de Mújica resucitó estas viejas habladurías cuando incluso no pocos vecinos de avanzada edad ya ni recordaban este pleito. Más fresca en la memoria estaba la querella que Diego de Ugarte, vecino de Inoso, había puesto a Pedro de Guinea en 1633 por haberle llamado judío. Fue en casa de Francisco de Inoso, delante de muchas personas, donde Guinea, que era vecino de Lezama en el barrio Zulueta, le amenazó con sacarle los ojos y le llamó repetidas veces judío marrano, jurafalso y otras injurias. En opinión de Ugarte, Guinea “hera de diferente calidad que la suya” por ser descendiente de labradores pecheros y hombre inquieto y revoltoso, pendenciero, malhablado, que tenía muchos conflictos en las tabernas y con sacerdotes. Guinea fue severamente castigado y desterrado, y murió no mucho después en Subijana de Álava. Lo relevante del caso es que Diego aparece como primo o primo segundo de Martín de Ugarte. Por lo que alcanzamos a saber, el padre de ambos se llamaba Juan, por lo que solo podían ser primos como mucho, de modo que ellos serían, efectivamente, primos segundos.

 

En el proximo capítulo, analizaremos cómo Lope se basó en estos dos pleitos para tratar de desacreditar al Capitán Juan de Ugarte tachándolo de judío y, por lo tanto, incapaz de acceder a la Orden de Santiago. Hasta aquí hemos sabido que Martín fue hijo de un escribano llamado Juan de Ugarte, nieto de otro Juan de Ugarte, quien se decía que fue hijo de María de Ugarte y un boticario judío. Pero, ¿es esto cierto? ¿Cuáles eran los orígenes del Capitán y sus antecesores? ¿Por qué Lope presentó esta acusación y qué buscaba al obstaculizar el ascenso del Capitán? ¿Actuó solo o tenía aliados?

 

 

[i] Archivo Histórico Diocesano de Zaragoza: Fondo de Apelaciones, Bizkaia, Caja 203-6, 2057

Noche de ronda con consecuencias inesperadas. Orduña, 1824.

 

 

 

 

Año Nuevo del año 1824.

Los vecinos de la ciudad de Orduña disfrutaban del día festivo como mejor podían, acudiendo a los actos religiosos, reuniéndose con la familia y amigos, y no pocos optaron por pasar la tarde-noche de taberna en taberna. Nada nuevo bajo el sol, pues. Concretamente, la taberna que el zapatero Manuel de Larrondo tenía en su casa, situada en la parte baja de la calle Francos, fue el punto en el que coincidieron cinco individuos, cuatro de los cuales darían con sus huesos en la cárcel antes de que terminara la noche.

Algunos de ellos habían estado rezando el rosario en la parroquia de San Juan. Es el caso de Francisco de Marfagón Ortega, que era natural de Bueña “en el partido de Teruel del Reyno de Aragon” y estaba casado con María de la Torre Orruño. Era un joven esquilador de unos veinticinco años que vivía con su familia política y poco más tenía que lo que llevaba puesto. También estuvo Juan de Picaza Echevarria, natural de Orozko, casado en la ciudad con Ramona de Ulibarri Coloma, maestro cubero de treinta y nueve años de edad y vecino al final de la calle Orruño.

Debían ser amigos a pesar de la diferencia de edad entre ambos, ya que, tras el acto religioso, estuvieron sentados cerca de la casa del cirujano Eugenio Torrecilla, en la bocacalle de la dicha calle Orruño. Los dos amigos decidieron dar un paseo a caballo, de manera que Picaza en su propia cabalgadura y Marfagón en la de su cuñado pusieron rumbo a la “venta titulada de Mendichueta” en Saratxo. A medio camino adelantaron a un hombre que iba caminando. Era Gerónimo de Garay Aranburu, labrador de cuarenta y cuatro años, casado con Estéfana de Gabiña, nacida en Saratxo, y vecino en la calle Francos. Los tres se juntaron ya en la cocina de la venta y “tomaron una refaccion de vino y un poco de carne q habia llevado dicho Geronimo”. Al anochecer, sobre las seis de la tarde, Garay y Picaza volvieron juntos en el mismo caballo, y Marfagón lo hizo algo más tarde en el de su cuñado, llegando a la ciudad después de anochecido. Garay se apeó en su casa y Picaza fue a dejar el caballo en su establo. Pero Garay debía tener ganas de más porque seguidamente fue a casa de Picaza y le propuso ir a tomar media azumbre –un litro- de chacolí a la casa taberna de Larrondo que, como hemos dicho, estaba en la misma calle en la que Picaza tenía su domicilio.

Aunque de manera independiente a los anteriores, similar recorrido realizó Domingo de Aguirre Ahedo, labrador de treinta y cuatro años natural de Gordejuela, casado en la ciudad con Brígida de Secada Revilla y vecino también de la calle Francos. Domingo había rezado el rosario en la iglesia de San Juan pero después pasó por su casa para coger un mendrugo de pan. Aguirre salió de la ciudad por el Camino Real en dirección al “puente titulado nuevo que esta en el prado llamado de San Bartolome”. Resulta que, en un agujero de una pared próxima al puente, había escondido una bayoneta inglesa en julio de 1822 y quería recogerla para dársela a José de Marubay, que hacía tiempo se la había pedido porque le venía bien para el fusil inglés que tenía para su oficio de la Guardia de la ciudad. A pesar del año y medio que había transcurrido, la bayoneta aún estaba allí y Domingo la introdujo en la manga suelta del lado izquierdo del capote de paño pardo que llevaba puesto.

El puente pillaba de paso para la venta de Menditxueta, a donde fue, pero no estuvo con los anteriormente mencionados sino con otros orduñeses, concretamente con Manuel de Ugarte, Agustín Fernández y Luis de Izarra “por mote pelandina”. Ellos mismos aseguran que la venta estaba muy concurrida aquella tarde. La costumbre de los orduñeses de ir a beber o comprar vino en Menditxueta, donde era más barato, era ya secular y fuente de conflictos entre Ayala y Orduña. Pero esa es otra historia. Por el momento, Aguirre y sus compadres estuvieron dándole al clarete aquella tarde y, al toque de oración, salieron de vuelta para Orduña, si bien parece que Ugarte regresó un poco antes. Sobre las seis y media de la tarde, Aguirre llegó a su casa, cenó con su mujer y su familia y bajó a la cercana taberna de Larrondo para echar un trago de chacolí. Allí se juntó a Andrés de Vadillo, a quien llamaban “Medina”, Pedro de Iturricha y Pedro de Ogazon.

Por su parte, Manuel de Aldama Olabarrieta, albañil de cuarenta y un años natural de Menagarai, estaba casado con su paisana Juana de Echavarri La Cuadra y vivía en la calle Orruño. Por cierto, que Juana moriría en el transcurso de ese año, ya que Manuel se casó en diciembre con María de Oquendo, con quien vivía en la calle Cantarranas al año siguiente. Pero lo que ahora nos importa es que, sobre las tres de la tarde de aquel 1 de enero de 1824, Manuel fue “para la venta que de nueba planta esta construiendo en el lugar de tertanga (…) Thomas de Murga” para ajustar con el la obra de albañilería de la cocina y otro agregado a ella; y luego fue allí también otro maestro albañil, Pedro de La Encina. Después de ajustarse y de “echar un trago amigablemente en dicha casa de Murga, en la que se bende bino clarete de la Rioxa”, sobre las cinco de la tarde marcharon los dos a casa de La Encina “que la tiene en la Calle titulada de cantarranas” y no fue hasta las ocho y media aproximadamente que salió de casa de su colega para dirigirse a la suya. Este fue su trayecto: “por bajo de los Astiales de entre cantarranas, Calle nueba, Calle Burgos y por el arqueado de la Parroquia de San Juan el Real siguiendo por los Astiales del peso real, los de entre calle medio y Calle Yerro”. Algo que queda bastante claro en la documentación del caso es que la gente no cruzaba la plaza de noche, sino que iban por los hastiales aunque para ello tuvieran que rodearla por completo.

Aproximadamente bajo el portegado de la Casa Consistorial, Aldama se encontró con el regidor Jose de Pereda, vigilante nocturno por encargo del alcalde, quien le dijo que ya era hora de que se retirase a su casa. Le respondió que así lo haría. Pero nada más lejos de la realidad. En la bocacalle de Francos, se encontró a Marfagón y ambos fueron a echar un cuartillo –medio litro- de chacolí a la casa de Larrondo. En la portalada estaban Picaza y Garay “echando un trago” y los dos hombres se unieron a ellos con su propia consumición.

¿Qué había sido de Marfagón en el rato transcurrido entre su regreso de Menditxueta y su encuentro con Aldama? Primero, fue a su domicilio a dejar el caballo y cenar con su familia. A continuación, salió hacia la casa mesón de Manuela de Jocano en la calle Nueva. Era viuda de Ciriaco de Izarra y la casualidad es que, al igual que Aldama, se casó en segundas nupcias en diciembre de 1824, en su caso con Valerio de Samaniego. Marfagón dirá en el futuro que fue a este lugar buscando alguna caballería que esquilar y así ganar jornal. Lo cierto es que entabló conversación con el criado Vicente de Izarra, a quien pidió una bayoneta que días antes le había ofrecido. Vicente había encontrado la bayoneta tiempo atrás entre la paja de la casa y, al parecer, Marfagón la quería por no tener otra para el fusil que le habían entregado como individuo de la Guardia. Es curioso –o no- que tanto el como Aguirre se hicieran con una bayoneta ese mismo día y por idéntico motivo.

Aquí se produce una divergencia respecto a la declaración de Aldama. Éste dijo que se encontró a Marfagón en la bocacalle de Francos y bajaron a la taberna de Larrondo. Sin embargo, el aragonés declaró que fueron a la casa de Rafael de Aldama en la entrada de la calle Medio a echar un trago de aguardiente. Y lo cierto es que Juana de Polanco, la mujer de Rafael, ratificó que ambos estuvieron en la portalada interior de su casa y que Aldama bebió cuatro cuartos de aguardiente y Marfagón como un vaso de vino rancio. Este pasaje le viene ni que pintado a Marfagón porque afirmó que se encontraron con Picaza, Aguirre y Garay en la bocacalle de Francos y que nunca llegó a estar en la taberna de Larrondo. A pesar de tener numerosos testimonios en contra, Marfagón se ratificó en esta sucesión de los hechos hasta en cuatro ocasiones. ¿Por qué Marfagón insistió tanto en negar su presencia en la taberna de Larrondo si nada malo ocurrió allí? ¿Por qué Aldama omitió haber pasado por la taberna de Polanco? ¿Hay algún motivo para que Juana mintiera y encubriera a Marfagón? Ninguna respuesta podemos dar a estas preguntas a partir de la documentación producida en el caso. Pero lo que está bastante claro es que Marfagón mintió.

 

Sabemos también sin ninguna duda que, a eso de las nueve de la noche, el regidor Pereda se presentó en la taberna de Larrondo para despachar al personal a sus respectivas casas. Poco después llegó el alguacil José de Marubay con el mismo fin. Recordemos que éste es quien había pedido a Aguirre la bayoneta que tenía escondida. El caso es que las autoridades cerraron el chiringuito y Marfagón, Aldama, Garay, Picaza y Aguirre, que no habían estado juntos, se encontraron en la calle. Resistiéndose a la idea de dar por finiquitada la jornada, alguno tuvo la sempiterna clarividencia de buscar un garito donde poder echar la espuela, pues “no hera tan tarde para aquel fin”, de manera que pusieron rumbo a la casa del cirujano Genaro Gutiérrez, ayalés natural de Lujo, que traía y vendía aguardiente en su domicilio situado al final de la calle Burgos. A pesar de que, como hemos visto, los susodichos vivían en esa misma calle o en la de Orruño, las ganas de seguir pimplando superaban con mucho las de acostarse y allí que se fueron.

Siguiendo con la que parece ser arraigada costumbre de no cruzar la plaza de noche, los cinco individuos fueron por detrás de la Aduana y por la calle Cantarranas hasta la casa del cirujano, que estaba cerrada. Los abastecedores de vino y aguardiente no solo hacían que su casa funcionase a modo de tasca mientras durase su obligación contractual sino que vendían el morapio a los vecinos en diversas cantidades para que lo llevaran a su casa. Y, en ocasiones, esto podía ocurrir a cualquier hora, por mucho que habitualmente las ordenanzas locales lo prohibieran. Es así que se entiende que nuestros protagonistas llamasen a la puerta y la sirvienta Ramona de Oquendo les atendiera. Según su testimonio, reconoció las voces de Marfagón y Aldama, les entregó el aguardiente por un postigo de la puerta principal sin abrirla, lo bebieron y ambos pagaron. No vio en ningún momento a los otros tres, pero por allí debían de estar. No descartamos que Oquendo dijera esto para evitar algún tipo de reprimenda por atender a esas horas, ya que de los testimonios de los hombres se puede concluir que estuvieron dentro de la casa. Por otro lado, Marfagón aseguraría que no bebió nada porque ya había tomado en la casa de Rafael de Aldama. Otra mentira.

A partir de aquí, bien sea porque el alcohol hizo mella en sus recuerdos, bien por limpiarse las manos del suceso que estaba próximo a ocurrir, las versiones de los cinco hombres comienzan a diferir cada vez más. Dentro o fuera, el paso por la casa de Gutiérrez fue rápido, lo justo para echar el último pelotazo. Quizá no eran más de las nueve y media de la noche cuando marcharon de allí. Subiendo por la calle Burgos hacia la plaza, se produjo un rifirrafe típico de ebrios cuando Aldama resbaló y cayó al suelo, culpando a Picaza de haberle empujado. Que si te has caído tu solo, que si me has empujado, los otros tres iban por delante y Marfagón se dio la vuelta para regañarles y decirles que no metieran bulla. Picaza contestó que no lo hacían y que para aquella disputa no necesitaban quien la decidiese y que así podía llevar su camino. Según éstos, este suceso ocurrió en los soportales de la iglesia de San Juan. Según Marfagón y Garay, en las últimas casas de la calle Burgos, a la altura de la casa del maestro de obra prima Fernando de Gardeazabal.

 

Precisamente allí se encontraban amigablemente reunidas algunas personas unidas por lazos familiares y de amistad. Ventura de Marubay Quintana era natural de la misma ciudad, tenía cincuenta y tres años, estaba casado y vivía en esa misma calle. Era hermano del alguacil ya mencionado, con quien además compartía casa. Sobre las ocho de la noche había ido a casa de su vecino y amigo “con el fin de pasar un tanto de combersacion amigable según en otras ocasiones lo habia echo”. Allí estaban Gardeazabal, su mujer, su hermana María Antonia, Antonio de Salaberri y algunos criados de la casa.

Era ya bastante tarde, sobre las once u once y media, cuando María Antonia decidió regresar a su casa, situada en la parte baja de la calle Vieja. Ventura y Salaberri también salieron para sus respectivos domicilios no sin antes ofrecerse a acompañar a la mujer, como también lo hizo su hermano. Fueron por los arcos de la iglesia, el Peso Real, los portales de calle Medio y Yerro hasta la entrada de Calle Vieja. Salaberri portaba un farol con dos luces. En ese punto, fueron recibidos con una lluvia de piedras. Pero existen contradicciones en torno a este suceso. El propio Ventura narra los hechos tal y como lo hemos hecho nosotros: salieron de casa, fueron por los hastiales y al llegar al portegado de la casa consistorial comenzaron a recibir pedradas. Pero no es cierto, ya que esto ocurrió después de dejar a María Antonia en su casa y volver a subir por calle Vieja. Así lo afirma directamente Salaberri y así se explica que la mujer ni siquiera fuese llamada a declarar: no presenció los hechos.

Entonces, ¿qué hicieron los otros cinco en ese lapso de tiempo de una hora u hora y media que debió transcurrir desde que marcharon de casa de Gutiérrez hasta que ocurrió la agresión? Según Garay, cuyo testimonio fue considerado como fidedigno por los tribunales, fueron todos juntos desde la dicha casa hasta la casa consistorial, donde estuvieron de palique durante bastante rato sin que pudiera precisar si fue media o una hora. Cuando vio que por los hastiales venían tres o cuatro personas, una de ellas con un farol “bastante crecido con luz encendida dentro”, les dijo a los cuatro “muchachos vamos a casa q ya es hora” y habiéndole contestado que aguardase, marchó “sin mas detencion” para su casa. Este relato es el único plausible desde el punto de vista temporal, ya que todos los demás no solo contaron cosas diferentes sino que narran el apedreamiento como un suceso que ocurrió de manera inmediata a su llegada al entorno de la plaza.

Según Picaza y Aldama, después de su rifirrafe, seguramente con ánimo de atajar por haberse quedado rezagados respecto a los otros tres, cruzaron por el medio de la plaza hasta la casa en que habitaba Pablo Ximénez, y que era propiedad de Cayetano de Palacio, entre las calles Francos y Orruño. Sin embargo, Marfagón declaró que fueron Aldama y el quienes hicieron dicho recorrido. Picaza aseguró haber visto una luz que subía por la calle Vieja cuando iba con Aldama hacia la casa de Ximénez cruzando la plaza; es decir, al de nada de salir de la casa de Gutiérrez.

Ventura de Marubay declaró que al pasar por la bocacalle de Vieja advirtieron que algunas personas les estaban lanzando piedras desde los hastiales de la calle Francos. Creyendo que presentándose como oficial de la Guardia cesarían el ataque, se dirigió hacia ellos y debajo de la casa que habitaba Ximénez se encontró con los cuatro hombres que ya conocemos y les dijo “modosamente” que no tenían motivo para tirar piedras y que se comportasen, pero le contestaron con desprecio y amenazas. Acto seguido uno de los hombres –creía que fue Marfagón pero no lo aseguró- le agredió con una bayoneta en el costado derecho. Pensó que era una herida mortal y así lo dijo, y al ver que se desmayaba pidió a Picaza que le acompañase a casa. Y éste así lo hizo. Ni siquiera la urgencia de las circunstancias le hicieron cruzar por la plaza, sino que fueron bajo los hastiales hasta la iglesia de San Juan, donde el hombre se excusó por temor de que le encontraran los otros tres. Entonces apareció la mujer de Gardeazabal y Ventura fue socorrido en sus metros finales por Salaberri y por Pedro de Gabiña.

¿Qué fue de los acompañantes de Marubay? Cuando éste se adelantó para reconvenir a los agresores, Antonio de Salaberri Iradier, gasteiztarra de veintiún años, le siguió a escasos metros. Pero su testimonio no es del todo coincidente con el del herido, ya que aseguró haber encontrado a Picaza, sin capote ni arma alguna, en uno de los pilares bajo la casa mesón de Ignacia de Urruela, viuda de Manuel de Ballejuelo, que se corresponde con la casa de los Díaz Pimienta. Cruzaron algunas palabras entre ellos, pero al de poco oyó que Ventura caía a tierra suspirando y “diciendo herido soy de una puñalada”. Salaberri no pudo decir quién fue el autor de la agresión, ya que la noche era bastante oscura y el farol se lo había quedado Gardeazabal. La reacción del mozo fue un poco extraña, ya que en vez de ayudar al hombre fue a toda prisa a casa de Gardeazabal para “proporcionar medio” de recogerle a Ventura y ver qué había que hacer. Pero resulta que Gardeazabal no estaba en su casa. Así que Salaberri halló a Ventura ya cerca de la casa de éste y pidió ayuda a Gabiña para llevarlo a casa y dejarlo en la cama. Gabiña regresaba de pasar un “rato de conversación amigable” en casa de Clemente Sancho hacia el final de la calle Burgos, y era empleado de la Aduana.

¿Dónde estaba, pues, Fernando de Gardeazabal? En el mismo momento en que comenzaban a caerles piedras de buen tamaño, se había encontrado con Baldomero de Galíndez en el portegado de la casa consistorial. Ambos se refugiaron dentro de la casa mesón de Ignacia de Urruela. Esto no tiene sentido alguno, ya que si estaban bajo la casa consistorial habría bastado con huir en cualquier otra dirección excepto en la que tomaron. Creemos que, en realidad, debieron encontrarse en la bocacalle o en los mismos hastiales de la casa mesón, y por ello optaron por entrar en este lugar, que era a donde se dirigía Galíndez para cumplir un encargo del Comandante de la Guardia.

Se comenta que alguna piedra impactó contra la puerta principal de la casa, que cerraron tras entrar. Allí estaban Juana de Urruela, Eusebio de Laiseca y María Ortiz de Salazar. Juana subió a los dos hombres al entresuelo, que tenía una ventana que daba al hastial, y la mujer vio a Marubay ir de pilar en pilar diciendo “hixos mios no tireis pedradas”. Gardeazabal no mencionó nada de esto, solo que oyó decir “darles que son negros y matarlos”. Sabemos que “negros” era como llamaban los tradicionalistas -posteriormente los carlistas- a los liberales, bajo el supuesto de que tenían el alma negra. Según Juana, sobrina de la dueña del mesón, habría reconocido las voces de Marfagón y Picaza pronunciando expresiones ofensivas, y después oyó a Marubay llamar a Fernando con voz bastante lastimosa. Según Salazar, decía “Fernando ven acá”. Entonces, Gardeazabal y Galindez, con cuidado y temor, partieron con el farol a buscarle por los hastiales entre las calles Francos y Orruño. A la altura de la casa de Juan Francisco de Bárcena, encontraron a Marfagón, al que preguntaron por el paradero de Marubay, y les respondió con desprecio. Al ver que tras los pilares de la casa había varios bultos de personas que no pudo distinguir, temiendo que aquello terminase mal se fueron a su casa, a donde llegaron a tiempo para ver en la puerta principal a Marubay con la mujer de Gardeazabal.

 

Ahora es momento de ver los argumentos esgrimidos por los acusados. Según Picaza, cuando llegó con Aldama bajo la casa que habitaba Ximénez oyó una voz procedente de los hastiales bajo la casa mesón que dijo “joder a un negro”, y creía que había sido Marfagón. Poco después escuchó otra voz que procedía más o menos de la bocacalle de Francos, y creía que era Ventura “que dijo claramente que mal e echo a Vms”. Picaza habría ido en su busca y lo halló de pie, hacia mitad de los hastiales bajo el mesón, y le dijo que le habían herido y le pidió por Dios que le acompañase a su casa. Como sabemos, así lo hizo. Según sus propias palabras, no lo acompañó más porque creyó que si lo encontraba la Guardia de Honor lo apresarían juzgándole autor de la herida y porque no quería encontrarse con los verdaderos autores. Recordemos, sin embargo, que Salaberri aseguró haberlo visto en uno de los pilares del mesón. Picaza lo negó, así como negó haber dicho las expresiones ofensivas que se le atribuían.

Aldama, que al parecer iba bastante perjudicado, dijo que se recostó pegante a la casa contigua que habitaba Ximénez y al de poco tiempo “al parecer del declarante porque se hallaba turbado de sentido a causa de haberle ofendido un cigarro que acababa de fumar”, como entresueño (sic) oyó voces y un ruido y una persona que “en alta boz y mui clara dijo joderle a un negro”. Creía que fue Marfagón. Presa de este presunto blancón, Aldama se largó hacia su domicilio de la calle Orruño y se durmió hasta que, “siendo hora de la repetida noche que no pudo adbertir por la turbacion de su cabeza qual fuese”, su mujer le despertó porque se lo iban a llevar detenido.

Nada en particular se ha dicho de Aguirre hasta ahora. Su declaración no tiene desperdicio. Aseguraba el encartado que, después de echar la última en casa de Gutiérrez, fue por los hastiales hasta llegar a la entrada de calle Francos, yéndose derechito a su casa. Pero al de un rato notó que le faltaba el ceñidor que había vestido ese día y pensó que se le había caído detrás de la Aduana “en sazón de haber soltado los calzones para hacer una necesidad maior”, de modo que fue para allí y “bolbiendo al parage donde habia echo su necesidad hallo alli dicho ceñidor”. De regreso para su casa, se encontró con Marfagón junto a la casa del cirujano Torrecilla, que estaba pegante a la bocacalle de Orruño. Éste le propuso ir a ver quién o quiénes iban con un farol por los hastiales entre las calles Medio y Yerro y convino en hacerlo por mera curiosidad, de manera que al llegar se encontraron no con los agredidos……sino con el Comandante de la Guardia. A este encuentro regresaremos en breve. Baste señalar por el momento que Aguirre aprovechó este escatológico pasaje para negar su presencia en el lugar de los hechos ni siquiera de manera circunstancial.

Por su parte, Marfagón había suplantado a Picaza en su papel de acompañante de Aldama hasta la bocacalle de Orruño. Situado en ese lugar, afirmaba haber oído ruido de pedradas y haber distinguido bultos de personas en los hastiales entre Orruño y Francos, unos arrimados a los pilares y otros junto a las tiendas. Marfagón siempre dio a entender que allí había habido muchas personas. Avanzó hacia la casa de Torrecilla y allí se habría encontrado con Salaberri, quien le preguntó qué hacía allí y quiénes eran aquellas personas. Le respondió que no sabía, que solo veía uno de sombrero blanco que podía ser el Comandante de la Guardia, y Salaberri fue a donde el. Recordemos que Salaberri solo dijo haberse encontrado con Picaza, en ningún momento con Marfagón. Nadie aludió a persona alguna con sombrero blanco. En su línea.

El declarante aseguró que, después de esta conversación, regresó a donde estaba Aldama, llegando después Aguirre y posteriormente Picaza. Éste y Aldama se fueron a sus casas. No había visto a Garay desde que se desviara al salir de la calle Burgos, de modo que aquí contradijo nuevamente las declaraciones de sus compañeros. Además, Garay vivía en la calle Francos, de modo que no tenía ningún motivo para haber tomado un rumbo diferente cuando regresaban de la casa de Gutiérrez. Sin embargo, y tras mucho insistir los interrogadores en sus contradicciones, terminó por señalar que sí, que habían estado los cinco cerca de la bocacalle de Orruño: Aldama y él en este mismo lugar, Picaza y Aguirre hacia medio hastial y Garay cerca de la tienda de Agustín de Aranguren; y que entonces llegó Marubay y les dijo que se fueran a sus casas, a ellos y a esas otras personas misterioras que estaban detrás de los pilares y de las que nada se supo –probablemente porque no existieron-.

 

Las pesquisas para tratar de arrojar un poco de luz sobre el incidente no resultaron muy fructíferas. Algunos de los vecinos más cercanos al lugar de los hechos oyeron ruido pero, al ser día festivo, pensaron que era gente divirtiéndose –a pesar de las horas que eran ya-. Otros, como Matías Juan de Angulo, no se enteraron de nada, en su caso por haber regresado de viaje y estar agotado. El testimonio más interesante puede ser el de Ramón de Madariaga, que vivía en la segunda puerta de la calle Vieja. Ramón se asomó a la ventana hacia las nueve y media o diez de la noche y oyó voces en la plaza, entre ellas alguna que dijo tres veces en voz muy alta “biba la constitucion”. Con el Trienio Liberal recientemente abortado por la restauración absolutista de Fernando VII, en la que tomó parte de manera muy activa el vecindario orduñés, la perspectiva de hallarnos en este caso con un trasfondo político nos resultaba sumamente atractiva. Sin embargo, nada más se supo de esto. Nadie más pareció oírlo.

Digno de mención fue también la declaración de Martín de Mendieta, natural de Lezama y criado en la citada casa mesón. Según sus palabras, sobre las siete y media de la tarde, en medio de la escalera principal de la casa, Francisco de Marfagón expresó que llevaba una bayoneta francesa, la enseñó y dijo que buscaba “algun negro” para matarle pero no lo había encontrado. Juan de Arenas habría sido testigo de la conversación y, en efecto, ratificó que el encuentro se había producido, pero no recordaba qué dijo exactamente Marfagón de la bayoneta.

 

Después de dejar a Ventura en su casa, Gardeazabal y Galíndez fueron a dar aviso al Comandante de la Guardia de la ciudad, como subalternos suyos que eran, ya que también eran miembros de ella. Juan Antonio de Goiri Olabarrieta había nacido en Laudio/Llodio en 1792. Con veinte años, se alistó en el ejército en Potes para luchar contra los franceses, y a buen seguro debió destacarse en la sublevación realista del Trienio Liberal, ya que en octubre de 1823 figuraba ya como Comandante en Orduña en una carta enviada al rey vanagloriándose de su desafección hacia el régimen liberal y su masivo apoyo a Fernando VII. Todavía faltaba una década para la sublevación carlista de la que Goiri sería uno de los cabecillas comarcales hasta que se acogió al Convenio de Bergara del 31 de agosto de 1839, de manera que en enero de 1840 fue nombrado administrador de la Real Aduana de la ciudad vizcaína. En los inicios del año 1824 gozaba del importante cargo de Comandante de la Guardia de la ciudad, que no era más que la institucionalización como fuerza policial legal de las partidas realistas antiliberales que se habían formado en los años anteriores. Como la participación de orduñeses en estas partidas fue muy alta, parece que “todo quisqui” era miembro de esta Guardia.

Goiri estaba en la casa de su suegro Rafael de Aldama, por donde parece que habían pasado Marfagón y Manuel de Aldama unas horas antes. Recibido el aviso de la agresión, el Comandante ordenó a Gardeazabal y Galindez que fuesen a sus casas a por sus correspondientes fusiles, bayonetas y cananas y que acto seguido se dirigieran al portegado de la casa consistorial. Goiri acudiría al mismo sitio en compañía del sirviente de su suegro, Tomás de Acha, al mismo tiempo que envió a su propio sirviente, Santiago de Larrea, a avisar a su ayudante Ildefonso de Echevarria para que acudiera al dicho lugar armado con su espada. Ambos criados eran naturales de Orozko.

Goiri y Acha, armados con sable y carabina respectivamente, fueron los primeros en llegar. No portaban luz alguna, al contrario de lo que afirmó Aguirre. Y seguramente por eso sorprendió al susodicho y a Marfagón viniendo desde la bocacalle de Vieja. Dijeron que estaban paseando pero, sin mayores rodeos, Goiri preguntó a ver si portaban armas, y Marfagón respondió que había portado una bayoneta pero ya la había dejado en su casa. Entonces llegaron Gardeazabal y su sirviente, el laudioarra Pedro de Aldaiturriaga, con un farol, y al momento apareció también Galindez. Gardeazabal se colocó a la espalda de Marfagón y gracias a la luz de su sirviente pudo ver que el hombre tenía una bayoneta escondida debajo del capote y su brazo izquierdo. Goiri se la quitó y dispuso que los dos hombres subieran a la cárcel, que se encontraba en la misma casa consistorial. En ese momento llegaron Larrea, Echevarria e Ildefonso de Galatas, éste con su fusil y bayoneta como miembro que también era de la Guardia. Vivía cerca y había acudido al escuchar ruido y voces, especialmente las de Gardeazabal y Goiri. También Salaberri llegó en algún momento de éstos.

Como niños atrapados en alguna travesura, Marfagón y Aguirre se resistieron a subir a la cárcel y no tardaron mucho en protestar que no eran los únicos que habían andado por ahí aquella noche, delatando prontamente a Juan de Picaza y Manuel de Aldama, que también eran miembros de la Guardia. Fue Galatas quien agarró a Aguirre y le encontró otra bayoneta debajo de su brazo izquierdo. No sin resistencia, lograron subir a los dos hombres a la cárcel. Aguirre rasgó la camisa del alcaide Pedro de Iturricha, que estaba en su cama cuando su hija le avisó de que Goiri estaba llamando. Recordemos que Iturricha también había estado en la taberna de Larrondo, de donde se había marchado cuando llegó el regidor Pereda. Marfagón fue introducido en la jaula y Aguirre en el calabozo.

La comitiva encabezada por el Comandante se dirigió a casa del aludido Picaza, a quien llevaron a la cárcel; y después hicieron lo mismo con el resacoso Manuel de Aldama. Parece que en algún momento posterior Goiri fue informado de que el cirujano Gutiérrez había sido llamado de parte de la casa de Ventura de Marubay para que éste fuera asistido.

Y, con esta información, Goiri acudió a casa del alcalde y juez ordinario Juan Bautista de Basabilbaso, que estaba acostado en su cama. Enterado de todo lo ocurrido, el alcalde ordenó que los reos permanecieran detenidos bajo la custodia del alcaide y sin comunicación de ninguna clase entre ellos. Posteriormente, fue a la casa de Marubay, hacia la mitad de la calle Burgos, junto al cirujano Mariano de Barriocanal y otras personas. El herido estaba en cama en un cuarto inmediato a la sala de la casa y fue examinado de nuevo, ahora en presencia de las autoridades. Ventura estaba “adornado con camisa limpia de lienzo regular de la tierra y de un chaleco de triple fondo pajizo con solapas y seis botones en cada una, bolsillos con forro por de fuera la espalda y en las delanteros” y en la solapa derecha tenía un “ahugerito triangular de estension al parecer como de quatro linias escasas” advirtiéndose una manchita de sangre en la parte superior del agujero y otra un poco más abajo. Y tenía en sus ropas otras manchitas de sangre del tamaño de una mosca o una lenteja. El escribano recogió el chaleco para custodiarlo como prueba. Su mujer Ramona de Mendibil dijo que era el mismo chaleco que llevaba su marido al llegar a casa. Y aunque examinaron el resto de ropas que había llevado no observaron más manchas de sangre, si bien dos de las prendas estaban recién levadas para que no se estropearan con las manchas de sangre. En ellas sí localizaron algunos agujeros y más restos de sangre, de modo que el escribano también se las quedó.

En su costado derecho y próximo a la “costilla primera verdadera”, Ventura tenía una herida que, según el cirujano Barriocanal, había sido provocada con un instrumento punzante cortante de figura triangular sin que se le advierta a Ventura en su cuerpo otra alguna herida ni señal de contusión. Era una herida realizada con una bayoneta, en su opinión. Esa mañana del día 2 de enero también el cirujano Gutiérrez fue con Barriocanal a atender a Ventura, a quien hallaron con bastante opresión al pecho; le aplicaron los medicamentos que juzgaron convenirle y le hicieron una evacuación con previsión de realizar otra por la tarde.

En los días siguientes, se examinaron las ropas del herido así como las armas incautadas a los reos. Uno de los dos sastre que examinó las ropas fue otro viejo conocido, Pablo Ximénez. Por su parte, Goiri señaló que las bayonetas incautadas no eran las que se habían entregado para el servicio de la Guardia, sino que estaban más sucias y roñosas. Los maestros herreros y armeros de la ciudad, Pedro de Izaguirre y José de Unzueta, reconocieron las bayonetas, que estaban bastante usadas. No hallaron rastros de sangre en ellas pero reconocieron las ropas y constataron que los agujeritos bien correspondían con las puntas de las bayonetas.

 

La tarde del día 6 los dos cirujanos afirmaban que Ventura estaba con alguna alteración en su pulso y bastante desazonado por lo que habían dispuesto que se confesase y recibiese el Viático. El alcalde mandó que un tercer cirujano, Eugenio de Torrecilla, fuese al día siguiente a las ocho de la mañana en compañía del médico José de Gorria a reconocer al herido. Sin embargo, Gorría estaba en cama bastante indispuesto debido a una especie de flujo de sangre. A pesar de ello, al día siguiente Gorría hizo el esfuerzo de ir a examinar a Ventura; afirmó que el herido estaba padeciendo una pulmonía espuria, enfermedad peligrosa que podría haber sido causada por el invierno o por un derrame de líquidos de los pulmones por algún golpe contuso en las partes continentes de la cavidad vital, aunque de esta segunda causa no tenía nociones suficientes para afirmar que había causado la pulmonía.

El día 8 los tres cirujanos observaron que la herida no tenía rubicundez, inflamación, ni edema, manteniéndose en su color natural si bien expelía una leve serosidad y se hallaba con alguna calentura echando algunas gotas de sangre en el esputo.

Sobre la medianoche del 9 al 10 de enero, Barriocanal estaba acostado en la cama de su casa, situada en la plaza, cuando fue llamado por Benita de Marubay y María Jesús de Urdanpilleta, hija y cuñada de Ventura, para que fuera a visitarle. A pesar de la urgencia, le encontró con buen pulso y en su sano juicio. Permaneció con el varias horas, hasta las cinco o cinco y media de la madrugada, cuando regresó a su casa. Pero entre las seis y media y las siete un “sobrinito” y un nieto de Ventura le avisaron para que fuera de nuevo a verle. Sin embargo, cuando llegó a calle Burgos, le dijeron que el hombre acababa de expirar, de manera que fue a buscar a su colega Gutiérrez para examinarle juntos y lo encontraron efectivamente muerto en su cama.

Al día siguiente, 11 de enero, a las ocho de la mañana, fue examinado el cadáver en su propia casa por los tres cirujanos ya mencionados. Estaba expuesto en dos mesas, custodiado por dos personas. El examen certificó que la herida era mayor en el interior de lo que parecía en el exterior, la pleura había sido dañada y hallaron un derrame de sangre que circundaba los pulmones pero sin herida, por lo que dedujeron que habría sido causado por alguna erupción de vasos en las partes afectadas por el golpe. Su dictamen fue la herida fue peligrosa y no mortal de necesidad, pero habría causado el derrame que resultó fatal. Su cadáver fue sepultado en el cementario al norte de la iglesia.

Los interrogatorios a los reos comenzaron el 19 de enero. Por entonces, Domingo de Aguirre no estaba en muy buenas condiciones. El médico seguía indispuesto con sus achaques, de modo que fue el cirujano Torrecilla quien lo examinó y lo encontró sin habla y en precarias condiciones debido sobre todo al tiempo frío que hacía. Dispuso como remedio que le dieran vino rancio, recomendando su traslado a un habitáculo más abrigado, con una cama y lumbre bien encendida sin tufo ni peligro de incendio. Si empeoraba su estado, habrían de llamar al párroco para que le diera la Extremaunción. Todas aquellas medidas se cumplieron, por cierto.

Después de sus declaraciones, fue nombrado promotor fiscal Manuel López Borricón, un tejedor que, para variar, también era vecino de la calle Orruño. Los reos nombraron a sus defensores y comenzó el juicio del caso propiamente dicho. No nos interesa hacer un seguimiento del mismo así que nos limitamos a lo fundamental: el promotor pidió para Marfagón la pena de diez años de presidio con retención en Puerto Rico y la pena de ocho años para Aguirre. Lo más curioso de todo es una afirmación del defensor de Marfagón: que el hombre había salido para “distraerse del aburrimiento q naturalmente causa el frecuente trato y vista de su familia”.

En junio aún seguían presos y la causa había pasado al tribunal del Corregidor y Diputados Generales del Señorío, por lo que los cuatro nombraron procuradores. Este tribunal dio por buenas las conclusiones del fiscal y condenó a Francisco de Marfagón a diez años de presidio en Puerto Rico y a Domingo de Aguirre a cuatro en el castillo de San Sebastián. Picaza y Aldama tuvieron por pena la prisión que ya habían sufrido, y los cuatro fueron condenados mancomunadamente en costas. Era el 18 de noviembre de 1824. El 16 de diciembre el alcalde Basabilbaso entregó al miquelete Marcos de Barañano a los presos Marfagon y Aguirre para ser conducidos a la cárcel de Bilbao.

Pleito de Elejazar (III)

 

 

Mes y medio después de finalizar el interrogatorio a los testigos presentados por la parte contraria, el 15 de abril de 1768 el Gobernador respondió positivamente a la petición de Olabezar y Larrinbe para que se reconociera in situ el monte de Elejazar. Por esta parte, se nombró como peritos a Francisco Xabier de Irabien y Eugenio Antonio de Acha, muy destacados vecinos de Quejana y Respaldiza respectivamente. Por su parte, Amurrio se negaba a este reconocimiento y por ello no designó perito alguno, de modo que el abogado Juan Valentín de Ibarrola, vecino de Lezama, fue nombrado de oficio.

La visita se realizó los días 25 y 26 de mayo con la asistencia de Juan de Isasi, Domingo y José de Aldama, vecinos del barrio de Aldama. Éstos llevaron a la comitiva hasta el lugar en que había estado un roble que marcaba la división entre el término común de los cinco concejos y el dehesado privativo de Amurrio. Los peritos pudieron apreciar que el monte comunero estaba muy poblado y con necesidad de entresacar, aunque había muchos árboles mal podados y otros que estaban cortados por el pie a pesar de su pequeño tamaño. Después, los tres hombres mostraron un plantío –de ínfima calidad, señalan- que los vecinos de Amurrio habían hecho en el término de Salamanca pero dudaban si era comunero o dehesado; ni siquiera los vecinos más cercanos tenían muy claros los límites entre uno y otro. Y esto va a ser una constante en adelante: los testigos llamados a declarar confunden continuamente los términos, no tienen muy claro qué pertenece a quién, se contradicen unos a otros y sus propias declaraciones anteriores, etc.

Al día siguiente, Amurrio pidió la nulidad de la Ordenanza y denunció que el escribano que estaba entendiendo en la causa, José Ventura de Villodas, tenía parcialidad conocida con los pueblos demandantes y ejercía su influencia sobre el Gobernador Mendieta. Su pretensión fue denegada.

En el mes de noviembre, el concejo de Amurrio presentó una serie de escrituras para que fueran compulsadas e incluídas en el pleito; la mayoría de ellas trataba de multas que el concejo de Amurrio había cobrado de diversas personas por excesos cometidos en los montes de Elejazar. Por ejemplo, el 4 de febrero de 1743 multaron a cuatro vecinos de Berganza y Onsoño por cortar acebos por el pie. Por aquel entonces, Amurrio pleiteaba con Larrinbe sobre la roza realizada por los vecinos de este pueblo en el monte de Sobre Pagaza y término de Curzecomendi. Larrinbe se amparaba en las ordenanzas de los cinco concejos; tras varios dimes y diretes, llegaron a un acuerdo según el cual aprovecharían la roza por tres o cuatro años pero después debían hacerlo en sus propios términos, que eran desde el arroyo debajo de los manzanales y jaral del caserío Pardio de Abajo hasta el robledal de Suerraran, propio de la casa de Curzialde y desde allí por el arroyo al salcedal de la casa-rueda del difunto Bartolome de Escalza, que estaba en Amurrio –en Okeluri, concretamente-.

También se compulsó una visita de mojones entre Amurrio y Luyando que se hizo el 17 de julio de 1763 después de que algunos vecinos de éste hubieran roturado tierras en Enorduy excediéndose bastante. Con ello querían probar que había sido el concejo de Amurrio quien participó en el apeo y puso dos mojones nuevos para mayor claridad, sin participación alguna de los otro cuatro concejos.

Tras un alegato muy largo y bien fundamento presentado por parte de los dos concejos, el Gobernador sentenció el 11 de julio de 1769 que Olabezar y Larrinbe habían probado bien su demanda y declaró que el monte de Elejazar era comunero en todo género de aprovechamiento con sus dehesas. José de Aldama y Pablo de Urrutia fueron condenados a entregar en el plazo de cinco días lo que correspondía a los otros concejos de la multa impuesta a Olazar. Y todos ellos debían arreglarse a las ordenanzas en la corta y recogida de leña para sus hogares y edificios. Tras presentar las habituales alegaciones, el 17 de agosto el Gobernador ratificó la sentencia.

Aún así, no fue hasta el 12 de octubre que los regidores de Amurrio entregaron el dinero que debían a los dos concejos, y además con protestas sobre la sentencia y contra el escribano del caso porque no había querido darles traslado de algunas escrituras. De hecho, insistieron presentando un pleito que había tenido lugar en 1750-51, cuando Juan de Isasi y José de Aldama, los ya citados vecinos de Aldama, acusaron a Matías de Orue por haber hecho cortas en los castañales de Mendico Requeta –también figura como Mendico Errequeta– y Erroispe que eran de su propiedad, y habiendo sido reprendido por ello por Maria de Mendieta contestó que “tanto tenía que mandar en dhos castañales” como ellos; además a Aldama le habían robado mucha castaña de una “cortina o erizal” que tenía en un castañal propio.

Según buena parte de los testigos presentados por los acusadores, los castañales estaban situados en un dehesado propio del lugar de Amurrio, en el que otros muchos vecinos tenían por propios y plantados por sí y sus antepasados diferentes porciones de castaños y los habían gozado privativamente aprovechándose de sus frutos y leña sin dar parte a nadie y sin contradicción alguna, pagando el diezmo correspondiente por ellos a la parroquia. Un testimonio interesante es el de Francisco de Ugarte, vecino de Onsoño, que había fabricado carbón para los acusadores en varias ocasiones empleando la leña de sus castañales. Francisco contó que en una ocasión que iba para su casa se encontró al acusado Matías de Orue con un costal y dos varas injertas por medio con su brazadera de hierro para poder alcanzar mejor cualquier fruto con su gancho también de hierro.

Se cuenta también que, el año anterior, Isasi había cedido parte del fruto de sus castañales a Antonio de Salazar, vecino de Saratxo, pero cuando fue a ello resultó que las castañas habían sido vareadas y desgranadas debajo de los mismos árboles. Testigo de ello fue el joven Manuel de Aldama Echeguren, natural del barrio de su apellido y de catorce años de edad, que se encontró con Matías y le dijo “oy Matias según ba ya ha de hacer media fanega de castañas” y le contestó “vien estoy si no hago mas”. Por allí andaban también una mujer y otros mozos de la zona.

Pero claro….no faltaron testigos dispuestos a exonerar a Matías. Por una parte, los celadores de montes Juan de Abechuco y Diego de Aldama examinaron las ramas cortadas y, al parecer, dictaminaron que las ramas cortadas eran de corto valor y en beneficio de los árboles, porque en realidad los habían podado. Por otro lado, los testigos presentados por los acusados consideraban que los castañales estaban situados en Erroispe, lugar prohibido por la Ordenanza que siempre había estado en observancia, de manera que siempre se habían protestado los plantíos realizados en este lugar y de hecho Juan de Aldama, el padre de José, había sido multado. Sin embargo, los castañales de Mendico errequeta sí que eran concejiles.

Se contaba que treinta años atrás se había celebrado una junta de los cinco concejos en el campo de San Antón para tratar sobre los plantíos efectuados en ese lugar, en la que Felipe de Lezama Eguiluz propuso dejarlos para beneficio del común, en lo que se conformaron. Y unos dieciséis años atrás Domingo de Beraza y Francisco de Bolloqui fueron por orden de Diego de Landa a cortar madera a Elejazar, pero estando en ello fueron apresados por los regidores Felipe de Lezama y José Ventura de Respaldiza.

El alcalde ordinario Antonio de Echebarria sentenció el 15 de junio de 1752 con asesoría del Licenciado Juan de Latatu, vecino de Orduña; el fallo fue favorable a los demandantes, a quienes declaró dueños de los castaños, ya que los capítulos de las ordenanzas no estaban confirmadas ni en observancia ni con las solemnidades reales, por lo que los acusados fueron condenados en 1.000 reales y en seis meses de destierro de Alava, y en caso de no cumplir se les pondría el doble de pena en el castillo de Pamplona.

Hay dos aspectos muy llamativos de este pleito. Primero, que el alcalde Echebarria desechara la validez de las ordenanzas tan taxativamente y sin duda alguna. No se oculta que existía cierta organización entre los cinco concejos, que celebraban reuniones en el campo de San Antón. Y aunque podría pensarse que la existencia de esta comunidad no conlleva necesariamente la autenticidad de las ordenanzas, no deja de ser cierto que dificilmente existiría una institución de este tipo sin un reglamento u ordenanzas. Y si no eran las de 1570, ¿cuáles? El segundo aspecto que nos llama la atención es, en relación con lo anterior, que este pleito no hubiera aparecido previamente, antes de la primera sentencia, siendo tan favorable a los intereses de su defensa.

 

La cuestión es que pocos días después de que el concejo de Amurrio abonara lo que debía a Larrinbe y Olabezar procedente de la multa a Bernardo de Olazar, el regidor Pedro de Yarritu y el celador de montes Antonio de Arana habían retenido dos carros de leña que Isidro de Ugalde, vecino de Olabezar, bajaba del monte para su casa y la de Manuel Tomás de Abasolo. Según ellos, la leña había sido cortada en la dehesa de Lekuzabal, privativa de Olabezar. Ya el año anterior habían retenido dos carros del mismo Ugalde so pretexto de bajarlos de la peña de Arkotxa y no de Lekuzabal.

En todo caso, la cuestión no fue retomada hasta el 21 de enero de 1770, cuando se procedió a interrogar a los testigos presentados por ambas partes. Las contradicciones y confusiones entre ellos fueron notables. Manuel de Otaola, natural de Amurrio de 21 años, estaba con su amo Francisco de Olartegochia derramando castaña en Arkotxa cuando vio que los dos vecinos de Olabezar cortaron un roble por pie y cargaron la leña en dos carros; entonces, llegaron Francisco de Padura y Josefa de Olartegochia a bajar unos bueyes, hablaron del tema y Otaola fue enviado a dar parte al regidor Yarritu.

Curiosamente, Padura en su primera declaración dijo que la corta se había realizado en Lekuzabal, dehesa privativa de Olabezar. Pero su suegro Francisco de Olartegochia, “bien reflexionado”, declaró que había ocurrido en la Peña de Arcocha, donde los vecinos de Olabezar también solían cortar leña para sus hogares y edificios. Su hija Josefa, la mujer de Padura, dijo que fue en Arkotxa. Asensio de Aldama que fue en Lekuzabal. Pero la cuestión no era sólo dónde habían cortado el roble sino el status de cada uno de los términos. Así, Manuel de Zumelzu consideraba que Arkotxa era un término incluído en la dehesa de Lekuzabal.

Padura cambió totalmente de testimonio de un momento a otro. Decía que siempre había tenido por Lekuzabal el lugar donde les vió cargar los carros, pero que era cierto que muy cerca había una peña. Pero el principal cambio es que ahora negaba que la dehesa fuera término privativo de Olabezar. Sin embargo, su suegro se ratificó en que si los de Amurrio habían sido atrapados cortando algún árbol por pie en Arkotxa habían sido multados por los de Olabezar, tal y como le había ocurrido a el. Sin embargo, Pedro de Olartegochia afirmaba que los vecinos de Urieta iban a la dehesa a por leña para sus hogares y cerraduras sin que ningún vecino de Olabezar pusiera ningún embarazo.

Quizá el dato más significativo es que fue llamado a declarar el regidor de Amurrio, Diego de Ugarte, quien dijo haber visto la Ordenanza y que el término era para aprovechamiento exclusivo de los de Olabezar. Por eso sorprende sobremanera que el 15 de marzo, como regidor que era, figura como principal encargado de la defensa de los intereses de la localidad en la presentación de los testigos de su parte. En este contexto, Manuel de Olartegochia, vecino de Izoria de 34 años, dijo que tenía entendido que la leña fue cortada en Lekuzabal y no en Arkotxa, que “le llamaban assi por tener de señal una Peña y arriba de esta Peña un tocanal titulado Arcocha” y ambos estaban dentro de la dehesa; sin embargo, había visto a los de Amurrio, no a los de Olabezar, aprovechar la leña de Arkotxa, y de Lekuzabal a los dos; ambos estaban en término de Amurrio. Contradictorio al máximo.

Tanto Manuel como Francisco de Olartegochia creían que los de Olabezar iban a Arkotxa a cortar leña para regresar por el camino de San Silvestre y evitar ser prendidos. Felipe de Olartegochia, sin embargo, negaba estas cortas clandestinas, y afirmó que al tiempo había hecho una rotura en Lekuzabal junto a su padre sin objeción alguna por los de Olabezar, ya que unos y otros se aprovechaban del término.

Pero las contradicciones no cesan. Francisco de Viguri, vecino de Apregindana de 28 años, había servido nueve años en Amurrio y parte de ellos en el barrio de Urieta y había visto que el término de Arkotxa era separado del de Lekuzabal aunque no había islos sino una peña o esquina que bajaba del campo de Salamanca.

 

Como resumen de todo este galimatías, Amurrio quería que se declarase propio y privativo del pueblo el monte de Elejazar y sus dehesas, sin que ello supusiera una contradicción a la comunidad de pastos -solo de pastos- con los cuatro concejos. Consideraban haber probado que habían sido sus regidores quienes daban permiso y marcaban los árboles que se podían talar o podar; que eran ellos quienes cuidaban los montes, apagaban los incendios, hacían plantíos y apeos, todo a su costa; que cuando los vecinos de los otros pueblos habían entrado a cortar leña y fueron prendados, habían pagado las multas sin contradicción. Solo alguna vez los regidores de Amurrio habían dado a los otros concejos parte de lo percibido por algunas ventas, “deslumbrados” por la Ordenanza.

Insistían, como habían hecho antes, en que la Ordenanza de 1570 nunca había estado en vigor ni había sido consentida en Amurrio, de modo que muchas de las prácticas que en ellas se estipulaban nunca se habían observado, como la existencia de jueces diputados o la revisión de los montes por los montaneros cada quince días. Consideraban público y notorio que nunca se había observado la prohibición de plantar castaños en ciertos términos que se citaban en la Ordenanza, lo cual se demostraba con el auto dado por el Consejo el 4 de diciembre de 1754. En definitiva, se mantenían en su postura de que la Ordenanza se había hecho para facilitar la cobranza de los grandes gastos que estaba haciendo Juan de Urrutia, administrador de Pedro de Ayala, en sus pleitos contra el valle de Orozko. Urrutia era poderoso e influyente y por medio de la participación en los montes de Amurrio, “que son considerables”, quiso atraer a los principales vecinos de los cuatro concejos para que contribuyesen en los gastos de los pleitos con Orozko, especialmente en el de comunidad de pastos que solo seguía, según afirmaban, con el fin de cansar y consumir a Orozko para que no se pudiera defender en el que tenía con Pedro de Ayala, nieto del Comunero a quien se confiscaron los bienes y de cuyo dominio fue separado el valle de Orozko.

Amurrio alegaba que cada concejo era totalmente independiente, cada uno gobernado de acuerdo con sus propias ordenanzas y todos por las de la Tierra de Ayala; de las supuestas Ordenanzas de los cinco concejos solo se habían acordado cuando algún vecino o vecinos habían querido aprovecharse de lo ajeno. Remarcaba que las partes contrarias llamaban “monte comunero” a Elejazar pero las Ordenanzas se referían a el como “dehesado”. Se preguntaban: ¿por qué la Ordenanza llama monte común a todo si luego hablan de montes privativos y dehesados?

 

Por su parte, el representante de Olabezar y Amurrio se basaba sobre todo en lo contenido en la escritura de venta de leñas que se hizo a Olazar y el incumplimiento de Amurrio de la misma al negarse a pagar lo estipulado (y en ello tenían toda la razón, porque Amurrio estaba incumpliendo las condiciones pactadas en esa escritura concreta). Argumentaba también que Amurrio no había justificado la propiedad del monte de Elejazar ni nada de lo que había alegado. Consideraban que, aunque el monte de Elejazar estuviera dentro de los límites de Amurrio, no por ello era suyo el dominio ni mucho menos eran privativos sus aprovechamientos, ya que los cinco concejos siempre habían sido dueños de los montes y dehesas comunes, y no tenían una simple comunidad de pastos sino de todos los aprovechamientos. No se le habían pasado por alto las contradicciones de los testigos –lo mismo se decia que los montes de Elejazar eran privativos de Amurrio que se reconocía que la dehesa de Lekuzabal era de Olabezar- y fue refutando los argumentos con un lenguaje muy confuso, técnico, más centrado en cuestiones legales que en hechos concretos, y señalando puntillosamente contradicciones de los testigos presentados por la parte contraria. Por ejemplo, consideraba que la detención de los carros o las multas a vecinos de Larrinbe no habían sido por el mero hecho de cortar leña sino por cortar árbol mayor y carrasco de vida por pie, lo que estaba prohibido por la Ordenanza. También resaltó que tantos testigos dijeran que para sacar materiales para sus casas de Elejazar había que pedir permiso a los regidores de Amurrio pero que estos no se pudieran negar y que en caso de hacerlo lo habían ejecutado igualmente sin contradicción alguna.

Por el contrario, pasó muy de puntillas por el tema de la Ordenanza. Uno de sus pocos argumentos al respecto fue que si desde su primera Junta General en 1571 había algunos capítulos que se habían dejado de observar, no por ello se podía decir que nunca hubieran tenido comunidad de pastos. Se hace notar también que en esos pleitos que tuvieron a mediados de siglo los regidores de Amurrio fueron instados a presentar el libro de ordenanzas para su compulsa y así lo hicieron, y eran las mismas que se habían compulsado en este pleito. Finalmente, para ellos el dehesado y el monte de Elejazar eran dos cosas distintas; y termina mencionando ordenanzas de otras comunidades montes que tampoco estaban aprobadas por el Consejo Real.

Estos dos últimos puntos fueron probados cuando el pleito fue retomado nada menos que en ¡septiembre de 1773! Más de tres años después. Fue en noviembre de dicho año cuando los apoderados de Olabezar y Larrinbe volvieron a presentar testigos. José de la Torre aseguró que, además del monte comunero de Elejazar, había un poco del mismo nombre que estaba en el centro de uno de los dehesados de Amurrio, al principio de donde se entraba a dichos montes comuneros y en ese campo había visto  plantados muchos carrascos y árboles mayores sirviendo dicho campo y árboles de separación. Antonio de Landaluze dijo que el campo que llamaban de Elejazar “según se entra como se ba por el camino real de Urietagoicoa de dho lugar de Amurrio a el” estaba en dehesado propio del mismo lugar, que seguía hasta un segundo campo, mediante entre uno y otro había una bajadita, y en los dos había estado plantando carrascos con el concejo y vecinos, que eran campos que siempre se habían tenido por dehesa de Amurrio; pero desde ellos hacia la parte de Olarte ya era el monte comunero de los cinco lugares, que lindaba con dehesados de Inordio y el de Arroispe.

Francisco de Orue, que se había criado y vivido en Amurrio hasta que se casó en Izoria un par de años antes, dijo que el monte comunero de los cinco concejos hacia la parte de Olarte se llamaba basogalanta “que quiere decir monte hermoso” y no lo había oido llamar Elejazar y la única división entre ambos era el mencionado campo. Es decir, su testimonio contradice el de José de la Torre.

En todo caso, el mayor acierto que en este momento tuvo la parte favorable a Olabezar y Larrinbe fue la compulsa de una serie de ordenanzas de montes entre diversas localidades ayalesas, ninguna de las cuales estaba aprobada por el Consejo Real y pocas por el Gobernador o algún representante de la Tierra de Ayala. Entre estas ordenanzas, que deben ser de gran interés, se observan las siguientes:

  • Ordenanzas entre Respaldiza y el barrio de Etxaurren para la conservación del ejido que tenían en común en el monte de Bagaza así como los derechos a comer la grana, pacer las yerbas, beber las aguas y aprovechar la leña. Año 1655. Tenía la firma de Juan López de Gorbea, alcalde ordinario.
  • Ordenanzas de los montes comunes de Izoria, Murga, Respaldiza y Luyando
  • Ordenanzas de Maroño e Izoria sobre el aprovechamiento de leñas, hierbas y aguas del monte común titulado de Babio. Año 1487.
  • Ordenanzas de Salmantón, Maroño, Aguiñiga y Madaria para la conservación del monte comunero de Yas. Año 1663. Aprobada por el Gobernador
  • Ordenanzas entre Zuaza y Quejana. Año 1500. Aprobada por la justicia ordinaria de la Tierra de Ayala
  • Ordenanzas de Llanteno, Retes y Costera para la administración de sus ejidos comunes. Año 1544.

 

Finalmente, se compulsó una pieza de autos formados por el Licenciado Pedro de Fontecha, que fue Gobernador y además administrador del Conde de Ayala. Entre las escrituras de esta pieza, se observa una reunión concejil de Amurrio en la que afirmaban que tenían comunidad de montes con Larrinbe, Saratxo, Etxegoien y Olabezar y que solo tenían derecho a la quinta parte de la madera de los montes comunes. Esto ocurrió en 1747.

 

El 9 de octubre de 1781 se sancionó finalmente el asunto y básicamente se confirmó la sentencia dada el 11 de julio de 1769. Los cinco concejos debían ajustarse a la Ordenanza de 1570 hasta que dispusieran unas nuevas, lo cual no parece que llegara a ocurrir nunca. Por lo tanto, los tribunales juzgaron probadas las reivindicaciones de Olabezar y Larrinbe, y en consecuencia la validez y veracidad de la Ordenanza de 1570. ¿Significa eso que la versión esgrimida por Amurrio respecto a las maquinaciones de Juan de Urrutia fuese incierta? Probablemente no, es muy posible que algo de cierto hubiera en todo ello. Pero, por otro lado, parece indudable que existió una comunidad de montes -de hecho hemos localizado el expediente de disolución de la misma, el cual dejamos para otra ocasión- y debió regirse sin duda por una ordenanza. Otra cosa es que parte del capitulado de la misma fuese reiteradamente vulnerado, lo cual no es de extrañar, porque lo mismo ocurrió sin ir más lejos con las Ordenanzas de la Tierra de Ayala.

 

 

Pleito de Elejazar (II)

 

 

 

 

Seguimos con el conocido como Pleito de Elejazar.

El 8 de febrero de 1768 comenzó en la casa del escribano Domingo Tomás de Echeguren, vecino de Olabezar, una serie de compulsas de documentos que tendrían su peso en el pleito. Concretamente, se presentó un apeo que tuvo lugar el 24 de agosto de 1675 con los regidores de Olabezar Juan de Ugarte de Belaunde y Juan de Gabiña y otros vecinos del pueblo que visitaron los mojones del monte de Elejazar propio de los cinco concejos. Primero visitaron un mojón yendo a la casa de Urietagoicoa en el puesto de Enorduy, que era el primero que confinaba con la jurisdicción de Luiaondo; más arriba y a la vista de éste visitaron otros dos mojones y luego otro en el punto de Lantegui que tenía grabado en la parte de arriba la fecha 1648 y a la parte de Luiaondo la de 1671 y los regidores pusieron en la piedra hacia la parte de arriba el año actual, a la vista de Olarte; visitaron el siguiente mojón que estaba más abajo, en el arroyo lindante con la jurisdicción de Luiaondo y Olarte, y con el castañal de Juan de Urrutia; visitados estos cinco mojones, fueron al punto de la entrada de Elejazar y plantaron un roble y después bajaron a Lekuzabal donde hallaron plantados muchos castaños, lo cual había ejecutado San Juan de Urrea, vecino de Amurrio, de quien se dice que era el vecino más cercano al lugar.

También se presentaron las escrituras entre Joaquín de Urizar y Roque de Picaza y pleito que pasó ante el Gobernador. Dicho pleito comenzó el 7 de enero de 1751 cuando Picaza, arrendatario de la ferrería de Zabalibar, propia de los herederos de Diego de Landa, compareció ante el Gobernador y pidió que se impidiese a Joaquín de Urizar, vecino de Miraballes, que cortase la porción de leña que se le había rematado en el monte de Elejazar. Picaza argumentaba que por costumbre y privilegio, como arrendatario de la ferrería de Amurrio, debía ser preferido a cualquier otro en el aprovechamiento de la leña que producían los montes comunes y particulares de dicha jurisdicción, y estaba presto a pagar el precio de las dichas cargas con las mismas condiciones en que se remataron. El Gobernador ordenó que quedase Manuel de Lezama como depositario y no se hiciera corta alguna.

Urizar protestó la decisión en base a tres argumentos. Primero, que Picaza asistió al remate y cuando Francisco de Aldama le ofreció los carbones dijo que no le convenía. Segundo, que Amurrio tenía recursos suficientes para alimentar cuatro ferrerías si fuera necesario. Tercero, que ya tenía la leña preparada para poner en hoyas y que no podía dejarla expuesta a robos o que se perdiera.

El 29 de marzo de 1754 se procedió a la presentación de testigos para este caso. El primero fue Francisco de Aldama Isasi, de 28 años, quien afirmó que el término de Elejazar era propio y privativo de los cinco concejos tanto para su aprovechamiento como en su propiedad; que al remate asistió Picaza, Pedro de Hernani y otros ferrones -pero no Urizar- y Hernani dijo que pujase el que quisiera pero que nadie importunase después a la persona que lo hiciera. En el segundo remate, que fue en favor de Hernani, éste le dijo a Picaza que hiciera postura para el tercero como ya lo había hecho en el primero pero le contestó que no le convenía porque era caro. El tercer remate se lo llevó Aldama, que luego lo cedió a Urizar por medio de escritura pública. Añadió que no había visto ni tenía noticia de que se hubieran sacado de los montes de los cinco concejos carbón para otras ferrerías pero sí había visto transportarlos del valle de Arrastaria y de montes particulares sin que nadie hubiera puesto traba alguna.

Pedro de Yarritu, vecino de Amurrio de 58 años, había tasado la leña vendida junto a José de Zulueta, de Larrinbe. Dijo que Picaza le había dicho que no a Aldama porque en Elejazar no podía entrar con el carro. En todo caso, opinaba que le vendría mucho mejor tomar los montes particulares que había cerca de la ferrería, los cuales solían vender su esquilmo para carbón. Al contrario que el testigo anterior, y que Diego de Ugarte, vecino de Amurrio de 38 años, comentó que sí se habían rematado leñas para carbón a personas que lo habían llevado fuera, y unos cuatro años atrás él mismo vendió hasta 400 cargas de sus propios montes a Juan de Barrones, de Llodio, que las llevó a sus ferrerías sin mayor impedimento.

Tomás de Gabiña, vecino de Etxegoien de 60 años, asistió al remate y le dijo a Picaza que entrase porque le traía a mayor cuenta que a un forastero y le contestó que no porque no podía entrar con carro en aquel paraje. Coincide en que se habían llevado carbones fuera sin oposición alguna.

La declaración continuó al día siguiente con testigos como Bartolomé de Esnarriaga, de 45 años, Francisco de Aldama, de 60, Juan de Zulueta, vecino de Larrinbe de 60 años, y Diego de Aldama, de 43, quien dijo que los montes cercanos a la ferrería no eran capaces de producir 8.000 cargas de carbón (que era lo que les preguntaban) pero las que hubiera las tenía mas en cuenta Picaza tomarlas que las que podía conseguir en Elejazar.

La causa continuó a principios de mayo en la casa de Águeda de Zulueta, vecina de Amurrio, con el interrogatorio de Picaza y la presentación de sus testigos. Roque dijo que no se halló en el tercer remate, que era imposible que en las cercanías de la ferrería sacara 8.000 cargas de carbón, sino 800 o 900 como mucho; dejó por cierto que se tenía costumbre de vender leña en remate público pero que si se había conducido a ferrerías de fuera había sido con ignorancia de los ferrones o porque no las necesitaban.

Domingo Tomas de Echeguren, el escribano de Olabezar que por aquel entonces tenía 34 años, añadió que había oido vagamente decir a Martín de Otaola, de Amurrio, que Roque no necesitaba los carbones y los tenía ofrecidos a otro ferrón, pero se remitió a lo que había declarado el propio Roque. La mencionada Águeda, de 41 años, afirmó que Urizar, Aldama y Yarritu estuvieron comiendo en su casa, y les dijo que “era mucho” que Roque no hubiera entrado en los carbones que se habían rematado, a lo que le contestaron que no los había querido.

Juan de Ugarte, vecino de Amurrio de 51 años, dijo que Picaza era arrendatario de la ferrería de Zabalibar desde hacía unos 13-14 años y lo había renovado por otros nueve; que el monte de Elejazar estaba sito en jurisdicción de Amurrio y que los cinco concejos tenían comunidad de aprovechamiento; tenía por cierto que los arrendatarios de las ferrerías de Zabalibar y Luyando –cuyo administrador entonces era Luis Cristobal de Garbiras- tenían preferencia a otras de fuera no solo sobre la leña de los montes de Elejazar sino también a las de otros montes comunes y particulares; dijo que los montes del lugar no producían el suficiente carbón para alimentar la ferrería de Zabalibar y por eso le constaba que Picaza se valía de los montes de Altube y de otras partes, como había hecho ese año con 4000 o 5000 cargas y que los dueños de las ferrerías de Berganza y Ziorraga se las habían quitado y por ello le hacían mucha falta dichas cargas de Elejazar.

Domingo de Arana, vecino de Amurrio de 49 años, fue quien comunicó a Roque que le habían prendado las cargas que había comprado en Altube. Los demás testigos no aportaron nada nuevo. La sentencia pronunciada por el Gobernador el 14 de junio de 1751 desestimó la pretensión de Roque de Picaza.

 

Regresando al 8 de febrero de 1768, a la casa del escribano Echeguren acudió Francisco de Yarritu Bañueta y dijo que el día anterior el pueblo de Amurrio reunido en concejo decidió que ahora sus representantes en este asunto fuesen los actuales regidores, que eran el mismo Yarritu y Bartolomé de Esnarriaga menor.

El 24 de febrero, en la casa de Antonio de Urrutia en Luyando, se procedió a la presentación de testigos de la parte de Amurrio. Los puntos por los que se les preguntaría, y lo que querían demostrar, eran los siguientes:

  • que cada uno de los cinco concejos era separado y el monte de Elejazar estaba dentro del término de Amurrio, de modo que vendían la leña de dicho monte sin intervención de otros lugares, multaban a los vecinos de los cuatro concejos que habían entrado a cortar leña, y cada vez que hubieran necesitado materiales para sus casas pedían licencia a los regidores de Amurrio
  • que habían hecho en Elejazar cuantos plantíos habían querido sin asistencia de los otros lugares, así como apeos y demás por valor de 20.000 pesos en los últimos 200 años;
  • que el monte era de muchas leguas de extensión y para reconocerlos era necesario invertir muchos días, que en 1570 sumaban los cinco concejos unos 270 vecinos y Amurrio pasaba de los cien, y que Diego de Urrutia escribano fue vecino de Etxegoien y Presebal de Mujica de Larrinbe, todo ello encaminado a mostrar la falsedad de las ordenanzas
  • que en 1570 había un pleito pendiente entre el valle de Orozko y el Conde de Ayala sobre nombramiento de alcaldes y otros oficios, y al mismo tiempo se seguía otro entre Orozko y los cinco concejos sobre mero aprovechamiento de pastos y aguas. Por aquel entonces, Juan de Urrutia era vecino de Amurrio y administrador de los bienes del Conde, “sujeto de mucha estimación, poderío y de grandes combeniencias, de que dan testimonio las compras edificios y fundaciones que hizo”, que habría seguido este segundo pleito con el mayor tesón imposibilitando que Orozko se defendiera convenientemente en el primero y así el conde la gratificaría, como le hizo al otorgarle los diezmos de varios lugares.
  • En relación al punto anterior, preguntaban sobre Juan de Urrutia, Diego de Urrutia, Christobal de Ugarte, Juan Perez de Echeguren y Juan de Velasco, sujetos de muchas conveniencias, escribanos reales “y como tales de maior autoridad y estimación en este país” y todos juntos, también con Presebal de Muxica, habrían sido los más interesados en la prendaria de ganado hecha por Orozko y fueron los que manejaron y costearon el pleito; en este sentido, habrían usado del artificio de las Ordenanzas para facilitar el reintegro de los gastos cuando se siguió nuevo pleito con Orozko y debe suponerse que los otros cuatro lugares contribuyeron gustosísimos al salir tan beneficiados por las ordenanzas, pero no por ello Amurrio las admitió y como prueba de ello su concejo y vecinos nunca las habían observado ni tenían copia de ellas
  • Se preguntaba también sobre un pleito entre Olabezar y Etxegoien sobre límite de jurisdicción y propiedad de una porción de monte dentro de los términos delimitados por la ordenanza, el cual fue ganado por el primer concejo, que vendió mucha leña para carbón de ese monte y se quedó con todo el import
  • Se preguntaría sobre el supuesto hecho de que Olabezar y Saratxo impedían a los vecinos de Amurrio usar la piedra de los ríos de su jurisdicción y cuando les permitieron llevar alguna fue a cambio de dinero, mientras que los vecinos de Larrinbe cuando necesitaron piedra de las canteras de Amurrio pedían licencia

 

 

El primer testigo fue Domingo de Urquijo Bengoa, vecino de Luyando de 66 años. Como harán todos, a grandes rasgos ratifican la versión anterior y al mismo tiempo aportan detalles de su propia experiencia. Por ejemplo, que en una ocasión los regidores y vecinos de Amurrio acudieron a apagar un incendio sin ayuda de los otros concejos, y se les llevó vino y alimento.

Domingo Bajaneta, morador en Orduña de 76 años, había sido vecino de Amurrio unos 26. Sabía por Pedro de Urrea, dueño que fue de la casa de Zalbio, José de Orue y José de Isasi Urrea, que hacía unos 25 años habían estado trabajando en el monte unos “probincianos carboneros” por orden del lugar de Amurrio; él mismo había plantado carrascos en “deesados de Eroispe” por orden de los regidores del pueblo sin que interviniera nadie de los otros cuatro pueblos; habló también de que hacía unos 23 o 24 años vio cómo en Urieta detuvieron unos carros de unos vecinos de Olabezar que habían cortado un árbol mayor; sabía que se dio licencia a Antonio de Zulueta y José de Olarieta, vecinos de Larrinbe, para extraer madera para sus edificios y que fueron multados por Amurrio por haberse excedido en las cortas que le señalaron.

Diego de Laña, vecino de Luyando de 42 años, declaró que unos seis años antes había visto a los regidores de Amurrio, Juan de Isasi y Domingo de Ugarte, colocar los mojones entre dicho pueblo y Luyando junto con Domingo de Laña y Benito de Aranoa, que lo eran de esta localidad, sin que concurriera nadie de los otros cuatro concejos.

José de Yarritu, vecino de Lezama de 48 años, natural de Amurrio, dijo que los cuatro concejos tenían derechos en Basogalante, de Elejazar hacia Olarte y confinante con Orozko. De joven estuvo de criado en Urietagoikoa y junto a otros vecinos de Amurrio hizo plantío de quejigos en Elejazar sin concurrencia de vecinos de otros lugares y según tenía oido se hacía todos los años. Estando en su caserío natal de Aldama había visto en dos ocasiones cómo los vecinos de Amurrio fueron a pagar incendios aunque no podía decir si los gastos de todo ello se repartieron entre los cinco concejos o no.

Juan de Larrazabal, vecino de Llodio en su barrio de Olarte, de 79 años, habló del citado incendio de unos años antes, que salió de una hoya de los operarios de Urizar, que fue quien pagó el gasto del refresco que se dio a quienes fueron a sofocarlo, que fueron vecinos de Amurrio y Luyando. No aportaron más detalles los testimonios de Francisco de Ibarrola, vecino de Luyando de 60 años; Domingo de Laña, vecino de Luyando de 47; e Ignacio de Isasi, vecino del barrio de Olarte de 58 años.

El día 28 declaró Francisco de Urrutia, vecino de Olabezar de 60 años. Dijo que no había visto a ningún vecino de los cuatro lugares ir a cortar leña a Elejazar y no sabía si lo habían hecho pero lo reconocía como monte comunero, teniendo Amurrio como suyo propio el dehesado de Arrospide y Olabezar el de Lekuzabal. Afirmó también que no sabía que ningún vecino de Olabezar y Saratxo tuvieran puesta traba alguna para la saca de piedra del río a los de Amurrio.

El siguiente testigo fue Juan de Orortegui, vecino de Orozko de 70 años, que por 40 años fue vecino en Amurrio “y su varrio de Basarte” y hoy lo era su hijo Juan, motivo por el cual su testimonio fue protestado por las partes contrarias. Dijo que tres años antes vio en Elejazar a unos carboneros que le dijeron que cocían carbón para Bernardo de Olazar a quien se lo había vendido el lugar de Amurrio.

Antonio de Picaza, vecino de Orozko de 78 años, sabía que la divisoria entre Orozko y Amurrio constaba de 19 mojones y tenía el monte de Elejazar como privativo de dicho lugar; hacía unos 24 años fue con una caballería a por una carga de leña de unos despojos que se hallaban caídos en jurisdicción de Orozko de materiales que se habían cortado en dicho monte de Elejazar y estando en ello los regidores José de Orue y Juan de Isasi le prendieron y embargaron la caballería, y aunque le quisieron multar intervinieron algunas personas y al final pagó por lo que se llevó y alguna carga más, y que todo ello pasó sin intervención de las personas de los otros concejos; había oido al difunto José de Olarieta que, al tiempo que fabricó una casa de nueva planta en el barrio de Elgeta de Larrinbe, pidió licencia a los regidores de Amurrio para cortar materiales para la casa.

Vicente de Beraza, apoderado del lugar de Larrinbe de 43 años, dijo que el personalmente y por medio de operarios, sin pedir permiso alguno y en diferentes años, había sacado mucha piedra de las canteras contiguas a la torre de Mariaka para la cerradura de su manzanal, y solo en una ocasión un criado suyo le dijo que le había salido al camino el regidor Juan de Aldama y le hizo parar el carro y a tres o cuatro carreteros, y les dijo que no volvieran a la cantera, pero no hicieron caso.

Francisco de Garayo, vecino de Luyando de 52 años, había conducido carbón para Urizar desde Elejazar y le dijo que se lo había vendido Amurrio y que pagó por ello a los regidores de este pueblo. José de Padura, vecino de Larrinbe de 35 años, comentó que unos 16 años atrás había ido cinco o seis veces con su carro y bueyes al término de Vasogalanta a cortar y traer leña en compañía de los hermanos Juan y Domingo de Orortegui, y nadie se había opuesto excepto la última vez que cortó un carrasco de vida y Francisco de Aldama dio parte a los regidores porque le había visto, fue multado y pagó, aunque había cortado dicho carrasco para sostener el carro en las bajadas del monte; dijo que tenía oído que los vecinos de los cuatro concejos siempre habían pedido licencia a los regidores de Amurrio cuando necesitaban madera para sus edificios y así lo hicieron los de Larrinbe cuatro o cinco años atrás cuando se fabricó de nueva planta la ermita de San Mamés, y que por haber pedido mucha madera se lo negaron, aunque creían que no tenían derecho y enviaron carpinteros de todos modos.

Tomás de Gabiña, vecino de Etxegoien de 40 años, dijo que no había visto ni había oido que ningún vecino de los cuatro concejos hubiera pasado a hacer leña a Elejazar ni que hubiera sido multado por ello por los regidores de Amurrio hasta el dia 27, cuando fue presentado y juramentado para este pleito, viniendo por el camino en conversación con su convecino Manuel de Echeguren y con Bartolomé de Esnarriaga menor, regidor de Amurrio, quienes le contaron que Padura había sido multado por ello; su difunto padre Tomás necesitó hace unos 14 años de un árbol para teguillo para su casa, pidió permiso a los regidores de Amurrio y fueron los dos a Elejazar a cortarlo, y lo mismo había hecho su convecino Mateo de Gabiña haría ocho o nueve años; también relató que Olabezar y Etxegoien tenían un pleito sobre un pedazo de monte encima de la casa de Arrigoyco (Olabezar) que sube hasta la “cruz de Vabio”, y que los otros tres concejos no habían participado para nada.

El citado Manuel de Echeguren, de 50 años, había oído de algunos vecinos que habían sido multados y lo mismo le había oido a su padre; el había pedido licencia a los regidores de Amurrio para un “cocino” del molino de Etxegoien, y lo mismo había visto hacer a Juan y Tomas de Gabiña difuntos, y a Mateo de Gabiña; el pleito entre Etxegoien y Olabezar era por el término de Orbeguchi pero había sido un litigio entre los dos concejos sobre un monte privativo del lugar de Olabezar. Esto aclara un poco este término y contradice la versión que querían presentar.

Agustin de Orue, vecino de Larrinbe de 74 años, sabía que Padura y Landaburu fueron multados por cortar un carrasco con vida y pidieron ayuda al concejo pero se la denegaron porque si habían errado lo debían pagar ellos; cuando era regidor hacia 30-32 años el difunto Antonio de Zulueta le dijo que necesitaba algunos materiales de madera de Elejazar para la fábrica de su cabaña y le contestó que pidiera licencia a los regidores de Amurrio y si se la negaban el se la daría, pero se la dieron, y también vio al difunto José García, también vecino de Larrinbe, traer materiales de Elejazar para reposición y composición de la casa en que habitaba y una cabaña contigua a ella; y cuando hicieron de nueva planta la ermita de San Mamés los regidores de Amurrio se negaron a conceder permiso y entonces fueron al termino de Astepe en Elejazar y cortaron las maderas necesarias.

Diego de Zulueta, vecino de Larrinbe de 64 años, certificó que su difunto padre Antonio construyó de nueva planta una casa y cabaña con materiales de Elejazar. También asistió a la conducción de materiales para la reposición de una casa de Jose Ignacio de Salazar en Saratxo; según la ordenanza, debían pedir licencia a los regidores de los lugares donde se ejecutase la obra. Nadie había dicho esto antes.

Domingo de Orbe Marquijana, vecino de Luyando de 50 años pero que había vivido 34 en amurrio, comentó que había visto muchas veces a vecinos de Olabezar  cortar y llevar leña para sus hogares del dehesado de Lekuzabal sin impedimento ni embarazo alguno, pero el y otros vecinos de Amurrio también sacaron leña de ahí e incluso hicieron rotura, por lo que no sabía de quién era privativo. Lo que sí sabía es que el dehesado de Arroispe era de Amurrio y había oido que los de Larrinbe tenían el suyo hacia la parte de Onsoño.

Domingo de Gabiña, vecino de Saratxo de 54 años, declaró que 8 o 9 años atrás sus convecinos Nicolás de Salazar y Matías de Orue habían pedido licencia a los regidores de Amurrio para cortar materiales en Elejazar para la construcción de las casas que hicieron de nueva planta y aunque se les concedió no usaron de ellas porque se les ofrecieron materiales con más comodidad.

Domingo de Ugarte, vecino de Saratxo de 44 años, dijo que sabía por su padre Francisco, que murió con 97 años, que ninguno de los vecinos de los cuatro concejos podía ir a Elejazar a cortar materiales sin pedir licencia a los regidores de Amurrio pero éstos no la podían negar. Su testimonio fue protestado por Abasolo por ser inquilino de Juan Bautista Jiménez Bretón, vecino de Orduña y suegro de Manuel de Landa.

Manuel Domingo de Zaballa, vecino de Luyando de 68 años, dijo que había oido al difunto Felipe de Lezama Eguiluz, “caballero de muchas noticias”, ciertas informaciones sobre el pleito que el Conde de Ayala, que creía erróneamente que se llamaba Cayetano de Ayala, había seguido con el valle de Orozko. Por el mismo Felipe, sabía que Juan de Urrutia costeó la fábrica del palacio de Amurrio, que fue sujeto “de muchas conveniencias” y administrador del Conde de Ayala y por lo bien que cuidó de sus bienes e intereses le cedió por sus días los diezmos de Amurrio y Larrinbe y por ello creía que Urrutia habría hecho cualquier cosa a favor del Conde.

Así finalizó la presentación de testigos, a pesar de que Yarritu tenía presentados anteriormente a otros como Domingo de Acha, Manuel de Larrazabal y a los escribanos Gerónimo de Arana y Domingo de Larrazabal, ninguno de los cuales llegó a declarar, por los motivos que sean.

Como se puede ver, a pesar de que los testigos fueron presentados para ratificar una versión plenamente establecido, hubo disparidad de opiniones y, quizá intencionadamente, se dibuja una nebulosa acerca de la cuestión de la propiedad de los montes de Elejazar.

Continuará

Pleito de Elejazar (I)

 

 

 

Tras ser anunciado por medio de carteles fijados en los “sitios acostumbrados”, el 25 de marzo de 1764 en la casa-concejo de Amurrio se sacó a público remate el aprovechamiento de 3.230 cargas de carbón en el monte de Elejazar que se obtendrían a partir de todo género de leña a tasación de Juan de Isasi, Pedro de Yarritu de Urietagoicoa, Francisco de Aldama Salbio y los regidores Santos de Olarieta y José de Aldama. Esta venta se realizó con el permiso expreso de los lugares de Larrinbe, Saratxo, Etxegoien y Olabezar, que integraban la Junta de Armuru para la administración de los montes comunes de los cinco concejos, y la mitad de los beneficios que cada una de estas localidades obtuviera en función de su vecindario -si bien Larrinbe solo aceptó aportar ¼ de los mismos por su mayor población- se destinaría a la reconstrucción de la ermita de San Silvestre -la actual de San Roque-, destruida tras un incendio.

Fue un remate a candela, de modo que estando la última vela encendida el aprovechamiento se adjudicó al Licenciado Bernardo de Olazar y Arecheta, abogado y vecino de Laudio/Llodio, administrador de la ferrería de Padura en Luiaondo, a razón de 32 reales y una blanca cada carga. Ese fue el precio a pagar, independientemente de que luego lograra sacar más o menos cargas de las tasadas. El remate estaba sujeto a diversas condiciones: sus operarios no debían excederse en podar roble ni carrasco que se hallase fuera de lo señalado, de lo contrario sería multado; se establecían distintas penas en el caso de que cortasen por pie robles y carrascos, fuese dentro o fuera de lo delimitado; las marcas de los robles que podían tirar se harían en la raíz y debían cortarlos de tal modo que la marca fuera visible; los árboles que se podasen debían ser dejados con “orca y pendón” y las mejores ramas; el carbón había de ser sacado en caballerías sin introducir carro; y se le concedió un plazo de dos años para la poda y la corta.

A pesar de ello, los leñadores y carboneros contratados por Olazar cortaron más leña de la que se les había señalado –un exceso que fue bastante frecuente, por cierto-, de manera que en 1766 pagó sin rechistar una multa de 1.170 reales de vellón a los regidores de Amurrio, José de Aldama y Pablo de Urrutia. Sin embargo, éstos se negaron a entregar cantidad alguna a los otros pueblos alegando que solo los vecinos de Amurrio podían aprovecharse de los montes de Elejazar para consumo y materiales para sus casas. Debido a esta repentina innovación, y teniendo en cuenta que los otro cuatro concejos sí habían sido partícipes, permiso mediante, del remate del monte, el 17 de febrero de 1767 el regidor de Olabezar, Manuel Tomás de Abasolo, con asistencia del Licenciado Juan Francisco Leal de Ibarra, protestó la situación ante el Gobernador y Alcalde Mayor de la Tierra de Ayala, el Licenciado José Valentin de Mendieta, y pidió que los regidores de Amurrio les entregaran lo que les debían y no les impidieran el aprovechamiento de los montes comunes tal y como se observaba en las ordenanzas que los cinco concejos realizaron el 28 de abril de 1570. Estas ordenanzas son bien conocidas, ya que José de Madinabeitia las publicó en el Apéndice de su obra El Libro de Amurrio.

El Gobernador ordenó que el concejo de Amurrio se reuniera para tratar del asunto. Así lo hicieron, y ya en 1767 los regidores Diego de Landa y Francisco de Orbe-Marquijana, asistidos por el Licenciado Francisco Xabier de Isasi, se presentaron en su tribunal para dar una respuesta. Y ésta fue que ni Olabezar ni otro concejo tenía derecho alguno en Elejazar, puesto que era un monte privativo de Amurrio. Por eso, cuando los vecinos de Olabezar y otras localidades habían cortado leña en dicho lugar habían sido multados y si alguna vez habían necesitado materiales de construcción lo habían solicitado a Amurrio y se lo habían concedido. Pero nada más. Por si fuera poco, negaron la existencia de las ordenanzas de 1570 y negaban la posibilidad de que Amurrio hubiera cedido parte de sus montes porque lo prohibían las leyes reales.

El 11 de marzo Larrinbe, por medio de su regidor Vicente de Beraza, se adhirió a la causa de Olabezar y ambos unidos insistieron en que Elejazar siempre había sido común de los cinco concejos no solo en aprovechamiento sino también en propiedad, como estaba señalado en la ordenanza de 1570, de la cual las cinco localidades tenían copia e hicieron presentación. Afirmaban que, en caso de haber sido multado algún vecino, lo habría sido por haber hecho mala corta o infringir las normas. Además, ya que la obra de la ermita y casa de San Silvestre no se había ejecutado, pedían que se les devolviera lo que ya habían pagado para ello.

La situación se estaba enquistando y ya se adivinaba un pleito en lotananza. El 27 de abril los regidores de Amurrio se reafirmaron en su posición: cada concejo era independiente y, por lo tanto, tenía sus propios órganos de gobierno y su propio término. Lo cual, evidentemente, era cierto. Pero no dudaron en esgrimir un argumento que consideramos de primordial interés: la falsedad de las ordenanzas. Sí, según los regidores del Amurrio de aquella época esas ordenanzas ya conocidas y publicadas son falsas. Para defender esta posición, recurrieron a argumentos de forma y fondo. En primer lugar, dijeron que Olabezar no había presentado el documento original o matriz sino un traslado al que le faltaban los capítulos octavo y noveno, parte del séptimo y el décimo. Segundo, las supuestas ordenanzas habían sido otorgadas ante Diego de Urrutia, quien se titulaba alcalde ordinario y por ello no pudo actuar también como escribano. Tercero, argumentaban que del texto de dichas ordenanzas se desprendía que habían recorrido y examinado todos los montes, y luego redactado el capitulado, en un solo día, lo cual era imposible “aun quando el sujeto que en ello entendiese fuese el mas abil, despierto y laborioso”. Cuarto, consideraban que el instrumento no había sido otorgado con la concurrencia de la mayoría de la población, ya que por entonces los cinco pueblos sumarían unos 260 vecinos y solo se nombraron 41 en la escritura. Quinto, las ordenanzas no estaban aprobadas por monarca alguno y no se habían observado nunca. Por ello, afirmaban que siempre había sido Amurrio quien había corrido con todos los gastos del mantenimiento, extinción de fuegos y todo lo concerniente al monte de Elejazar y sus dehesas. En definitiva, concluían, las ordenanzas no fueron más que un artificio de Diego de Urrutia “acaso por sus fines particulares” y con la gente que sin duda sería de su devoción. Éste será uno de los puntos clave de esta historia.

¿Cuál es la versión de la parte contraria? Abasolo y Beraza replicaron que los montes de Elejazar eran de las cinco localidades pero, aún en el caso de que fuera privativo de Amurrio, ello no impedía que las otras cuatro localidades tuvieran derechos de aprovechamiento, ya que no era contrario a derecho sino muy común en la Tierra de Ayala y fuera de ella; y esta situación se venía dando “desde tiempo inmemorial” y desde la misma fundación de los pueblos, por ello no había constancia en ninguna parte de que Amurrio hubiera concedido derecho alguno a los otros pueblos. Achacaban la falta de capítulos a algún descuido del escribano que hizo el traslado, de modo que presentaron el ejemplar de Larrinbe para su compulsa por el escribano que estaba llevando la causa, José Ventura de Villodas. Alegaban, no muy convincentemente, que bien pudo haber dos Diego de Urrutia en vez de uno pero que, en cualquier caso, asistió en calidad de vecino de Amurrio sin intervenir como alcalde porque el acto fue presidido por Presebal de Otazu, teniente de gobernador, y además los alcaldes ordinarios no estaban eximidos de otorgar escrituras no concurriendo a ellas solo en calidad de vecinos.

Por otra parte, comentaban que las ordenanzas no fueron aprobadas en realidad hasta el 17 de enero de 1571 por lo que tuvieron tiempo suficiente para el examen de los montes y posterior redacción del articulado. Y si el escribano no nombró a todos los vecinos, sí se refirió a ellos como “otros muchos vecinos”. En cuanto a los intereses de Urrutia, dijeron fue un escribano fiel y legal, vecino de Amurrio, por lo que no se le puede presuponer más inclinación a los otros cuatro pueblos que al suyo propio. Argumentaban también que los cinco lugares siempre habían contribuido a los pleitos para su defensa y si se había hecho algún apeo sin ellos había sido clandestinamente. Y todo ello queda refrendado en que representantes de los cinco concejos autorizaron la venta a Olazar. Añaden además que era mentira que Amurrio hubiera mejorado el estado del monte con plantíos sino que había realizado muchos excesos por la mayor cercanía al mismo sin que los celadores o guardas de los otros cuatro pueblos hubieran podido hacer nada por impedirlo.

 

Sigue el toma y daca. Los regidores de Amurrio apreciaron que el capítulo compulsado como el noveno en la ordenanza presentada por Larrinbe era el que se había compulsado como el séptimo en la presentada por Olabezar, por lo que tildaron esos documentos de falsos. Y comentaron también que Urrutia se encabezaba como alcalde ordinario de la Tierra y no como vecino de Amurrio pues en aquel tiempo lo era en Etxegoien, y por lo tanto no pudo actuar legítimamente como escribano. Otro defecto consistía en que se asentaba la firma de Iñigo Ochoa de Beraza pero no luego no aparecía la misma. Por lo tanto, insistieron en que todo fue puro artificio de Diego de Urrutia en unión del Alcalde Mayor Presebal de Mugica, vecino de Larrinbe –aunque sabemos muy bien que en realidad lo fue de Luiaondo-, y que así facilitaba grandes conveniencias para su pueblo en esta ficticia comunidad de montes. Consideraban que de Amurrio solo figuraban trece vecinos en esa escritura, siendo uno de ellos Juan de Urrutia, hijo de Diego, y si hubiera habido mayor concurrencia habría nombrado más hasta hacerlo con la mayoría. Como aparentemente solía ser habitual.

 

Y como también era habitual en estos casos, tras exponer ambas partes su postura, se convocó presentación de testigos por ambas partes para obtener declaraciones. Los testigos presentados por Abasolo y Beraza comenzaron a desfilar ante el Gobernador el 16 de noviembre de 1767 en la ermita de San Mamés de Larrinbe.

El primero de todos fue de Lorenzo de Cerrajeria, vecino de Murga de 85 años, y por ser el primero marcó la pauta de posteriores declaraciones (como ya explicamos en esta entrada). Según Lorenzo, el monte de Elejazar era propio y común de los cinco concejos, cada uno de los cuales tenía sus propias dehesas privativas en el. En su larga vida había visto a varios vecinos de Olabezar traer de ese monte libremente y sin contradicción alguna los materiales que habían necesitado para la fábrica de edificios, leña y otras cosas; siempre que se había querido vender leña del dicho monte habían concurrido los regidores y parte de vecinos de los pueblos a otorgar los instrumentos concernientes y a percibir lo correspondiente a la vecindad de cada uno, como en la subasta que se remató en Olazar. Tenía oido que cada vez que había habido algún pleito o amojonamiento en dicho monte cada concejo había contribuido en función de su número de vecinos. Por último, señala la existencia en Ayala de otras mancomunidades de montes de igual naturaleza.

Pero no hay nada mejor para una buena defensa que hechos concretos y palpables. El vecino de Murga José de la Torre, de unos 60 años, había estado presente en varias ventas de leña y sabía que concurrían los representantes de los cinco concejos; fue, por nombramiento de Manuel de Lezama, uno de los peritos que asistió al examen de los excesos cometidos por los operarios de Olazar.

 

El día 17 continuó la presentación de testigos y el primero fue Francisco de Aguirre Torre, vecino de Izoria de 56 años. Había visto traer leña de Elejazar a los vecinos de Olabezar Domingo de Ugalde, Pedro de Urrutia y los difuntos Francisco de Respaldiza y Valentin de Gabiña, los tres primeros para sus hogares y el cuarto para la fábrica de una casa nueva tras haberse quemado y arruinado la antigua, lo que había ocurrido muy recientemente según consta en el Libro de Actas de la Tierra de Ayala, concretamente en 1761-62. Francisco afirmó que muchos vecinos de Olabezar preferían comprar la leña o ir a buscarla a sus montes privativos que ir a Elejazar por la larga distancia. Luego declaró Lorenzo de Ugarte, vecino de Murga de 67 años pero natural de Olabezar, por lo que Francisco de Orbe-Marquijana protestó su posible parcialidad. En su juventud, siendo criado de Francisco de Aguirre, de Olabezar, fue en varias ocasiones a Elejazar a por leña y madera para una casa nueva que aquel hizo y, de hecho, recibió la ayuda de algunos vecinos de Amurrio, como un tal Pedro de Yarritu ya difunto. También Domingo Antonio de Aguirre, vecino de Murga de 50 años, había ido a Elejazar a bajar materiales por orden de Pedro de Respaldiza.

El día 18 declaró Manuel de Zumelzu mayor, vecino de Murga de 58 años. Había sido vecino de Amurrio y había visto a vecinos de Olabezar y Larrinbe llevar materiales para sus edificios así como acudir a los representantes de los cuatro concejos a los remates de venta, como 14 o 15 años atrás que vendieron una porción de leña para reducir a carbón a Joaquin de Ulizar, vecino de Miraballes.

El día 19 testificó Domingo de Beraza, maestro carpintero y vecino de Murga de 62 años, quien unos 34 años atrás fue contratado por Diego de Landa para cortar ciertas maderas en el monte de Elejazar para la barquinera de la ferrería de Zabalibar. Sin embargo, Felipe de Lezama Eguiluz se opuso a su transporte por no haber pedido licencia a los regidores y vecinos, a lo que Landa replicó no haber necesidad por ser dicho monte comunero de los cinco lugares. Este Diego de Landa es el padre del otro del mismo nombre, precisamente el regidor que había negado ante el Gobernador que el monte de Elejazar fuese común. En cualquier caso, Beraza fue apresado y encarcelado, pero el Gobernador ordenó que le soltaran, por lo que fue con las yugadas de bueyes a conducir las maderas para la ferrería. Aportó también la información de que a Domingo de Ugarte, de Amurrio, le multaron por cortar sin licencia una madera para un pesebre, le prendaron el carro y lo vendieron en la iglesia parroquial.

Finalizó la presentación de testigos el 20 de noviembre. Francisco de Lecanda, residente en Inoso de 90 años, era natural de Amurrio, donde había vivido unos 50 años y lugar de residencia de dos de sus hijos. Comentó que unos 60 años atrás llevó materiales de Elejazar para reconstruir la casa-mesón contigua al puente de Saratxo tras un incendio y lo mismo ejecutó para la casa que Antonio de Zulueta construyó junto a la ermita de San Mamés. Había visto vender leña en tres ocasiones y para ello se había convocado a los regidores y vecinos de los cinco lugares. Por último, Juan de Berganza, maestro carpintero de Lezama de 75 años, había estado varias veces en Elejazar cortando materiales y en especial para la casa y cabaña del mencionado Zulueta. Siendo regidor de su localidad, asistió al apeo y reconocimiento de mojones de dicho monte.

 

Unos pocos días después, el vecino de Olabezar Isidro de Ugalde “siguiendo la costumbre antigua” pasó con su carro y bueyes al dehesado de Lekuzabal para coger leña y cuando regresaba le salieron al paso Pedro de Yarritu, Francisco de Aldama Salbio y Antonio de Arana, quienes le prendaron bueyes y carro, que los llevaron a Domingo García de Urietagoicoa. Todos ellos eran vecinos cercanos. El regidor ordenó que se le devolviera todo pero solo lo hicieron con los bueyes, quedando carro y leña retenidos. De este modo, el 27 de noviembre Abasolo se presentó ante el Gobernador para pedir la restitución de dichos efectos a Ugalde, ya que siempre habían tenido derecho de aprovechamiento en la dehesa de Lekuzabal, y solicitó que mientras durase el pleito se mantuviesen las antiguas costumbres y no se les importunase. El Gobernador ordenó ese mismo día que los regidores hicieran devolver el carro y la leña a Ugalde en el plazo de un día y que no se les importunase en el aprovechamiento de la dehesa.

 

Pero el 12 de diciembre Diego de Landa y Francisco de Orbe-Marquijana contestaron que todo cuanto proponía Abasolo era falso, ya que el monte en que Ugalde cortó la leña era privativo de Amurrio. Además, debía haber reclamado ante ellos y no ante el Gobernador. Abasolo contestó que todo era incierto y pidió que declarasen los tres que hicieron la prendaria. Y así se hizo.

Los tres hombres fueron interrogados el 18 de enero de 1768 en el barrio Marquijana de Abajo de Murga. Pedro de Yarritu, de 34 años, explicó que la prenda fue hecha porque Ugalde había cortado leña no en Lekuzabal sino parte arriba de la peña de Arkotxa, donde algunos vecinos de Amurrio tenían plantíos de castaños y roturas. No negó que los vecinos de Olabezar tuvieran aprovechamiento en Lekuzabal pero también los de Amurrio habían sacado leña para sus casas y habían hecho roturas, como fue el caso de los difuntos vecinos de Urieta Domingo de Olartegochia y Domingo de Orbe. Antonio de Arana, de unos 50 años, declaró prácticamente lo mismo.

Francisco de Aldama Salbio, de unos 45 años, añadió que había visto en varias ocasiones a vecinos de Olabezar cortar leñas libremente en Arkotxa, que era término de Amurrio, y los de esta localidad también habían tenido derechos en Lekuzabal hasta que el mismo y Francisco de Olartegochia fueron castigados por hacerlo tras una denuncia puesta por los de Olabezar. De hecho, el 23 de febrero de 1757 se reunió el concejo de Olabezar en el pórtico de la parroquia de San Pedro y Aldama, gracias a la intervención de personas celosas de la paz, reconoció como privativa de Olabezar la dehesa de Lekuzabal y su término de Abuduaga para pastar sus ganados, hacer plantíos y aprovecharse de su leña, de modo que se comprometió a entregar diez  brazas de tabla y pagar el valor de media arroba de aceite por un roble que cortó y redujo a tabla en Lekuzabal.

 

Y así es como se puso en marcha el conocido como Pleito de Elejazar que enfrentó a Amurrio con los miembros restantes de la Junta de Armuru en el transcurso del cual incluso la existencia real de ésta llegó a ser puesta en duda. Un excelente documento en el que aparecen muchos personajes de la época, muchos términos, muchos datos, que forman un vívido retrato del Amurrio de aquel entonces. Seguiremos en próximos capítulos.

¿Un caso de prostitución en Santa Coloma?

 

 

El pueblo madrileño se había alzado contra el ejército francés que en los meses precedentes había ocupado el país como presuntos aliados. La familia real ponía pies en polvorosa y la guerra estaba a punto de estallar por doquier. Nuestra comarca no iba a ser una excepción pero las correrías de los guerrilleros y el ejército francés, y sus correspondientes desmanes y exigencias para con los paisanos, no impidieron que la vida comunitaria diaria siguiera su curso, con todos sus dimes y diretes.

Y así, meses antes de que las tropas francesas acamparan en las inmediaciones de Santa Coloma destruyendo su ermita de San Pablo, los vecinos de esta localidad ayalesa andaban enfrascados en otro tipo de preocupaciones más banales.

A finales de mayo de 1808, el párroco y beneficiado de la iglesia de Santa Coloma, Isidro de las Fuentes, presentó una petición ante el alcalde ordinario de la Tierra de Ayala, Manuel de Largacha, para que mandase desterrar a “bastante distancia” a la viuda María de la Torre y su hija Feliciana de Chávarri debido a su disoluto comportamiento. Según el sacerdote, que se presentó a sí mismo como celoso guardián de la rectitud moral y buenas costumbres de sus feligreses, “todos los deberes y oficios debidos no han bastado para desterrar el escandalo que estan ocasionando y ocasionan” las dos mujeres, quienes “han tenido y tienen a todo el pueblo en una continua inquietud ocasionada por sus continuas borracheras y demasiado consumo q hacen de vino, pues se esceden y gastan ellas dos mas q todo el pueblo” y no habían tenido fondos para el pan necesario, “siendo ademas su modo de vibir tan libertino y escandaloso q escede con mucho del trato y buen arreglo q deben tener como personas constituidas en la clase del christianismo q profesamos”. El alcalde Largacha aceptó hacer examen de testigos en la casa de José de la Vía en horario de nueve a doce y de dos a cinco desde aquel día hasta que fuesen presentados todos los testigos necesarios. Nótese el extraño proceder que aquí se observa: el cura formula la petición, el alcalde se la acepta al instante y abre su audiencia ipso facto a primera hora de la mañana. ¿Y quién fue la primer testigo? Pues Luisa de Bringas Arnaiz, precisamente la mujer de José de la Vía Salmanton.

Las declaraciones de testigos eran imprescindibles en todo proceso probatorio que tuviera lugar en la Edad Moderna, bien fuera para demostrar la hidalguía de un sujeto, o para cualquier tipo de hecho del que se tuviera que dar fe, no únicamente en los procesos judiciales. Cuanta mayor fuera la categoría social de los testigos (sacerdotes, escribanos, caballeros de órdenes, etc.), cuanta más edad y reputación tuvieran, mejor. De esta manera, cuando se presentaba una denuncia ante el tribunal pertinente lo primero que hacía éste era recabar información sobre el hecho denunciado y eso pasaba inevitablemente por la declaración de testigos. Cada una de las partes litigantes presentaba sus propios testigos, de manera que uno de los modos de defensa más recurrentes fue la de desprestigiar y restar credibilidad a los testigos de la parte contraria, habitualmente socavando su reputación. En este sentido, los cruces de acusaciones son muy frecuentes y, en ocasiones, se menciona que tal o cual implicado andaba convenciendo, comprando o coaccionando testigos.

Lo habitual en la toma de declaraciones es que el primer testigo marque la pauta general del argumentario de su parte y el resto repita lo mismo con leves variaciones y algunos añadidos personales a partir de su propia experiencia. Esto es así incluso en los casos en los que los testigos no debían responder a un interrogatorio ordenado y predefinido, lo que era muy habitual también.

Por lo tanto, la declaración de Luisa de Bringas contiene la parte sustancial de los puntos que quería demostrar la acusación presentada por el sacerdote Isidro de las Fuentes. En primer lugar, ella y el resto de testigos glosaron las virtudes del párroco como un hombre recto de piadoso comportamiento, amén de su papel como mediador de conflictos y salvaguarda de la paz comunitaria. En lo que respecta a las personas denunciadas, se dice que el “excesivo consumo que diariamente hacen de vino admiran sobre manera” porque eran unas “miseras labradoras de el campo sin propios ni arbitrios para su precisa manutencion y mas al ver q sus agostos son cortisimos q no llegan para cubrir sus deudas”, y que para el laboreo se valían de algunos operarios que de alguna manera tenían que pagar. En otras palabras: madre e hija le daban al frasco en abundancia diariamente a pesar de que no tenían recursos conocidos para poder permitírselo. Sus deudas eran tales que unos días atrás les habían embargado algunos bienes en concepto del aguardiente que debía a Santiago de Retes, abacero de Artziniega, y ese mismo día les fueron embargados más bienes por petición del tabernero local Antonio de la Torre. Santiago y su mujer fueron presentados como testigos por la parte defensora y negaron que la deuda fuera por aguardiente sino por lino, blanquetas y alimentos.

Pero la presunta afición por el alcohol de María y Feliciana queda minimizada por la que, al fin y al cabo, será la verdadera acusación, un detalle apenas insinuado en la petición de Isidro de las Fuentes pero que se irá haciendo más explícito y manifiesto con cada testigo presentado, a buen seguro de manera premeditada, pues la acusación tendría más peso si la formulan los testigos por su cuenta. A saber: el comercio de Feliciana con su cuerpo a instancias de su madre o, como dirá más adelante el Fiscal, su respectiva condición de puta y alcahueta.

En palabras de Luisa, madre e hija tenían “tratos indecentes con varias personas forasteras q con mucha frecuencia entran y salen en su casa, la qual se halla solitaria” y se tenía por público que Feliciana tenía “tratos, tocamientos impuros y acciones desonestas” con esas personas. Ambas mujeres vivían en una casa un poco apartada de las demás y próxima al Camino Real que llevaba a Balmaseda, motivo por el cual era con ocasión de la feria de La Encina a principios de septiembre cuando aquello se convertía, presuntamente, en una bacanal. La madre salía al camino con alegría para captar clientes e insinuaba a los forasteros que hiciesen mansión en la casa porque no les faltaría bien de comer, buena cama y “moza de buen gusto”, de manera que muchos se detenían allí y, en vez de ir a la feria, pasaban el tiempo “en el floreo de una vida libertina y escandalosa pasando las noches en entretenimientos lascivos”.

La prueba irrefutable del libertinaje de Feliciana era su presente preñez, la cual decían que era la tercera, pues ya había parido en sendas ocasiones de un hombre casado de fuera del pueblo y de un viudo con el que tenía trato frecuente, respectivamente.

Y claro, cada testigo aporta su granito de arena, su experiencia personal que da verosimilitud al conjunto del relato. Muchas, por no decir casi todas, de las mujeres que declararon en contra de madre e hija habían estado en su casa alguna que otra vez ayudándolas en tiempos de feria. Y por eso Luisa aseguraba haber visto a forasteros proferir palabras obscenas que incitaban a madre e hija, así como fue testigo de cómo María cogió de la mano a un pasiego al que condujo “con acciones mui indecentes” al primer suelo de la casa, “y viendo esto la declarante con asombro se retiro a otra parte presumiendo lo q de ello con precision habia de sobrevenir”. Por eso María de la Sobera Orrantia dijo haber visto a Feliciana abrazada a un hombre de noche en casa, lo mismo que dijo Eugenio de Santa Coloma, quien además añadió que en la feria de 1807 había visto a un tejero y otro hombre hacer mansión por cinco y seis días sin justificación alguna. También contó que en tiempo de feria María había salido al encuentro de un caballero forastero que pasaba por el camino y ella le dijo que “donde no habia una o mas putas el forastero no debia hacer noche”, y el caballero presumiendo “q en la casa de mencionada acusada las abria, mediante la relacion, al punto suspendio el camino y se detubo alli el tiempo necesario”, cual antiguos griegos sucumbiendo irremediablemente a los cantos de las sirenas. En esta dirección iba también el suceso relatado por María de la Sobera al respecto de que, durante la feria de 1806, estuvo trabajando en casa de Josefa de Mezcorta en el barrio de Los Heros de Mendieta, donde por entonces también se daba de comer a los que concurrían a la feria; entonces, llegó un forastero a pernoctar, quien no habría tenido idea más inverosímil que comentarles que la noche anterior había estado en casa de las acusadas “y q le habían dado de zenar bien, ademas de haber gozado a la Feliciana todas quantas veces habia querido”.

Tampoco tiene desperdicio la declaración de Antonia de las Fuentes Abasolo, moza soltera de unos treinta años que negó tener parentesco alguno con el cura Isidro, aunque posteriormente otros dirán que eran primos carnales. Su principal aportación, aunque la haga en último lugar y casi de pasada, consistió en señalar que Feliciana salía con frecuencia “a los Montes tal vez con citas y designios depravados”. Por supuesto, testigos posteriores ampliarán información al respecto. Por lo demás, Antonia abundó en detalles en la línea de los ya comentados, como que seis años antes había estado ayudándolas a cocinar y, con esa ocasión, vio que pasaban todas las noches entretenidas con los huéspedes, abrazándolos y “haciendo se hechasen en la cama juntos, lo que verificaban y por repetidas veces observó tactos impuros y consumados actos carnales”; también seis años antes acompañó a madre e hija a la feria de Medina de Pomar a poner “choza comestible” y las vio con el mismo proceder; que en la feria de 1806 un forastero la dijo que por una peseta “tenia a su disposición las personas de dhas acusadas”; y que en enero del presente año Feliciana hizo noche fuera del pueblo en casa de un hombre de conducta desarreglada que se dedicaba en iguales fines. No solo muestran reiteración en el acto, sino que presuntamente venía de muy lejos.

Según avanzan las declaraciones, observamos que se apunta la presencia de “clientes fijos”, como el tejero anteriormente mencionado (de quien un testigo dice que tenía una “amistad sin igual” con Feliciana) o un carranzano que presuntamente había permanecido despreocupadamente en la casa durante las dos últimas ferias.

Pocos argumentos de autoridad más importantes puede haber que la declaración de familiares directos, como Manuela de la Torre Orue, sobrina de María y prima de Feliciana. La principal aportación de Manuela fue su declaración en el sentido de que, a pesar de que su prima no tenía ganado, salía mucho al monte y, prueba irrefutable, en una ocasión la encontró en “sitio despoblado” y, con total confianza, le insinuó que era para mantener citas. Como familiar suya que era, le había reconvenido por su libertino comportamiento pero ella no le hizo caso. Por último, declaró que un día al anochecer tras la última feria la vio con un viudo en el camino de Artziniega y trató de esconderse para que no la reconociera; y, no podía ser menos, también fue testigo de las impropias acciones que cometió en la cama con un viudo en la feria seis años atrás.

Familia también era Francisca de la Torre Ulibarri, cuya original aportación fue la de que las criaturas que Feliciana había parido habían sido dejadas expuestas en las iglesias de Berrándulez y Santecilla respectivamente.

Los declarantes se afanaron en retratar a María de la Torre como una consumada alcohólica. Manuela García, residente en Artziniega, declaró haberla visto un mes antes totalmente borracha por la calle un miércoles por la tarde. No dejó pasar la ocasión para señalar que a veces Feliciana bajaba a la villa y “ha provocado o convidado a algunos sugetos para q dispusiesen de su cuerpo arbitrariamente”. Según el tabernero Antonio de la Torre, en el presente las mujeres estaban vendiendo sus ropas de uso diario y del lecho cotidiano para poder emborracharse “sin duda por que han suspendido las personas q entran y salen”. En otros términos, que ya no tenían negocios carnales y estaban en la completa miseria. Preguntémonos entonces: ¿por qué fueron denunciadas en el preciso momento en que detuvieron unas actividades que supuestamente se remontaban tanto tiempo atrás?

Vicente de Amirola, que era vecino en el barrio de Los Heros, relató el siguiente indicente. María salía totalmente embriagada de Artziniega y, nada más atravesar la “Puerta de Villa”, se levantó la saya y se la puso en la cabeza quedándose en camisa, y entonces empezó a cantar mientras caminaba haciendo eses. Unos carboneros que allí estaban la llamaron “puerca cochina”, la levantaron la camisa y empezaron a azotarla. Ante semejante espectáculo, Vicente acudió a “la casa que llaman de Ayala” (que es la casa que la Tierra de Ayala había construido a mediados del XVIII en frente de La Encina pero en jurisdicción de Mendieta) a dar aviso para que la recogieran.

 

El 11 de junio comenzó una nueva ronda de declaraciones con testigos nuevos y otros viejos, cuyo objetivo se desprende claramente de las respuestas de todos ellos: apoyar la petición de destierro formulada por el sacerdote, lo cual dirán todos de forma explícita. ¿Por qué este nuevo interrogatorio separado y en cierto modo diferente del anterior? Al parecer, recientemente habían ocurrido algunos incidentes reseñables en Santa Coloma que, en opinión del sacerdote, requerían la expulsión inmediata de las dos mujeres. Numerosos testigos, mujeres sobre todo, declararon que María de la Torre andaba amenazando a Isidro de manera pública y repetida. La primera en hablar fue Manuela de Ceballos, que ya había declarado anteriormente, a pesar de lo cual el 10 de junio había estado en conversación con María en la localidad de San Pelayo. Que hubiera declarado en su contra no fue impedimento para que entablaran conversación, cosa que fue muy frecuente, pues por mucho que las tildaran de borrachas, putas, blasfemas y malas influencias no dejaban de afirmar que habían vuelto a conversar con ellas con total normalidad. El relato alcanza cotas tragicómicas cuando la declarante contó el hecho de que unos veinte años antes en casa de María de la Torre ésta y un hombre casado que ya había fallecido “ataron las partes de otro”, el difunto Pedro de la Azuela, vecino que fue del barrio de Tramarría, de manera que casi lo mataron y a saber qué fue de sus partes nobles. Sabemos que ocurrió realmente porque se siguió un proceso ante las justicias ayalesas en el que Ceballos se vio implicada porque, por entonces, vivía en una bodega de la misma casa. María resultó culpada, pero como no tenía bienes propios con los que responder, fue el hombre quien lo perdió todo. Su identidad no es revelada.

Como resultado de todas las declaraciones, que hemos filtrado para no redundar en las mismas cuestiones, Feliciana de Chávarri quedó prisionera en casa de José de la Vía por su estado de buena esperanza, mientras que su madre fue recluída en la prisión de la casa consistorial de Respaldiza. No fueron interrogadas hasta un mes después, y ambas negaron las acusaciones vertidas en su contra. Sí, puede que bebieran un poco más de la cuenta pero no era para tanto, porque Feliciana nunca se había emborrachado y la madre solo ocasionalmente. Sí, tenían deudas, porque gastaban mucho aguardiente, no solo en tiempo de feria, sino también para darlo a todas aquellas personas a las que la madre pedía el trigo y el maíz con el que subsistían. Por lo demás, se mantenían “del sudor de su rostro en el trabajo de su casa y a jornales”, y no gastaban por encima de sus posibilidades, ya que si algunas personas les suministraban era “a calidad de reintegro” (eso sí, no se aclara qué les tenían que reintegrar). Sí, trataban de captar clientes en tiempo de feria pero su conducta siempre fue normal y decente. Sí, habían amenazado con abrir de arriba abajo al cura. Pero no hubo salidas al monte, ni libertinaje, ni prostitución. Y, además, solo había tenido un hijo previamente y no dos.

 

En este estado de cosas, se procedió al nombramiento de Promotor Fiscal y de procurador defensor de las acusadas. María de la Torre nombró a tres vecinos del pueblo pero solo uno de ellos aparece, y muy involucrado, desempeñado ese papel: Francisco de Amirola.

El Promotor, Juan Francisco de Palacio, también vecino de Santa Coloma, dio por probados los hechos manifestados por los testigos y pidio pena de reclusión de ocho años para ambas. Por lo tanto, se puede decir que, en este punto, se acepta que María y Feliciana venían manteniendo una conducta fuera de la norma, con abuso del alcohol y libertinaje sexual con fundadas sospechas de que era mediante servicios carnales como obtenían los medios suficientes no solo para vivir sino para poder permitirse el abusivo consumo alcohólico que hacían a diario. Especialmente con ocasión de la feria de La Encina, su casa, que hacía las veces de mesón y fonda, se convertía en una especie de casa del placer en el que los viajeros detenían su camino para gozar de los placeres de la carne.

Podríamos dar por buena esta versión y dejar que María de la Torre y Feliciana de Chávarri pasen al acervo popular como las prostitutas de Santa Coloma. Pero el historiador debe ser responsable y honesto con su labor para no ceder a la tentación de publicar una buena historia morbosa aún a costa de traicionar los principios que deben regir su labor. Esta es la diferencia entre historia y ficción.

No podemos dar por buena sin más la versión de los hechos que Isidro de las Fuentes y los testigos presentados por su propia voluntad, no olvidemos, nos han dibujado hasta el momento. Las hemos leído y examinado con espíritu crítico y es momento de permitir a las acusadas que defiendan su versión. Al fin y al cabo, gran parte de los procesos judiciales de la Edad Moderna consistían en la confrontación de dos versiones de unos hechos sin que hubiera manera de determinar cuál era la verdadera, mientras se desplegaban toda una serie de recursos estratégicos por los cuales los procesos se alargaban y los gastos se multiplicaban.

 

Pues bien, el apoderado de las acusadas, Francisco de Amirola, pidió la absolución para ambas al negar la veracidad de las acusaciones en base a las confesiones que habían realizado. Es decir, admitió que quizá María hubiera cedido en alguna que otra ocasión al vicio de la borrachera pero, si así había sido, se debería a la falta de alimento y debilidad, lo que ocurría “aún a los hombres más robustos”. Creemos que, con buen tino, se preguntaba a ver por qué aquellos testigos que decían haberse escandalizado tanto en la casa de las acusadas continuaban regresando a la misma.

Sin embargo, el alegato de Amirola no fue mucho más allá y el alcalde ordinario Benito de Mezcorta sentenció a las dos mujeres en dos años de destierro del lugar de Santa Coloma el 21 de enero de 1809. María fue notificada en la cárcel de Respaldiza tres días después y pidió cumplir su pena en el distrito de la ciudad de Valladolid. Sin embargo, al Promotor Palacio le pareció escasa pena para una “muger borracha y prostituta y una madre rufiana y alcahueta”, de manera que así solo continuarían con sus hábitos libertinos en otro lugar distinto.

La cuestión es que Amirola recurrió la sentencia y, ahora sí, se empezó a vislumbrar una versión alternativa de los hechos. Primero, denunció unos cuantos errores de forma, como que el cura Las Fuentes acusara sin ser parte en el caso (lo que al parecer tenían prohibido los clérigos) o que se hubiera elegido asesor de la sentencia a un cuñado del abogado del Promotor. Efectivamente, el asesor Pedro Victoriano de Mendieta era cuñado del abogado Juan Francisco de Zabalburu. La denuncia de errores de forma en el procedimiento fue un recurso bastante frecuente a lo largo de toda la Edad Moderna.

Pero vayamos a lo más interesante. Aunque no se hace de forma directa y textual y más bien se infiere de lo que van dejando caer algunos testigos, lo que se viene a decir es que Isidro era el autor de la preñez de Feliciana, y como ambos no llegaron a un entendimiento, o más bien Isidro no quiso conceder a la mujer la cantidad de dinero que le solicitaba, se anticipó movilizando a parientes, socios, criados, deudores y dependientes suyos como persona opulenta y poderosa que era para denunciar a la susodicha y su madre. Amirola insinuó incluso que se habían movido sobornos para que algunos de los declarantes faltasen al sagrado juramento de decir la verdad.

Entonces, ¿había sido organizado todo por el sacerdote para evitar ser responsabilizado de haber dejado embarazada a Feliciana de Chávarri? ¿Qué alegó el Promotor Palacio ante semejante acusación? Pues en realidad restó toda importancia y se limitó a decir que no por ello dejarían ambas de ser unas delincuentes, una puta y una alcahueta “para hablar claro”. Que era notorio que había parido al menos dos veces y que si se había prostituido en una aldea miserable como Santa Coloma (ya que Amirola había argumentado que “allí las mugeres, aunque quieran, no pueden prostituirse, ser rameras y mantenerse de este infame exercicio. No señor, no lo permiten las circunstancias del Pueblo. Es una Aldea mui pequeña, una Aldea compuesta solo de labradores de cortisima facultades (…) una Aldea de tan poco transito que pasan a veces semanas enteras sin llegar a ella ningun forastero”) aventajarían a cuantas se han conocido “de este egercicio viviendo en población crecida”. También se mencionan unos autos en los cuales Feliciana habría confesado bajo juramente ser “puta reputa y siete veces puta”.

Las sentencias de los alcaldes ordinarios se apelaban ante el Gobernador y Alcalde Mayor de la Tierra, de manera que era éste quien estaba entendiendo en el caso ahora. Amirola quería presentar sus propios testigos  algunos de ellos residentes en Gordejuela y Mena, y llevó bastante tiempo conseguir los permisos necesarios entre jurisdicciones para que fueran a Ayala a declarar. Lo lograron por fin el 14 de junio de 1808, en Respaldiza y casa habitación el Gobernador, Antonio de Entrecanales.

La situación que nos describen los testigos de la parte acusada es, obviamente, muy distinta, y en consonancia con lo que acabamos de comentar. Si hemos de hacerles caso a pies juntillas, tendríamos la impresión de que María y Feliciana eran unas buenas cristianas que aprovechaban la localización de su casa para ganar unos reales durante la feria de La Encina sin caer en lujuria ni comportamientos indecorosos, aunque bebían un poco. Pero la cuestión es que, y este dato no será desmentido por la parte contraria, que lo había ocultado hasta el momento, Feliciana había estado sirviendo en casa de Isidro hasta unos tres o cuatro años atrás, cuando fue despedida por orden de la hermana del cura. O eso se comentaba. Pero, aún así, habían continuado viéndose, y de manera especial en la casa que el sacerdote tenía en San Pelayo. No fueron pocos los vecinos de este lugar que declararon en el proceso.

Los testigos presentados por el defensor consideraban que los testigos de la parte contraria eran paniaguados y afines al sacerdote, gente pobre a excepción de Antonio de la Torre, “que lo pasa con menos estrechez”.

Pero quizá el testimonio más importante de todos es el del matrimonio formado por Francisca Antonia de Gabiña y José de Menoyo, que tenían taberna en su casa. Su declaración no fue del todo coincidente, no en los detalles pero sí en lo esencial. Básicamente, lo que ocurrió fue que el 20 de abril de este año 1809, dos meses antes de la presente declaración, el Promotor Fiscal Juan Francisco de Palacio se encontró en su taberna con Feliciana de Chávarri, que por entonces ya estaba en libertad y precisamente trabajando en la taberna. Gabiña dice que fue a comer con Feliciana, José afirma que fue a pagar una cuartilla de vino y se encontró fortuitamente con ella. El caso es que se produjo una conversación entre ambos en la que Feliciana reprochó a Palacio que fuese a la taberna después de haberlas retratado como borrachas. Palacio replicó que él alegaba “lo peor” que podía y que si no hubiera pedido “tan desarregladamente” se hubiera excusado del pleito. Feliciana respondió que a ver si se refería a la pretensión “de los quinientos”, Palacio dijo que no lo había olvidado y ella replicó que ni aunque la diesen mil se compondrían. De todo ello hubo un tercer testigo, José de Abasolo, vecino de Sojoguti.

Para ahorrar mayores requiebros al lector: Feliciana habría solicitado una compensación económica (“quinientos”) a Isidro como autor de su preñez; el cura no había querido acceder, ya que negaba ser el causante, y por eso había iniciado el proceso. Palacio se disculpaba de que, como Promotor Fiscal que había sido nombrado, tenía que decir lo peor de ellas. Un argumento muy potente a favor de la parte acusada.

Por último, se alude varias veces a una carta que, por cierto, aparece original en el expediente consultado. Está fechada en Santander el 16 de mayo de 1808, muy poco antes de la denuncia de Isidro; en ella, el obispo de dicha ciudad escribía a Tomás de Cereceda, cura de San Pelayo. El obispo afirmaba haber recibido una carta anónima contra Isidro, a quien dice haber investigado sin hallar nada criminal. Pero, de alguna manera, había descubierto que la letra era de un feligrés de Tomás, llamado Manuel de San Pelayo, a quien había ayudado un hermano. Y pedía al sacerdote que les dijera que se guardasen de decir mal del prójimo y más aún de otro sacerdote. Esta carta, por cierto, le fue leída a Feliciana por Palacio, ocasión en la que la mujer le afirmó que Isidro era el responsable de su embarazo. ¿Por qué habría San Pelayo de acusar a Isidro de las Fuentes antes incluso de que éste interpusiera denuncia alguna?

Según el Promotor, por envidia. Se argumenta que la presencia de la familia San Pelayo y varios criados suyos declarando a instancias del defensor Amirola respondía únicamente a envidia de su riqueza y poder y rencor por ciertas quejas que había dado por supuestos excesos de los primeros en leña, árboles, hierbas y paredes. Y, por supuesto, alegó que sus testigos eran buenos cristianos, labradores propietarios varios de ellos, y en absoluto criados y paniaguados del sacerdote.

 

Ambas partes podrían haber continuado así ad infinitum y quizá lo hicieron, porque la documentación disponible finaliza aquí y no sabemos qué ocurrió ni cuál fue la sentencia definitiva. Podemos decir que negociar un acuerdo fue siempre una forma de evitar una condena y ahorrarse muchos gastos judiciales, los cuales en ocasiones llegaban a arruinar a los participantes. Si Isidro era el padre de la criatura, ¿no habría sido más conveniente para ambos arreglar el asunto bajo cuerda sin que saliera a la luz? Y si no lo era, ¿no habría sido más inteligente por parte de las acusadas otro tipo de estrategia que no pasara por responsabilizar a un personaje poderoso?

En las líneas precedentes, hemos tratado de exponer sintéticamente este proceso que aborda unos hechos que no eran excepcionales pero tampoco cotidianos, al mismo tiempo que se intenta explicar los comportamientos de las partes implicadas en los procesos judiciales durante la Edad Moderna, algo imprescindible si queremos comprender la sociedad de la época.

¿Fue Feliciana una prostituta? ¿Lo fue María también? ¿Fueron mujeres fuera de su tiempo que vivieron su sexualidad de forma libre y sin ataduras hasta topar con el clero? O, ¿fueron mujeres normales con una vida ordenada hasta que Feliciana se vio con el hijo de un poderoso sacerdote en el vientre? Cada cual escogerá la opción que más le guste, en función de los hechos relatados y/o de su ideología, prejuicios e ideas preconcebidas.

Pero, realmente, no tiene ninguna importancia. Lo más importante y lo más valioso del proceso desde el punto de vista histórico es centrar la atención en la mentalidad de la época, en los mecanismos desplegados en el curso del proceso judicial, en la cotidianeidad de ciertos hechos y la excepcionalidad de otros. Los procesos, el contexto, los cambios, las continuidades, son los elementos que constituyen la Historia, mucho más allá de las individualidades.

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Foral de Bizkaia: Judicial, Corregidor, Criminal, JTB2014/006 y JTB1022/001