Ordenanzas de Larrinbe (1736)

Toda organización o institución requiere de una serie de normas que regulen su funcionamiento, no solo a nivel interno (como tal institución) sino también, y a veces sobre todo, de cara a regular las atribuciones y capacidades que posee. Este es el papel que corresponde a las llamadas “ordenanzas” en las distintas entidades territoriales del pasado.

Por ejemplo, en el caso de la Hermandad de Álava es precisamente la elaboración de un Cuaderno de Ordenanzas en Rivabellosa en el año 1463 lo que sirvió como acto fundacional de esta institución, inexistente hasta el momento. Es decir: Álava era anteriormente un término geográfico que carecía de cualquier tipo de organización ni reflejo institucional, y fue en función de estas ordenanzas que se creó una institución con dicho nombre, a la que se fueron adhiriendo una serie de territorios de distinta naturaleza desde el momento de su redacción (caso de la Tierra de Ayala) o en años posteriores (caso de Llodio, entre otros).

Por su parte, las ordenanzas de la Tierra de Ayala fueron elaboradas por los cinco alcaldes ordinarios, los cinco diputados, los “escuderos principales”, un representante de cada concejo y el letrado de la Tierra. Fue el fruto, por tanto, de un esfuerzo colectivo en el que se habría alcanzado el mayor consenso posible y fueron aprobadas en una Junta General extraordinaria realizada en Saraube el 28 de diciembre de 1510. Se supone que estas ordenanzas venían a reemplazar otras anteriores, probablemente nunca puestas por escrito, pero en cierta medida habría ocupado el hueco dejado por el antiguo Fuero, al que renunciaron en 1487. De hecho, las ordenanzas de Ayala son mucho más completas que el antiguo Fuero, y en la práctica constituyen lo que nosotros entendemos hoy por “fueros”. Esto no es algo particular de Ayala, puesto que lo que se conoce como “fueros” es en realidad el conjunto de ordenanzas, leyes, cartas reales, ejecutorias y privilegios que cada uno de los territorios fue logrando, consensuando y estableciendo a lo largo de los siglos (hay que tener en cuenta que ni Álava ni Gipuzkoa tenían un Fuero como tal, y el de Bizkaia solo incumbía a la llamada Tierra Llana).

Estas fechas iniciales del siglo XVI asistieron por doquier a la puesta por escrito de multitud de ordenanzas y reglas, de modo que lo mismo hicieron los concejos, comunidades como la Junta de Ruzabal e incluso comunidades de montes. Por ejemplo, sabemos que las de Lezama, que se conservan íntegramente, son de 1511, y las de Astobiza de 1515. Evidentemente, las sociedades se transforman con el transcurrir del tiempo, de modo que generalmente las viejas ordenanzas quedaron obsoletas, incapaces de dar satisfacción a las necesidades de las personas y comunidades que las integraban. En el caso de Ayala, en 1750 se aprobó una llamada Ordenanza Moderna, más breve que la antigua, y que venía a actualizar algunos aspectos de ésta, sobre todo en lo que se refiere a penas y sanciones por comportamientos que se consideraban indebidos y por excesos que se estaban produciendo en diversos aspectos. En aquello que no se tocó, siguió vigente la ordenanza antigua.

Pues bien: el 5 de agosto de 1736, “en el Zementerio de la Yglesia Parroquial del señor Santiago” de Larrinbe, se juntaron a son de campana los regidores y demás vecinos en su “junta y conzejo para tratar, conferir y resolver las cosas tocantes y conzernientes al servicio de ambas Magestades [la divina y la temporal] vien y utilidad de dho Lugar”. Asistieron los dos regidores, Gabriel de Sagarribay y Francisco de Aldama, y los dos fieles, José García de Urietagoicoa y Tomás de Ugarte, además de los vecinos Manuel de Berganza, Francisco de Salazar, Marcos de Ugarte, Santiago de Villacián, Fernando y Fernando de Ugarte mayor y menor, Diego de Sagun, Martín de Gorbea, Juan de Mariaca, José de Orue menor, Francisco de Villacián, Francisco de Aldama de Izadar, Juan de Berganza de Uriarte, Francisco y Domingo de Orue, Diego de Sautu, Agustín de Orue, Francisco de Echabarria, Bartolomé de Villacián, Francisco de Ziorraga, Asensio de Landaburu, Manuel de Arana, Domingo de Izarra, Antonio de Orue, Antonio de Arana, Silvestre de Berganza, Domingo de Ugarte, Juan de Zulueta, José de Berganza, José de Olarieta y Marcos de Solar. Todos ellos en su propio nombre, y por aquellos que estaban ausentes o enfermos, dijeron que para su conservación, buena unión y conformidad, necesitaban hacer ordenanzas de buen gobierno político y económico, para que los regidores las observasen e hicieran observar.

La escritura que entonces formalizaron, y que traemos a estas páginas, no se corresponde con las ordenanzas como tal sino que consiste en una escritura notarial realizada ante el escribano Tomás de Garbiras (de cuyo protocolo notarial la hemos copiado; Archivo Histórico Provincial de Álava, Protocolo notarial 12.266) con la cual los dos regidores habrían de acudir a las autoridades de Ayala para obtener la aprobación del articulado y su definitiva aceptación como tales ordenanzas. En ningún momento se menciona la existencia de unas viejas, pero consideramos que debieron tenerlas, por escrito o no.

Estas ordenanzas de Larrinbe constan de 34 artículos y la gran mayoría tienen que ver con la gestión de los recursos públicos y privados de los vecinos de la localidad. Su exposición dejará patente hasta qué punto estaba regulada la administración de los bienes y los comportamientos; téngase en cuenta que a esta ordenanza se superponía la de Ayala, que aborda también muchas de estas cuestiones y otras similares. Vayamos, sin más, con el articulado:

1. Habrá, como hasta ahora, dos regidores “para mirar y gouernar las cosas conzernientes a la utilidad de el y su conseruazion” [nada se dice de los dos fieles, pero esta figura seguiría existiendo en adelante]

2. Los regidores serán nombrados el primer día del año por los regidores y fieles que “ultimamente ayan sido” [en otros concejos, como Amurrio, eran los regidores salientes quienes nombraban a sus sucesores de manera directa. No en conjunto, sino cada uno el suyo: Fulano decía que Mengano sería el próximo regidor, y eso era todo. Suponemos que aquí ocurría lo mismo]

3. La elección se realizaría, como hasta ahora, en la casilla contigua a la iglesia, la misma en que habitaba el sacristán

4. Los regidores debían encargarse de apartar las aguas de los caminos reales y servidumbres públicas asignando a cada vecino la parte que les correspondiera cuidar, quedando así obligados a hacer los vallados y zanjas que fueran necesarios, so pena de 6 reales de multa. A la tercera falta, se le embargarían bienes y la mitad de ellos serían para reparar caminos y la otra mitad para los regidores.

5. Se prohibía entrar con carro a las heredades atravesando “boronales” con objeto de sacar las hierbas del “fruto de San Juan”, sino que debían sacarlas a hombros hasta el cargadero donde no se hiciera daño, so pena de pagar los perjuicios y 200 maravedís de multa aplicados la mitad para los regidores y la mitad para reparo de caminos

6. Se prohibía segar hierba en las orillas de las heredades sembradas de cereal sin licencia del dueño, so pena de 100 maravedís

7. Se prohibía dejar atadas caballerías, bueyes y vacas, fuera de día o de noche, en las heredades y “botteas” (¿?) de las Arías desde el primero de abril hasta la recogida de la cosecha, so pena de 6 reales de multa a repartir entre los regidores, el concejo y las ermitas

8. Se prohibió varear los castaños antes de que el fruto hubiera madurado y de que los regidores ordenasen hacerlo, pues ocurría que algunas personas lo hacían así y ello causaba la pérdida de los castaños y de mucha parte del fruto. La multa era de 6 reales, mitad para el denunciante y mitad para el concejo.

9. Los regidores, por medio de sus montaneros, debían visitar los montes al menos dos veces por semana en tiempo de castaña, y si encontraban a alguien debían requisar los aperos que llevara para recoger castañas y otros frutos. Si eran criados o criadas, la multa la pagarían sus amos, y si eran forasteros los debían llevar presos ante los regidores [suponemos que los montaneros eran nombrados por los propios regidores; la existencia de esta regla se debe, evidentemente, a que estas prácticas eran comunes]

10. Cada vecino debía tener su huerta bien compuesta y con la hortaliza necesaria para su casa y familia, so pena de 3 reales de multa por cada falta que se hallase por los regidores, que quedaban obligados a visitar las huertas del vecindario

11. Robar en huertas era penado con 500 maravedís de multa divididos a partes iguales entre el denunciante, el concejo y las ermitas. Además, el reo debía pagar al dueño el doble de los daños causados

12. Cada vecino debía plantar cada año cuatro carrascos de buena calidad en los montes, ejidos y comunes, so pena de 400 maravedís de multa

13. Se prohibía hacer roturas sin licencia ni consentimiento de los regidores, que además debían señalar el lugar en que debían hacerlas. Ello se debe a que muchos vecinos las hacían donde se les antojaba. La multa era de 500 maravedís que irían para el concejo, además de tener que abrir la rotura

14. Los regidores debían distribuir a los vecinos en cuadrillas por el mes de abril para limpiar y arreglar las fuentes y pozos de los montes para que el ganado pudiera beber con toda limpieza y comodidad, so pena de 4 reales para el concejo

15. Se prohibía hacer fuego para quemar árgoma y aulagas so pena de 500 maravedís, mitad para el concejo y mitad para el denunciante. Los regidores tenían obligación de investigar estos fuegos, pues de lo contrario deberían pagar ellos los daños que se ocasionasen. Y si los autores eran forasteros, debían avisar a la justicia ordinaria o de hermandad [es decir, a los alcaldes ordinarios o los alcaldes de hermandad de Ayala, que eran quienes tenían potestad para entender en estas cosas]

16. Siempre que se supiera que entre las casas y sus cercanías anduviera lobo, raposo u otro “animal nocibo y pernicioso”, los vecinos debían salir en batida con las armas que tuvieran. Y si no podían juntarse, los regidores ordenarían quiénes debían ir, y éstos recibirían un cuartillo de vino “por via de refresco” a costa del concejo [un cuartillo equivale a medio litro]

17. Los regidores debían nombrar anualmente dos panaderas que quedaban obligadas a tener siempre el suficiente pan cocido para vecinos y viandantes (se dice que a veces había falta de ello). Esta práctica estaba sujeta a postura, que debía ser fijada por los fieles.

18. Los regidores debían tener una o dos tabernas en las que se vendiera vino clarete de Rioja, de lo contrario podían ser castigados por el concejo [la obligación de tener una o dos tabernas públicas era común a todos los concejos, pero no parece que fuera lo más habitual que fueran los regidores quienes debían regentarlas]

19. De noche, los taberneros y taberneras no debían admitir “conversación” en ellas ni podían dar vino a no ser que fuera para llevar, so pena de 500 maravedís de multa que irían por mitad a reparo de caminos y ermitas

20. Se prohibía llevar armas ofensivas ni defensivas a las tabernas en días festivos, so pena de 500 maravedís que irían por mitad a regidores y reparo de caminos.

21. “porque sucede muchas veces que en días de fiesta y domingos suelen reñir de obra y palabra en dichas tabernas algunos vecinos y naturales”, se estableció una multa de 500 maravedís que debía cobrar el concejo, independientemente de que la justicia ordinaria entendiera finalmente en el caso o no.

22. Los vecinos que se sintieran agraviados por los fieles tenían derecho a recurrir ante los regidores, y las decisiones de éstos se podían recurrir ante el concejo. El que sin pasar estos trámites acudiera a la justicia ordinaria de Ayala sería multado en 500 maravedís a pagar al concejo, además de pagar los gastos

23. Los regidores, fieles y una persona mayor de cada casa quedaban obligados a acudir a letanías y rogativas so pena de media libra de cera para la iglesia, pues había costumbre de que, solo para cumplir, se enviasen a niños y niñas “con que se desluzen las proçesiones y no se da el culto deuido a los santos

24. Se prohibió entrar a misa los domingos y festivos con el pelo atado y sin la decencia debida a semejante culto divino, y debían oírlas desde los bancos que para ello había, so pena de una libra de cera para la iglesia. Ello se debe a que algunos vecinos acudían a estos oficios sin “ongarinas” y con los pelos atados, y oían la misa desde el coro y otros rincones de la iglesia [una ongarina es un tipo de jubón negro, sin cuello y hasta las rodillas, muy frecuente en el norte de Navarra pero no exclusiva de allí, donde consta su uso por los hombres para ir a la iglesia, entierros, bautismos y bodas; lo mismo debía ocurrir aquí]

25. Los regidores y los fieles quedaban obligados a acudir a la misa conventual de los domingos y festivos, y especialmente los festivos de primera clase (Pascual, Corpus, Jueves y Viernes Santo), so pena de media libra de cera. Se dice que muchas veces no asistían a estas misas

26. Se prohibía que ningún vecino se opusiera a que los montaneros les embargasen bienes por orden de los regidores so pena de 500 maravedís para el concejo, además del pago de la multa o pena en que hubieran incurrido. A cuenta de esta oposición, solían producirse disturbios y alborotos.

27. Los regidores debían tener un libro en el que escribieran las multas y penas que impusieran, de las cuales debían dar cuenta a sus sucesores en el plazo de 15 días después de cesar del cargo, so pena de 1.000 maravedís, aplicados por mitad al concejo y reparos de caminos

28. Se prohibió a los regidores ocultar multas so pena de 2.000 maravedís que irían para reparos y adornos de la ermita de San Mamés, además de tener que pagar lo correspondiente a la multa ocultada

29. Los regidores, antes de ejercer sus oficios, debían jurar por Dios, ante la señal de la cruz y sobre los Evangelios, que ejercerían con toda fidelidad y cristiandad, guardando y haciendo guardar los capítulos. Si no lo hacían, no serían tomados por regidores, y si se negaban, se elegiría a otros

30. La inasistencia a concejo, algo que debía ser frecuente, se penó con 4 reales

31. Se prohibió levantar la voz en el concejo, algo que solía ocurrir frecuentemente y daba lugar a murmuraciones y dejación al deliberar lo necesario, so pena de 3 reales

32. Se prohibió a los regidores que hicieran derrama alguna si no estaban presentes en concejo todos o la mayor parte de los vecinos, so pena de todos los daños causados. Los repartimientos que se hicieran debían apuntarse en los libros.

33. Se establece un salario de 15 reales anuales para el escribano o persona que escribiera en estos libros las elecciones de oficios y los repartimientos

34. Se ordenó sacar dos copias auténticas de este capitulado: una quedaría en el archivo que estaba en la iglesia y el otro pasaría entre los regidores de mano en mano.

El segundo mayorazgo de los Lezama (1755)

Como decíamos en la entrada anterior, Bartolomé de Lezama Eguiluz no tuvo una vida larga, ya que la muerte le alcanzó en 1706 a los cuarenta y ocho años. No disponemos, al menos de momento, de su testamento ni el de su cónyuge Josefa del Campo, que había muerto aún antes, en 1697. En cuanto a sus hijos, la mayor se casó con Francisco de Retes Campo; José Francisco fue sacerdote y falleció en 1761; y Diego Felipe murió en 1750 con cincuenta y cuatro años sin que tengamos ni un solo dato más sobre su vida.

A quien conocemos mucho mejor es a su primer hijo varón, Felipe de Lezama Eguiluz, nacido el 21 de mayo de 1690 y a la postre heredero del mayorazgo que había fundado su abuelo del mismo nombre. Felipe no tardó en ponerse al frente de la familia tras el fallecimiento de su padre, de manera que fue elegido alcalde ordinario por primera vez en septiembre de 1709, con solamente diecinueve años y, por supuesto, aún soltero (las ordenanzas prohibían ocupar cargos públicos a los solteros, aunque esta disposición no siempre fue cumplida). De hecho, no se casó hasta 1723, momento para el cual ya había sido alcalde ordinario en otra ocasión y síndico procurador general en dos ocasiones. Para manifestar el relevante papel que tuvo en la vida comunitaria ayalesa de la época baste decir que fue teniente del Gobernador durante bastantes años y hasta el momento de su muerte. Lo fue, además, de varios gobernadores distintos, que por estar ausentes la mayor parte del año el ejercicio del cargo recayó de facto en Felipe, y lo desempeñó suficientemente, logrando la aprobación de la gran mayoría del vecindario. Su ocupación como teniente de gobernador impidió que ocupara cargos públicos en Ayala con mayor frecuencia, pero a pesar de ello acudió como procurador de la Tierra a las Juntas Generales alavesas en los cursos 1715-1716, 1716-1717, 1721-1722, mayo de 1723, noviembre de 1727, entre 1735 y 1738 y en 1739-1740.

El 14 de junio de 1723 Felipe contrajo matrimonio con María Francisca de Aldama Sobrado, natural de Okondo y último eslabón de una de las familias más importantes de Ayala desde el siglo XV, sobre la que aún está todo por escribir. Por otro lado, la brillante carrera de Felipe de Lezama quedó truncada con su fallecimiento a las diez de la mañana del día de Santo Tomás del año 1740 a los cincuenta años de edad. Puede que llevara un tiempo enfermo, ya que formalizó su testamento el 27 de septiembre estando ya enfermo en cama.

A pesar de la importancia y categoría del personaje, su testamento es simple y no muy distinto en la forma al de cualquier labrador acomodado. También es cierto que era ya común en su tiempo que los testamentos fuesen más escuetos y menos complejos que en siglos anteriores. Un aspecto en el que se puede apreciar esto son las disposiciones por su alma, pues ya no era tan habitual encargar ingentes cantidades de misas en decenas de templos distintos ni programar complejos rituales de misas y aniversarios. En este sentido, Felipe ordenó que su cuerpo fuera enterrado con el habitual hábito de San Francisco en la iglesia de Santa María y en la sepultura que dispusiera su mujer de entre todas las que poseía. En cuanto al sufragio de su alma, mandó que durante un año se ofreciera la consabida “oblada y candela” con las funciones de entierro, novenario y cabo de año con asistencia de los sacerdotes del Cabildo y todos aquellos que quisiera convocar su mujer. Encargó misas de novena, Apóstoles y San Gregorio, una vez o cuantas quisiera su esposa; doce misas en la ermita de San Silvestre -actual San Roque-, y otras doce en el santuario de Arantzazu; cien misas rezadas en la parroquia y otras cien en el convento de San Francisco de Orduña. Por último, dispuso que durante el año de su fallecimiento se dijeran sendas misas rezadas los lunes y sábados en la parroquia, los lunes en el altar de Nuestra Señora de la Piedad y el sábado en el del Rosario. Son unas disposiciones importantes, dignas de su categoría, pero no tan complejas ni tan cerradas como solía ser frecuente anteriormente, ya que concedió amplio margen a su esposa para cumplir estas funciones, y para otras cosas como veremos.

Por aquel entonces, Felipe y María Francisca tenían por hijos a Manuel Antonio (1729), Juan José (1734), José Ramón (1735), Francisco Gerardo (1738), Pedro Narciso (1739), María Francisca (1726) y Juana Josefa. Sabemos que tuvieron otros dos varones que ya habían fallecido para entonces. Todos los hijos eran menores, muy jóvenes aún, y Felipe solamente les mandó cien reales a cada uno de ellos. Sin embargo, a las dos chicas les dejó la muy apreciable cantidad de quinientos ducados a cada una, los cuales se les entregarían cuando tomasen estado de matrimonio o religioso, o cuando alcanzasen la mayoría de edad.

Por otra parte, Felipe se declaró poseedor del mayorazgo que habían fundado sus abuelos Felipe y Casilda así como de los bienes que agregó su padre Bartolomé por sí y en nombre de Josefa su mujer; en virtud de aquella cláusula del vínculo por la cual el titular podía elegir sucesor entre sus hijos varones, Felipe no se complicó la vida y nombró a su hijo varón mayor, Manuel.

Por lo demás, hay dos aspectos a los que Felipe dedicó especial atención en su testamento, dos temas que sin duda quería dejar atados antes de fallecer. En primer lugar, declaró que había dado permiso a Sebastián de Isasi -esposo de una prima suya- para que construyera una casa nueva en una heredad perteneciente a su Casa de Ugartebechi y junto a ésta. Recordemos que esta casa la había dejado su abuelo a un hijo ilegítimo con la condición de que, en caso de fallecer o de no dejar herederos legítimos, pasara a manos de Bartolomé. Y así debió suceder. Como veremos, por entonces era un bien no vinculado, de libre disposición. Sebastián debía pagarle el valor de la heredad a tasación de Tomás de Garbiras, pero éste había fallecido y, aunque nombraron otros dos tasadores, aún no se había efectuado. Por lo tanto, Felipe dispuso que Sebastián le pagase el importe a su mujer o, en caso contrario, ésta se quedaría con la propiedad. Además, Sebastián le debía otras cantidades de dinero.

Segundo, la cuestión de la dote de su esposa aún no estaba resuelta del todo. Bernabé Antonio de Aldama había prometido donar 3.000 ducados de vellón a su hija María Francisca pero aquel falleció habiendo satisfecho 2.500. Por razón de la herencia materna, Felipe había iniciado un pleito contra su cuñado Juan José de Aldama pero la cosa no llegó a mayores y alcanzaron un acuerdo por el cual Lezama recibió arcas, hierros, escrituras de admunerías de ganados, heredades y montes, que junto a los mencionados 2.500 ducados ascendían a 8.000 o 9.000, una cantidad muy importante. En su testamento, Felipe quería que este tema quedase zanjado.

A pesar de estas diferencias con su familia política, Felipe nombró albacea a su cuñado Juan José junto a su hermano el sacerdote José Francisco de Lezama y el resto de curas de la parroquia. Finalmente, dio poder a su esposa para que, por medio de testamento u otra cualesquiera vía, distribuyera sus bienes entre los hijos según fuese su voluntad y nombrase heredero entre ellos. Era un poder sin limitación “atendiendo a su mucha Cristiandad y confiando cuidara de la heducazion y crianza” de los hijos y la nombró tutora y curadora de todos ellos y administradora y usufructuaria de todos los bienes.

Felipe abandonó este mundo de manera prematura nombrando sucesor del mayorazgo que había gozado y dando plenos poderes a su esposa para que administrase todos sus bienes hasta que llegase la hora de legarlos a la siguiente generación, de la manera que quisiera -a excepción de los bienes vinculados, que serían para Manuel, claro está-. No disponemos del testamento de María Francisca de Aldama Sobrado y, de hecho, no sabemos cuándo falleció. Pero lo relativo al legado de su difunto marido, o la mayor parte de él, lo dispuso mediante una escritura de fundación de mayorazgo que otorgó ante el escribano Domingo Martín de Oribe el 20 de diciembre de 1755. Por aquel entonces, era vecina de su localidad natal, el Valle de Oquendo, probablemente porque su hermano Francisco Antonio, heredero del mayorazgo de Izaga en aquel lugar, se había ido a América y a ella le había correspondido vía judicial la administración de ese patrimonio. María Francisca era la heredera de Francisco Antonio, de manera que dispuso que, si recaía en ella dicho mayorazgo, éste fuese para su hijo Manuel de Lezama. Y así ocurrió.

Para entonces, sus hijos José Ramón y Francisco Gerardo habían fallecido, de manera que le quedaban cinco vástagos. María Francisca había entrado como religiosa en el convento de Santa Clara de Orduña y ya le había pagado lo que Felipe había dispuesto. Además, Aldama estableció el pago anual de cien reales por el día de Todos los Santos de forma vitalicia. Por su parte, Juana Josefa se había casado con Francisco Antonio de Murga Arza y ya le había pagado toda la dote; Murga, perteneciente a una importante familia de Respaldiza, falleció tempranamente, de manera que Juana se casó en 1757 con José Ventura de Villodas Ibarrola, un personaje descollante en su época, como no podía ser menos dado el status socioeconómico de los Lezama.

El segundo hijo varón, Juan José, de veintiún años por entonces, “camina[ba] en los estudios a fin de lograr el estado sacerdotal a que se inclina” de manera que su madre dispuso que se le asistiera en todos los gastos necesarios hasta que se ordenara sacerdote. Pero, por si acaso cambiaba de voluntad y decidía no ordenarse, solo le pagarían ciento cincuenta pesos, que podían dárselos “si quisiera ir a yndias”. Sabemos que Juan José falleció en Okondo en 1791.

Lo curioso es que al tercer varón, Pedro Narciso, María Francisca le apartó con los escasos cien reales que le había legado su padre y con la simbólica cantidad de diez maravedís, una teja y un árbol. Por lo tanto, puede decirse que Pedro fue prácticamente desheredado por su madre. Sin embargo, no tenía más que dieciséis años, por lo que  quizá su madre previera darle mayores medios para su sustento más adelante. En cualquier caso, desconocemos qué fue de esta persona.

Pues bien, como decíamos, María Francisca fundó un nuevo mayorazgo en el que se incluyeron los siguientes bienes:

  • Unos molinos con sus pertenecidos en jurisdicción de Larrinbe que habían comprado a Antonio de Salazar y sus acreedores y que fabricaron “e hicieron fabricas de su planta” abriendo los calces y haciendo presa nueva, junto a una casa que tenían los molinos también de nueva planta. Los pertenecidos los habían comprado. Se trata de los molinos de Borinobarria, que aparecen con este nombre más adelante en la misma escritura.
  • Una casa en Larrinbe con todos sus pertenecidos “que está entre otras de Gregorio de Ugarte y Joseph de Orue pegante al camino real que se ba del campo de launco a el de la ermita de san mames”. Sería la casa de Izadar que se mencionaba en el testamento de Felipe y Casilda.
  • Unos molinos en Saratxo con su casa nueva, heredades, montes y demás, que había llevado como dote al matrimonio Josefa del Campo. Ésta, en su testamento, dejó poder a su marido para que dispusiera de sus bienes entre sus hijos, y Bartolomé en el suyo dio poder a su hermano Francisco de Lezama Eguiluz, Vicario de Ayala. Fue éste quien añadió estas propiedades al vínculo fundado por Felipe y Casilda. Por lo tanto, la agregación de estos bienes al mayorazgo que estaba fundando María Francisca era únicamente condicional: “si por no haber dejado dha Dª Josepha del Campo orden espresa de que se iziese dha agregacion y por esta razon faltase la fuerza de ella”. Es decir, por si la vinculación realizada por Francisco era impugnada por no haber sido expresamente dispuesta por Josefa; en ese caso, se añadirían estos molinos al nuevo vínculo. Estaban en el término de Abendui.
  • Unos molinos nuevos en Amurrio “llamados de querejeta que también fabricamos de nueba planta” durante su matrimonio, con las heredades de pan sembrar que habían comprado. De hecho, también compraron los sitios de dichos molinos, aunque no sabemos a quién. Tampoco queda claro si los nuevos molinos sustituyeron a otros viejos o fueron construidos totalmente de nueva planta. Lo que sí sabemos es que se trata de la casa de Querejeta, también conocida como molino Campo, que además aún luce el escudo de los Lezama en una de sus fachadas.
  • Una casa con sus pertenecidos “en donde llaman orbezar” (Oruezar) en Amurrio. Se dice que estaba cerca de la casa nueva de Cristóbal de Garbiras, marido de Asensia de Isasi, hija del ya mencionado Sebastián. “Por ser dha casa de orbezar antiquisima”, le correspondían los árboles antiguos y modernos sitos en el campo llamado Orbezar y el mismo campo, de manera que la casa nueva solo tendría su propio sitio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que se habla de la misma casa sobre la que se trataba en el testamento de Felipe, parece que esta casa ahora llamada de Oruezar es la misma que entonces figuraba como Ugartebechi.
  • La casa de Ugartebechi sita en el barrio de Ugarte con todos sus pertenecidos. No se dice más. Creemos que puede tratarse de la casa de Ugarte que Felipe y Casilda reservaron en su testamento para su hijo Domingo, sacerdote, que no fue vinculada. De esta manera, tendríamos dos casas nombradas Ugartebechi: una en Ugarte y otra en Orue.
  • La casería de Zaballa y su accesoria que habían comprado al convento de San Francisco de Orduña, y media casa aneja a la accesoria que la “ube comprado de rosa de lezama hija y heredera de D. Andres de Lezama”. Sabemos que, el año siguiente, Manuel y su esposa hipotecaron una “casa titulada de Zaualla”, lo cual no habrían podido hacer de haber estado vinculada. En la escritura de fundación, Aldama se reservó 3.000 ducados en dinero a recibir en el plazo de dos años, y en caso contrario se quedaría con la casería de Zaballa, su accesoria y pertenecidos por la cantidad en que se compró, y la parte que faltase a su elección. Pasado el plazo, María Francisca, que era vecina de Respaldiza -con su hija, a buen seguro-, demandó a su hijo por no haberle dado los 3.000 ducados.
  • Una sepultura en la primera hilera de la iglesia, al lado del evangelio, confinante con la de la casa de Intxaurdui y la de “la casa de sarin”.
  • Otra serie de bienes como unas heredades en Belandia, una heredad en Luyando cerca de la ferrería, diversos montes y muchos bienes muebles que se describen
  • Un número importante de censos, que son los siguientes: contra un vecino de Larrinbe, tres contra la casa de Urrutiko que estaba concursada, otros contra la casa de Latatu en Amurrio que era propia de Martín de Otaola, otro de la casa de Aldaiturriaga propia de Francisco de Aguirre, otro de la casería de José de Beraza, los de la “caseria de querejeta” propia de Matías de Orue, otro de las caserías de Oribay propias de Francisco de Sagarribay, otro de una casa de Manuel de Acha en Luyando, otro de la casa de José de Otaola en Olabezar, otro de la casería de Fabián de Mugaburu y otro que debía la casería de Intxaurdui que era propia de María de Sarachaga, vecina de Luyando

María Francisca llamó en primer lugar al mayorazgo a su hijo Manuel de Lezama, de manera que gozaría no solo del mayorazgo fundado por Felipe y Casilda sino también de este nuevo creado por su madre. Y, con el tiempo, recibiría también el mayorazgo de Izaga en Okondo, lo cual nos da idea de la magnitud de los bienes que quedaron bajo su poder. Manuel contrajo matrimonio solo ocho días después de que su madre otorgase la mencionada escritura, en la que aquel figura como capitán de las milicias de Cantabria. Su cónyuge fue Francisca Antonia de Amechazurra Berrio, al parecer nacida en la burgalesa localidad de Arza, si bien parece que sus padres, Domingo de Amechazurra Velasco y Francisca Antonia de Berrio Quincoces, se asentaron pronto en Orduña, de donde fue natural ella. De hecho, sabemos que Francisca Antonia fue tutoreada por su tío José Jorge de Berrio.

Manuel tenía veintiséis años por entonces, ya que había nacido en mayo de 1729. A diferencia de su padre, apenas tuvo protagonismo alguno en el desempeño de cargos públicos de Ayala, ya que solo nos consta que fue síndico procurador general en 1762, año en que acudió como tal a las Juntas alavesas, y también lo hizo en mayo de 1763. No ocupó más cargos en su vida (en Ayala, sí lo haría en Amurrio seguramente). Ingresó en 1769 en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País como socio de mérito y, al parecer, trató de establecer en Amurrio una fábrica de carruajes, lo que no se habría llegado a efectuar.

Es en un informe de la Bascongada donde encontramos una curiosa información remitida por Manuel, la cual merece la pena reproducir en estos tiempos actuales marcados por una pandemia. Corría el año 1771 y comentaba Manuel que se estaba ganando al cirujano local “leyendole sucesivamente quantos avisos en el asunto daban las Gacetas” y le tenía dispuesto a hacer experimentos relativos a la inoculación cuando se presentase la viruela. Y así ocurrió que un niño de diez años llamado Domingo Galindez presentó síntomas. El propio Lezama dice que “repetidas veces había yo alentado a mi muger (sin fruto) sobre que hiciesemos inocular los hijos” y uno de ellos, Joaquín, de diez años, “hallandose un día holgando con otros niños y niñas de su edad”, los animó a que subieran a ver al enfermo y hablando allí mismo de la inoculación dispuso el ánimo de una niña de nueve años a ser inoculada. Se trataba de Manuelita de Solar, que por lo que sabemos fue hija precisamente de un cirujano, ya fallecido para entonces.

Joaquín soltó una pequeña postilla que la niña tenía en la mano “y asomó alguna corta humedad de sangre aguada”, tomó materia de una viruela y la depositó bajo la postilla cerrándola con ella. A los siete días la muchacha ya tenía la enfermedad “pero con tal felicidad, que depuesta su malicia las experimentó de la mejor calidad que pueden desearse”. El propio Joaquín se inoculó a sí mismo después de herirse con una navaja en el índice de la mano siniestra. Y a partir de entonces la viruela no tuvo la virulencia que sufrió Galindez sino “una tan benigna como la que tuvieron los inoculados”, de manera que habiéndose contagiado gentes de todas las edades, solo murieron una niña de pecho y una chica de 18 años muy gruesa, que se sofocó. Dice Lezama que todos se fiaron de la benignidad de la epidemia y trataban de contagiarse comunicándose con los enfermos. Así lo habían hecho los seis hermanos de Joaquín que iban y venían a su cuarto para jugar con el, contrayendo el mal y pasándolo los seis juntos. Galindez heredaría en el futuro su caserío natal en el barrio Elexondo mientras que Solar falleció en 1782.

Manuel falleció el 18 de diciembre de 1777 con tan solo cuarenta y ocho años al igual que su abuelo. Esta tendencia a la muerte prematura se mantendrá en los siguientes poseedores de los mayorazgos de los Lezama. Su esposa es posible que falleciera en Gordejuela, quizá en 1794. Lo que sabemos es que, en los años ochenta, Francisca Antonia era vecina de Okondo cuando, como curadora de su hijo Serafín, residente en Madrid, pleiteó con su hijo mayor José María sobre la posesión del mayorazgo de Izaga. El heredero de los dos mayorazgos de Amurrio y alrededores fue dicho José María, que a diferencia de su padre fue escribano como sus ancestros y falleció en 1795 con tan solo treinta y siete años. No parece que las relaciones con su madre fueran buenas, ya que también pleiteó con ella en 1784-85 cuando exigió a José María el cumplimiento de dos escrituras que le obligaban al pago de 300 ducados anuales por alimentos. Éste alegaba que era una cantidad desproporcionada habida cuenta sus rentas y que había firmado las escrituras siendo menor de edad.

Pleito de Elejazar (III)

 

 

Mes y medio después de finalizar el interrogatorio a los testigos presentados por la parte contraria, el 15 de abril de 1768 el Gobernador respondió positivamente a la petición de Olabezar y Larrinbe para que se reconociera in situ el monte de Elejazar. Por esta parte, se nombró como peritos a Francisco Xabier de Irabien y Eugenio Antonio de Acha, muy destacados vecinos de Quejana y Respaldiza respectivamente. Por su parte, Amurrio se negaba a este reconocimiento y por ello no designó perito alguno, de modo que el abogado Juan Valentín de Ibarrola, vecino de Lezama, fue nombrado de oficio.

La visita se realizó los días 25 y 26 de mayo con la asistencia de Juan de Isasi, Domingo y José de Aldama, vecinos del barrio de Aldama. Éstos llevaron a la comitiva hasta el lugar en que había estado un roble que marcaba la división entre el término común de los cinco concejos y el dehesado privativo de Amurrio. Los peritos pudieron apreciar que el monte comunero estaba muy poblado y con necesidad de entresacar, aunque había muchos árboles mal podados y otros que estaban cortados por el pie a pesar de su pequeño tamaño. Después, los tres hombres mostraron un plantío –de ínfima calidad, señalan- que los vecinos de Amurrio habían hecho en el término de Salamanca pero dudaban si era comunero o dehesado; ni siquiera los vecinos más cercanos tenían muy claros los límites entre uno y otro. Y esto va a ser una constante en adelante: los testigos llamados a declarar confunden continuamente los términos, no tienen muy claro qué pertenece a quién, se contradicen unos a otros y sus propias declaraciones anteriores, etc.

Al día siguiente, Amurrio pidió la nulidad de la Ordenanza y denunció que el escribano que estaba entendiendo en la causa, José Ventura de Villodas, tenía parcialidad conocida con los pueblos demandantes y ejercía su influencia sobre el Gobernador Mendieta. Su pretensión fue denegada.

En el mes de noviembre, el concejo de Amurrio presentó una serie de escrituras para que fueran compulsadas e incluídas en el pleito; la mayoría de ellas trataba de multas que el concejo de Amurrio había cobrado de diversas personas por excesos cometidos en los montes de Elejazar. Por ejemplo, el 4 de febrero de 1743 multaron a cuatro vecinos de Berganza y Onsoño por cortar acebos por el pie. Por aquel entonces, Amurrio pleiteaba con Larrinbe sobre la roza realizada por los vecinos de este pueblo en el monte de Sobre Pagaza y término de Curzecomendi. Larrinbe se amparaba en las ordenanzas de los cinco concejos; tras varios dimes y diretes, llegaron a un acuerdo según el cual aprovecharían la roza por tres o cuatro años pero después debían hacerlo en sus propios términos, que eran desde el arroyo debajo de los manzanales y jaral del caserío Pardio de Abajo hasta el robledal de Suerraran, propio de la casa de Curzialde y desde allí por el arroyo al salcedal de la casa-rueda del difunto Bartolome de Escalza, que estaba en Amurrio –en Okeluri, concretamente-.

También se compulsó una visita de mojones entre Amurrio y Luyando que se hizo el 17 de julio de 1763 después de que algunos vecinos de éste hubieran roturado tierras en Enorduy excediéndose bastante. Con ello querían probar que había sido el concejo de Amurrio quien participó en el apeo y puso dos mojones nuevos para mayor claridad, sin participación alguna de los otro cuatro concejos.

Tras un alegato muy largo y bien fundamento presentado por parte de los dos concejos, el Gobernador sentenció el 11 de julio de 1769 que Olabezar y Larrinbe habían probado bien su demanda y declaró que el monte de Elejazar era comunero en todo género de aprovechamiento con sus dehesas. José de Aldama y Pablo de Urrutia fueron condenados a entregar en el plazo de cinco días lo que correspondía a los otros concejos de la multa impuesta a Olazar. Y todos ellos debían arreglarse a las ordenanzas en la corta y recogida de leña para sus hogares y edificios. Tras presentar las habituales alegaciones, el 17 de agosto el Gobernador ratificó la sentencia.

Aún así, no fue hasta el 12 de octubre que los regidores de Amurrio entregaron el dinero que debían a los dos concejos, y además con protestas sobre la sentencia y contra el escribano del caso porque no había querido darles traslado de algunas escrituras. De hecho, insistieron presentando un pleito que había tenido lugar en 1750-51, cuando Juan de Isasi y José de Aldama, los ya citados vecinos de Aldama, acusaron a Matías de Orue por haber hecho cortas en los castañales de Mendico Requeta –también figura como Mendico Errequeta– y Erroispe que eran de su propiedad, y habiendo sido reprendido por ello por Maria de Mendieta contestó que “tanto tenía que mandar en dhos castañales” como ellos; además a Aldama le habían robado mucha castaña de una “cortina o erizal” que tenía en un castañal propio.

Según buena parte de los testigos presentados por los acusadores, los castañales estaban situados en un dehesado propio del lugar de Amurrio, en el que otros muchos vecinos tenían por propios y plantados por sí y sus antepasados diferentes porciones de castaños y los habían gozado privativamente aprovechándose de sus frutos y leña sin dar parte a nadie y sin contradicción alguna, pagando el diezmo correspondiente por ellos a la parroquia. Un testimonio interesante es el de Francisco de Ugarte, vecino de Onsoño, que había fabricado carbón para los acusadores en varias ocasiones empleando la leña de sus castañales. Francisco contó que en una ocasión que iba para su casa se encontró al acusado Matías de Orue con un costal y dos varas injertas por medio con su brazadera de hierro para poder alcanzar mejor cualquier fruto con su gancho también de hierro.

Se cuenta también que, el año anterior, Isasi había cedido parte del fruto de sus castañales a Antonio de Salazar, vecino de Saratxo, pero cuando fue a ello resultó que las castañas habían sido vareadas y desgranadas debajo de los mismos árboles. Testigo de ello fue el joven Manuel de Aldama Echeguren, natural del barrio de su apellido y de catorce años de edad, que se encontró con Matías y le dijo “oy Matias según ba ya ha de hacer media fanega de castañas” y le contestó “vien estoy si no hago mas”. Por allí andaban también una mujer y otros mozos de la zona.

Pero claro….no faltaron testigos dispuestos a exonerar a Matías. Por una parte, los celadores de montes Juan de Abechuco y Diego de Aldama examinaron las ramas cortadas y, al parecer, dictaminaron que las ramas cortadas eran de corto valor y en beneficio de los árboles, porque en realidad los habían podado. Por otro lado, los testigos presentados por los acusados consideraban que los castañales estaban situados en Erroispe, lugar prohibido por la Ordenanza que siempre había estado en observancia, de manera que siempre se habían protestado los plantíos realizados en este lugar y de hecho Juan de Aldama, el padre de José, había sido multado. Sin embargo, los castañales de Mendico errequeta sí que eran concejiles.

Se contaba que treinta años atrás se había celebrado una junta de los cinco concejos en el campo de San Antón para tratar sobre los plantíos efectuados en ese lugar, en la que Felipe de Lezama Eguiluz propuso dejarlos para beneficio del común, en lo que se conformaron. Y unos dieciséis años atrás Domingo de Beraza y Francisco de Bolloqui fueron por orden de Diego de Landa a cortar madera a Elejazar, pero estando en ello fueron apresados por los regidores Felipe de Lezama y José Ventura de Respaldiza.

El alcalde ordinario Antonio de Echebarria sentenció el 15 de junio de 1752 con asesoría del Licenciado Juan de Latatu, vecino de Orduña; el fallo fue favorable a los demandantes, a quienes declaró dueños de los castaños, ya que los capítulos de las ordenanzas no estaban confirmadas ni en observancia ni con las solemnidades reales, por lo que los acusados fueron condenados en 1.000 reales y en seis meses de destierro de Alava, y en caso de no cumplir se les pondría el doble de pena en el castillo de Pamplona.

Hay dos aspectos muy llamativos de este pleito. Primero, que el alcalde Echebarria desechara la validez de las ordenanzas tan taxativamente y sin duda alguna. No se oculta que existía cierta organización entre los cinco concejos, que celebraban reuniones en el campo de San Antón. Y aunque podría pensarse que la existencia de esta comunidad no conlleva necesariamente la autenticidad de las ordenanzas, no deja de ser cierto que dificilmente existiría una institución de este tipo sin un reglamento u ordenanzas. Y si no eran las de 1570, ¿cuáles? El segundo aspecto que nos llama la atención es, en relación con lo anterior, que este pleito no hubiera aparecido previamente, antes de la primera sentencia, siendo tan favorable a los intereses de su defensa.

 

La cuestión es que pocos días después de que el concejo de Amurrio abonara lo que debía a Larrinbe y Olabezar procedente de la multa a Bernardo de Olazar, el regidor Pedro de Yarritu y el celador de montes Antonio de Arana habían retenido dos carros de leña que Isidro de Ugalde, vecino de Olabezar, bajaba del monte para su casa y la de Manuel Tomás de Abasolo. Según ellos, la leña había sido cortada en la dehesa de Lekuzabal, privativa de Olabezar. Ya el año anterior habían retenido dos carros del mismo Ugalde so pretexto de bajarlos de la peña de Arkotxa y no de Lekuzabal.

En todo caso, la cuestión no fue retomada hasta el 21 de enero de 1770, cuando se procedió a interrogar a los testigos presentados por ambas partes. Las contradicciones y confusiones entre ellos fueron notables. Manuel de Otaola, natural de Amurrio de 21 años, estaba con su amo Francisco de Olartegochia derramando castaña en Arkotxa cuando vio que los dos vecinos de Olabezar cortaron un roble por pie y cargaron la leña en dos carros; entonces, llegaron Francisco de Padura y Josefa de Olartegochia a bajar unos bueyes, hablaron del tema y Otaola fue enviado a dar parte al regidor Yarritu.

Curiosamente, Padura en su primera declaración dijo que la corta se había realizado en Lekuzabal, dehesa privativa de Olabezar. Pero su suegro Francisco de Olartegochia, “bien reflexionado”, declaró que había ocurrido en la Peña de Arcocha, donde los vecinos de Olabezar también solían cortar leña para sus hogares y edificios. Su hija Josefa, la mujer de Padura, dijo que fue en Arkotxa. Asensio de Aldama que fue en Lekuzabal. Pero la cuestión no era sólo dónde habían cortado el roble sino el status de cada uno de los términos. Así, Manuel de Zumelzu consideraba que Arkotxa era un término incluído en la dehesa de Lekuzabal.

Padura cambió totalmente de testimonio de un momento a otro. Decía que siempre había tenido por Lekuzabal el lugar donde les vió cargar los carros, pero que era cierto que muy cerca había una peña. Pero el principal cambio es que ahora negaba que la dehesa fuera término privativo de Olabezar. Sin embargo, su suegro se ratificó en que si los de Amurrio habían sido atrapados cortando algún árbol por pie en Arkotxa habían sido multados por los de Olabezar, tal y como le había ocurrido a el. Sin embargo, Pedro de Olartegochia afirmaba que los vecinos de Urieta iban a la dehesa a por leña para sus hogares y cerraduras sin que ningún vecino de Olabezar pusiera ningún embarazo.

Quizá el dato más significativo es que fue llamado a declarar el regidor de Amurrio, Diego de Ugarte, quien dijo haber visto la Ordenanza y que el término era para aprovechamiento exclusivo de los de Olabezar. Por eso sorprende sobremanera que el 15 de marzo, como regidor que era, figura como principal encargado de la defensa de los intereses de la localidad en la presentación de los testigos de su parte. En este contexto, Manuel de Olartegochia, vecino de Izoria de 34 años, dijo que tenía entendido que la leña fue cortada en Lekuzabal y no en Arkotxa, que “le llamaban assi por tener de señal una Peña y arriba de esta Peña un tocanal titulado Arcocha” y ambos estaban dentro de la dehesa; sin embargo, había visto a los de Amurrio, no a los de Olabezar, aprovechar la leña de Arkotxa, y de Lekuzabal a los dos; ambos estaban en término de Amurrio. Contradictorio al máximo.

Tanto Manuel como Francisco de Olartegochia creían que los de Olabezar iban a Arkotxa a cortar leña para regresar por el camino de San Silvestre y evitar ser prendidos. Felipe de Olartegochia, sin embargo, negaba estas cortas clandestinas, y afirmó que al tiempo había hecho una rotura en Lekuzabal junto a su padre sin objeción alguna por los de Olabezar, ya que unos y otros se aprovechaban del término.

Pero las contradicciones no cesan. Francisco de Viguri, vecino de Apregindana de 28 años, había servido nueve años en Amurrio y parte de ellos en el barrio de Urieta y había visto que el término de Arkotxa era separado del de Lekuzabal aunque no había islos sino una peña o esquina que bajaba del campo de Salamanca.

 

Como resumen de todo este galimatías, Amurrio quería que se declarase propio y privativo del pueblo el monte de Elejazar y sus dehesas, sin que ello supusiera una contradicción a la comunidad de pastos -solo de pastos- con los cuatro concejos. Consideraban haber probado que habían sido sus regidores quienes daban permiso y marcaban los árboles que se podían talar o podar; que eran ellos quienes cuidaban los montes, apagaban los incendios, hacían plantíos y apeos, todo a su costa; que cuando los vecinos de los otros pueblos habían entrado a cortar leña y fueron prendados, habían pagado las multas sin contradicción. Solo alguna vez los regidores de Amurrio habían dado a los otros concejos parte de lo percibido por algunas ventas, “deslumbrados” por la Ordenanza.

Insistían, como habían hecho antes, en que la Ordenanza de 1570 nunca había estado en vigor ni había sido consentida en Amurrio, de modo que muchas de las prácticas que en ellas se estipulaban nunca se habían observado, como la existencia de jueces diputados o la revisión de los montes por los montaneros cada quince días. Consideraban público y notorio que nunca se había observado la prohibición de plantar castaños en ciertos términos que se citaban en la Ordenanza, lo cual se demostraba con el auto dado por el Consejo el 4 de diciembre de 1754. En definitiva, se mantenían en su postura de que la Ordenanza se había hecho para facilitar la cobranza de los grandes gastos que estaba haciendo Juan de Urrutia, administrador de Pedro de Ayala, en sus pleitos contra el valle de Orozko. Urrutia era poderoso e influyente y por medio de la participación en los montes de Amurrio, “que son considerables”, quiso atraer a los principales vecinos de los cuatro concejos para que contribuyesen en los gastos de los pleitos con Orozko, especialmente en el de comunidad de pastos que solo seguía, según afirmaban, con el fin de cansar y consumir a Orozko para que no se pudiera defender en el que tenía con Pedro de Ayala, nieto del Comunero a quien se confiscaron los bienes y de cuyo dominio fue separado el valle de Orozko.

Amurrio alegaba que cada concejo era totalmente independiente, cada uno gobernado de acuerdo con sus propias ordenanzas y todos por las de la Tierra de Ayala; de las supuestas Ordenanzas de los cinco concejos solo se habían acordado cuando algún vecino o vecinos habían querido aprovecharse de lo ajeno. Remarcaba que las partes contrarias llamaban “monte comunero” a Elejazar pero las Ordenanzas se referían a el como “dehesado”. Se preguntaban: ¿por qué la Ordenanza llama monte común a todo si luego hablan de montes privativos y dehesados?

 

Por su parte, el representante de Olabezar y Amurrio se basaba sobre todo en lo contenido en la escritura de venta de leñas que se hizo a Olazar y el incumplimiento de Amurrio de la misma al negarse a pagar lo estipulado (y en ello tenían toda la razón, porque Amurrio estaba incumpliendo las condiciones pactadas en esa escritura concreta). Argumentaba también que Amurrio no había justificado la propiedad del monte de Elejazar ni nada de lo que había alegado. Consideraban que, aunque el monte de Elejazar estuviera dentro de los límites de Amurrio, no por ello era suyo el dominio ni mucho menos eran privativos sus aprovechamientos, ya que los cinco concejos siempre habían sido dueños de los montes y dehesas comunes, y no tenían una simple comunidad de pastos sino de todos los aprovechamientos. No se le habían pasado por alto las contradicciones de los testigos –lo mismo se decia que los montes de Elejazar eran privativos de Amurrio que se reconocía que la dehesa de Lekuzabal era de Olabezar- y fue refutando los argumentos con un lenguaje muy confuso, técnico, más centrado en cuestiones legales que en hechos concretos, y señalando puntillosamente contradicciones de los testigos presentados por la parte contraria. Por ejemplo, consideraba que la detención de los carros o las multas a vecinos de Larrinbe no habían sido por el mero hecho de cortar leña sino por cortar árbol mayor y carrasco de vida por pie, lo que estaba prohibido por la Ordenanza. También resaltó que tantos testigos dijeran que para sacar materiales para sus casas de Elejazar había que pedir permiso a los regidores de Amurrio pero que estos no se pudieran negar y que en caso de hacerlo lo habían ejecutado igualmente sin contradicción alguna.

Por el contrario, pasó muy de puntillas por el tema de la Ordenanza. Uno de sus pocos argumentos al respecto fue que si desde su primera Junta General en 1571 había algunos capítulos que se habían dejado de observar, no por ello se podía decir que nunca hubieran tenido comunidad de pastos. Se hace notar también que en esos pleitos que tuvieron a mediados de siglo los regidores de Amurrio fueron instados a presentar el libro de ordenanzas para su compulsa y así lo hicieron, y eran las mismas que se habían compulsado en este pleito. Finalmente, para ellos el dehesado y el monte de Elejazar eran dos cosas distintas; y termina mencionando ordenanzas de otras comunidades montes que tampoco estaban aprobadas por el Consejo Real.

Estos dos últimos puntos fueron probados cuando el pleito fue retomado nada menos que en ¡septiembre de 1773! Más de tres años después. Fue en noviembre de dicho año cuando los apoderados de Olabezar y Larrinbe volvieron a presentar testigos. José de la Torre aseguró que, además del monte comunero de Elejazar, había un poco del mismo nombre que estaba en el centro de uno de los dehesados de Amurrio, al principio de donde se entraba a dichos montes comuneros y en ese campo había visto  plantados muchos carrascos y árboles mayores sirviendo dicho campo y árboles de separación. Antonio de Landaluze dijo que el campo que llamaban de Elejazar “según se entra como se ba por el camino real de Urietagoicoa de dho lugar de Amurrio a el” estaba en dehesado propio del mismo lugar, que seguía hasta un segundo campo, mediante entre uno y otro había una bajadita, y en los dos había estado plantando carrascos con el concejo y vecinos, que eran campos que siempre se habían tenido por dehesa de Amurrio; pero desde ellos hacia la parte de Olarte ya era el monte comunero de los cinco lugares, que lindaba con dehesados de Inordio y el de Arroispe.

Francisco de Orue, que se había criado y vivido en Amurrio hasta que se casó en Izoria un par de años antes, dijo que el monte comunero de los cinco concejos hacia la parte de Olarte se llamaba basogalanta “que quiere decir monte hermoso” y no lo había oido llamar Elejazar y la única división entre ambos era el mencionado campo. Es decir, su testimonio contradice el de José de la Torre.

En todo caso, el mayor acierto que en este momento tuvo la parte favorable a Olabezar y Larrinbe fue la compulsa de una serie de ordenanzas de montes entre diversas localidades ayalesas, ninguna de las cuales estaba aprobada por el Consejo Real y pocas por el Gobernador o algún representante de la Tierra de Ayala. Entre estas ordenanzas, que deben ser de gran interés, se observan las siguientes:

  • Ordenanzas entre Respaldiza y el barrio de Etxaurren para la conservación del ejido que tenían en común en el monte de Bagaza así como los derechos a comer la grana, pacer las yerbas, beber las aguas y aprovechar la leña. Año 1655. Tenía la firma de Juan López de Gorbea, alcalde ordinario.
  • Ordenanzas de los montes comunes de Izoria, Murga, Respaldiza y Luyando
  • Ordenanzas de Maroño e Izoria sobre el aprovechamiento de leñas, hierbas y aguas del monte común titulado de Babio. Año 1487.
  • Ordenanzas de Salmantón, Maroño, Aguiñiga y Madaria para la conservación del monte comunero de Yas. Año 1663. Aprobada por el Gobernador
  • Ordenanzas entre Zuaza y Quejana. Año 1500. Aprobada por la justicia ordinaria de la Tierra de Ayala
  • Ordenanzas de Llanteno, Retes y Costera para la administración de sus ejidos comunes. Año 1544.

 

Finalmente, se compulsó una pieza de autos formados por el Licenciado Pedro de Fontecha, que fue Gobernador y además administrador del Conde de Ayala. Entre las escrituras de esta pieza, se observa una reunión concejil de Amurrio en la que afirmaban que tenían comunidad de montes con Larrinbe, Saratxo, Etxegoien y Olabezar y que solo tenían derecho a la quinta parte de la madera de los montes comunes. Esto ocurrió en 1747.

 

El 9 de octubre de 1781 se sancionó finalmente el asunto y básicamente se confirmó la sentencia dada el 11 de julio de 1769. Los cinco concejos debían ajustarse a la Ordenanza de 1570 hasta que dispusieran unas nuevas, lo cual no parece que llegara a ocurrir nunca. Por lo tanto, los tribunales juzgaron probadas las reivindicaciones de Olabezar y Larrinbe, y en consecuencia la validez y veracidad de la Ordenanza de 1570. ¿Significa eso que la versión esgrimida por Amurrio respecto a las maquinaciones de Juan de Urrutia fuese incierta? Probablemente no, es muy posible que algo de cierto hubiera en todo ello. Pero, por otro lado, parece indudable que existió una comunidad de montes -de hecho hemos localizado el expediente de disolución de la misma, el cual dejamos para otra ocasión- y debió regirse sin duda por una ordenanza. Otra cosa es que parte del capitulado de la misma fuese reiteradamente vulnerado, lo cual no es de extrañar, porque lo mismo ocurrió sin ir más lejos con las Ordenanzas de la Tierra de Ayala.

 

 

Pleito de Elejazar (II)

 

 

 

 

Seguimos con el conocido como Pleito de Elejazar.

El 8 de febrero de 1768 comenzó en la casa del escribano Domingo Tomás de Echeguren, vecino de Olabezar, una serie de compulsas de documentos que tendrían su peso en el pleito. Concretamente, se presentó un apeo que tuvo lugar el 24 de agosto de 1675 con los regidores de Olabezar Juan de Ugarte de Belaunde y Juan de Gabiña y otros vecinos del pueblo que visitaron los mojones del monte de Elejazar propio de los cinco concejos. Primero visitaron un mojón yendo a la casa de Urietagoicoa en el puesto de Enorduy, que era el primero que confinaba con la jurisdicción de Luiaondo; más arriba y a la vista de éste visitaron otros dos mojones y luego otro en el punto de Lantegui que tenía grabado en la parte de arriba la fecha 1648 y a la parte de Luiaondo la de 1671 y los regidores pusieron en la piedra hacia la parte de arriba el año actual, a la vista de Olarte; visitaron el siguiente mojón que estaba más abajo, en el arroyo lindante con la jurisdicción de Luiaondo y Olarte, y con el castañal de Juan de Urrutia; visitados estos cinco mojones, fueron al punto de la entrada de Elejazar y plantaron un roble y después bajaron a Lekuzabal donde hallaron plantados muchos castaños, lo cual había ejecutado San Juan de Urrea, vecino de Amurrio, de quien se dice que era el vecino más cercano al lugar.

También se presentaron las escrituras entre Joaquín de Urizar y Roque de Picaza y pleito que pasó ante el Gobernador. Dicho pleito comenzó el 7 de enero de 1751 cuando Picaza, arrendatario de la ferrería de Zabalibar, propia de los herederos de Diego de Landa, compareció ante el Gobernador y pidió que se impidiese a Joaquín de Urizar, vecino de Miraballes, que cortase la porción de leña que se le había rematado en el monte de Elejazar. Picaza argumentaba que por costumbre y privilegio, como arrendatario de la ferrería de Amurrio, debía ser preferido a cualquier otro en el aprovechamiento de la leña que producían los montes comunes y particulares de dicha jurisdicción, y estaba presto a pagar el precio de las dichas cargas con las mismas condiciones en que se remataron. El Gobernador ordenó que quedase Manuel de Lezama como depositario y no se hiciera corta alguna.

Urizar protestó la decisión en base a tres argumentos. Primero, que Picaza asistió al remate y cuando Francisco de Aldama le ofreció los carbones dijo que no le convenía. Segundo, que Amurrio tenía recursos suficientes para alimentar cuatro ferrerías si fuera necesario. Tercero, que ya tenía la leña preparada para poner en hoyas y que no podía dejarla expuesta a robos o que se perdiera.

El 29 de marzo de 1754 se procedió a la presentación de testigos para este caso. El primero fue Francisco de Aldama Isasi, de 28 años, quien afirmó que el término de Elejazar era propio y privativo de los cinco concejos tanto para su aprovechamiento como en su propiedad; que al remate asistió Picaza, Pedro de Hernani y otros ferrones -pero no Urizar- y Hernani dijo que pujase el que quisiera pero que nadie importunase después a la persona que lo hiciera. En el segundo remate, que fue en favor de Hernani, éste le dijo a Picaza que hiciera postura para el tercero como ya lo había hecho en el primero pero le contestó que no le convenía porque era caro. El tercer remate se lo llevó Aldama, que luego lo cedió a Urizar por medio de escritura pública. Añadió que no había visto ni tenía noticia de que se hubieran sacado de los montes de los cinco concejos carbón para otras ferrerías pero sí había visto transportarlos del valle de Arrastaria y de montes particulares sin que nadie hubiera puesto traba alguna.

Pedro de Yarritu, vecino de Amurrio de 58 años, había tasado la leña vendida junto a José de Zulueta, de Larrinbe. Dijo que Picaza le había dicho que no a Aldama porque en Elejazar no podía entrar con el carro. En todo caso, opinaba que le vendría mucho mejor tomar los montes particulares que había cerca de la ferrería, los cuales solían vender su esquilmo para carbón. Al contrario que el testigo anterior, y que Diego de Ugarte, vecino de Amurrio de 38 años, comentó que sí se habían rematado leñas para carbón a personas que lo habían llevado fuera, y unos cuatro años atrás él mismo vendió hasta 400 cargas de sus propios montes a Juan de Barrones, de Llodio, que las llevó a sus ferrerías sin mayor impedimento.

Tomás de Gabiña, vecino de Etxegoien de 60 años, asistió al remate y le dijo a Picaza que entrase porque le traía a mayor cuenta que a un forastero y le contestó que no porque no podía entrar con carro en aquel paraje. Coincide en que se habían llevado carbones fuera sin oposición alguna.

La declaración continuó al día siguiente con testigos como Bartolomé de Esnarriaga, de 45 años, Francisco de Aldama, de 60, Juan de Zulueta, vecino de Larrinbe de 60 años, y Diego de Aldama, de 43, quien dijo que los montes cercanos a la ferrería no eran capaces de producir 8.000 cargas de carbón (que era lo que les preguntaban) pero las que hubiera las tenía mas en cuenta Picaza tomarlas que las que podía conseguir en Elejazar.

La causa continuó a principios de mayo en la casa de Águeda de Zulueta, vecina de Amurrio, con el interrogatorio de Picaza y la presentación de sus testigos. Roque dijo que no se halló en el tercer remate, que era imposible que en las cercanías de la ferrería sacara 8.000 cargas de carbón, sino 800 o 900 como mucho; dejó por cierto que se tenía costumbre de vender leña en remate público pero que si se había conducido a ferrerías de fuera había sido con ignorancia de los ferrones o porque no las necesitaban.

Domingo Tomas de Echeguren, el escribano de Olabezar que por aquel entonces tenía 34 años, añadió que había oido vagamente decir a Martín de Otaola, de Amurrio, que Roque no necesitaba los carbones y los tenía ofrecidos a otro ferrón, pero se remitió a lo que había declarado el propio Roque. La mencionada Águeda, de 41 años, afirmó que Urizar, Aldama y Yarritu estuvieron comiendo en su casa, y les dijo que “era mucho” que Roque no hubiera entrado en los carbones que se habían rematado, a lo que le contestaron que no los había querido.

Juan de Ugarte, vecino de Amurrio de 51 años, dijo que Picaza era arrendatario de la ferrería de Zabalibar desde hacía unos 13-14 años y lo había renovado por otros nueve; que el monte de Elejazar estaba sito en jurisdicción de Amurrio y que los cinco concejos tenían comunidad de aprovechamiento; tenía por cierto que los arrendatarios de las ferrerías de Zabalibar y Luyando –cuyo administrador entonces era Luis Cristobal de Garbiras- tenían preferencia a otras de fuera no solo sobre la leña de los montes de Elejazar sino también a las de otros montes comunes y particulares; dijo que los montes del lugar no producían el suficiente carbón para alimentar la ferrería de Zabalibar y por eso le constaba que Picaza se valía de los montes de Altube y de otras partes, como había hecho ese año con 4000 o 5000 cargas y que los dueños de las ferrerías de Berganza y Ziorraga se las habían quitado y por ello le hacían mucha falta dichas cargas de Elejazar.

Domingo de Arana, vecino de Amurrio de 49 años, fue quien comunicó a Roque que le habían prendado las cargas que había comprado en Altube. Los demás testigos no aportaron nada nuevo. La sentencia pronunciada por el Gobernador el 14 de junio de 1751 desestimó la pretensión de Roque de Picaza.

 

Regresando al 8 de febrero de 1768, a la casa del escribano Echeguren acudió Francisco de Yarritu Bañueta y dijo que el día anterior el pueblo de Amurrio reunido en concejo decidió que ahora sus representantes en este asunto fuesen los actuales regidores, que eran el mismo Yarritu y Bartolomé de Esnarriaga menor.

El 24 de febrero, en la casa de Antonio de Urrutia en Luyando, se procedió a la presentación de testigos de la parte de Amurrio. Los puntos por los que se les preguntaría, y lo que querían demostrar, eran los siguientes:

  • que cada uno de los cinco concejos era separado y el monte de Elejazar estaba dentro del término de Amurrio, de modo que vendían la leña de dicho monte sin intervención de otros lugares, multaban a los vecinos de los cuatro concejos que habían entrado a cortar leña, y cada vez que hubieran necesitado materiales para sus casas pedían licencia a los regidores de Amurrio
  • que habían hecho en Elejazar cuantos plantíos habían querido sin asistencia de los otros lugares, así como apeos y demás por valor de 20.000 pesos en los últimos 200 años;
  • que el monte era de muchas leguas de extensión y para reconocerlos era necesario invertir muchos días, que en 1570 sumaban los cinco concejos unos 270 vecinos y Amurrio pasaba de los cien, y que Diego de Urrutia escribano fue vecino de Etxegoien y Presebal de Mujica de Larrinbe, todo ello encaminado a mostrar la falsedad de las ordenanzas
  • que en 1570 había un pleito pendiente entre el valle de Orozko y el Conde de Ayala sobre nombramiento de alcaldes y otros oficios, y al mismo tiempo se seguía otro entre Orozko y los cinco concejos sobre mero aprovechamiento de pastos y aguas. Por aquel entonces, Juan de Urrutia era vecino de Amurrio y administrador de los bienes del Conde, “sujeto de mucha estimación, poderío y de grandes combeniencias, de que dan testimonio las compras edificios y fundaciones que hizo”, que habría seguido este segundo pleito con el mayor tesón imposibilitando que Orozko se defendiera convenientemente en el primero y así el conde la gratificaría, como le hizo al otorgarle los diezmos de varios lugares.
  • En relación al punto anterior, preguntaban sobre Juan de Urrutia, Diego de Urrutia, Christobal de Ugarte, Juan Perez de Echeguren y Juan de Velasco, sujetos de muchas conveniencias, escribanos reales “y como tales de maior autoridad y estimación en este país” y todos juntos, también con Presebal de Muxica, habrían sido los más interesados en la prendaria de ganado hecha por Orozko y fueron los que manejaron y costearon el pleito; en este sentido, habrían usado del artificio de las Ordenanzas para facilitar el reintegro de los gastos cuando se siguió nuevo pleito con Orozko y debe suponerse que los otros cuatro lugares contribuyeron gustosísimos al salir tan beneficiados por las ordenanzas, pero no por ello Amurrio las admitió y como prueba de ello su concejo y vecinos nunca las habían observado ni tenían copia de ellas
  • Se preguntaba también sobre un pleito entre Olabezar y Etxegoien sobre límite de jurisdicción y propiedad de una porción de monte dentro de los términos delimitados por la ordenanza, el cual fue ganado por el primer concejo, que vendió mucha leña para carbón de ese monte y se quedó con todo el import
  • Se preguntaría sobre el supuesto hecho de que Olabezar y Saratxo impedían a los vecinos de Amurrio usar la piedra de los ríos de su jurisdicción y cuando les permitieron llevar alguna fue a cambio de dinero, mientras que los vecinos de Larrinbe cuando necesitaron piedra de las canteras de Amurrio pedían licencia

 

 

El primer testigo fue Domingo de Urquijo Bengoa, vecino de Luyando de 66 años. Como harán todos, a grandes rasgos ratifican la versión anterior y al mismo tiempo aportan detalles de su propia experiencia. Por ejemplo, que en una ocasión los regidores y vecinos de Amurrio acudieron a apagar un incendio sin ayuda de los otros concejos, y se les llevó vino y alimento.

Domingo Bajaneta, morador en Orduña de 76 años, había sido vecino de Amurrio unos 26. Sabía por Pedro de Urrea, dueño que fue de la casa de Zalbio, José de Orue y José de Isasi Urrea, que hacía unos 25 años habían estado trabajando en el monte unos “probincianos carboneros” por orden del lugar de Amurrio; él mismo había plantado carrascos en “deesados de Eroispe” por orden de los regidores del pueblo sin que interviniera nadie de los otros cuatro pueblos; habló también de que hacía unos 23 o 24 años vio cómo en Urieta detuvieron unos carros de unos vecinos de Olabezar que habían cortado un árbol mayor; sabía que se dio licencia a Antonio de Zulueta y José de Olarieta, vecinos de Larrinbe, para extraer madera para sus edificios y que fueron multados por Amurrio por haberse excedido en las cortas que le señalaron.

Diego de Laña, vecino de Luyando de 42 años, declaró que unos seis años antes había visto a los regidores de Amurrio, Juan de Isasi y Domingo de Ugarte, colocar los mojones entre dicho pueblo y Luyando junto con Domingo de Laña y Benito de Aranoa, que lo eran de esta localidad, sin que concurriera nadie de los otros cuatro concejos.

José de Yarritu, vecino de Lezama de 48 años, natural de Amurrio, dijo que los cuatro concejos tenían derechos en Basogalante, de Elejazar hacia Olarte y confinante con Orozko. De joven estuvo de criado en Urietagoikoa y junto a otros vecinos de Amurrio hizo plantío de quejigos en Elejazar sin concurrencia de vecinos de otros lugares y según tenía oido se hacía todos los años. Estando en su caserío natal de Aldama había visto en dos ocasiones cómo los vecinos de Amurrio fueron a pagar incendios aunque no podía decir si los gastos de todo ello se repartieron entre los cinco concejos o no.

Juan de Larrazabal, vecino de Llodio en su barrio de Olarte, de 79 años, habló del citado incendio de unos años antes, que salió de una hoya de los operarios de Urizar, que fue quien pagó el gasto del refresco que se dio a quienes fueron a sofocarlo, que fueron vecinos de Amurrio y Luyando. No aportaron más detalles los testimonios de Francisco de Ibarrola, vecino de Luyando de 60 años; Domingo de Laña, vecino de Luyando de 47; e Ignacio de Isasi, vecino del barrio de Olarte de 58 años.

El día 28 declaró Francisco de Urrutia, vecino de Olabezar de 60 años. Dijo que no había visto a ningún vecino de los cuatro lugares ir a cortar leña a Elejazar y no sabía si lo habían hecho pero lo reconocía como monte comunero, teniendo Amurrio como suyo propio el dehesado de Arrospide y Olabezar el de Lekuzabal. Afirmó también que no sabía que ningún vecino de Olabezar y Saratxo tuvieran puesta traba alguna para la saca de piedra del río a los de Amurrio.

El siguiente testigo fue Juan de Orortegui, vecino de Orozko de 70 años, que por 40 años fue vecino en Amurrio “y su varrio de Basarte” y hoy lo era su hijo Juan, motivo por el cual su testimonio fue protestado por las partes contrarias. Dijo que tres años antes vio en Elejazar a unos carboneros que le dijeron que cocían carbón para Bernardo de Olazar a quien se lo había vendido el lugar de Amurrio.

Antonio de Picaza, vecino de Orozko de 78 años, sabía que la divisoria entre Orozko y Amurrio constaba de 19 mojones y tenía el monte de Elejazar como privativo de dicho lugar; hacía unos 24 años fue con una caballería a por una carga de leña de unos despojos que se hallaban caídos en jurisdicción de Orozko de materiales que se habían cortado en dicho monte de Elejazar y estando en ello los regidores José de Orue y Juan de Isasi le prendieron y embargaron la caballería, y aunque le quisieron multar intervinieron algunas personas y al final pagó por lo que se llevó y alguna carga más, y que todo ello pasó sin intervención de las personas de los otros concejos; había oido al difunto José de Olarieta que, al tiempo que fabricó una casa de nueva planta en el barrio de Elgeta de Larrinbe, pidió licencia a los regidores de Amurrio para cortar materiales para la casa.

Vicente de Beraza, apoderado del lugar de Larrinbe de 43 años, dijo que el personalmente y por medio de operarios, sin pedir permiso alguno y en diferentes años, había sacado mucha piedra de las canteras contiguas a la torre de Mariaka para la cerradura de su manzanal, y solo en una ocasión un criado suyo le dijo que le había salido al camino el regidor Juan de Aldama y le hizo parar el carro y a tres o cuatro carreteros, y les dijo que no volvieran a la cantera, pero no hicieron caso.

Francisco de Garayo, vecino de Luyando de 52 años, había conducido carbón para Urizar desde Elejazar y le dijo que se lo había vendido Amurrio y que pagó por ello a los regidores de este pueblo. José de Padura, vecino de Larrinbe de 35 años, comentó que unos 16 años atrás había ido cinco o seis veces con su carro y bueyes al término de Vasogalanta a cortar y traer leña en compañía de los hermanos Juan y Domingo de Orortegui, y nadie se había opuesto excepto la última vez que cortó un carrasco de vida y Francisco de Aldama dio parte a los regidores porque le había visto, fue multado y pagó, aunque había cortado dicho carrasco para sostener el carro en las bajadas del monte; dijo que tenía oído que los vecinos de los cuatro concejos siempre habían pedido licencia a los regidores de Amurrio cuando necesitaban madera para sus edificios y así lo hicieron los de Larrinbe cuatro o cinco años atrás cuando se fabricó de nueva planta la ermita de San Mamés, y que por haber pedido mucha madera se lo negaron, aunque creían que no tenían derecho y enviaron carpinteros de todos modos.

Tomás de Gabiña, vecino de Etxegoien de 40 años, dijo que no había visto ni había oido que ningún vecino de los cuatro concejos hubiera pasado a hacer leña a Elejazar ni que hubiera sido multado por ello por los regidores de Amurrio hasta el dia 27, cuando fue presentado y juramentado para este pleito, viniendo por el camino en conversación con su convecino Manuel de Echeguren y con Bartolomé de Esnarriaga menor, regidor de Amurrio, quienes le contaron que Padura había sido multado por ello; su difunto padre Tomás necesitó hace unos 14 años de un árbol para teguillo para su casa, pidió permiso a los regidores de Amurrio y fueron los dos a Elejazar a cortarlo, y lo mismo había hecho su convecino Mateo de Gabiña haría ocho o nueve años; también relató que Olabezar y Etxegoien tenían un pleito sobre un pedazo de monte encima de la casa de Arrigoyco (Olabezar) que sube hasta la “cruz de Vabio”, y que los otros tres concejos no habían participado para nada.

El citado Manuel de Echeguren, de 50 años, había oído de algunos vecinos que habían sido multados y lo mismo le había oido a su padre; el había pedido licencia a los regidores de Amurrio para un “cocino” del molino de Etxegoien, y lo mismo había visto hacer a Juan y Tomas de Gabiña difuntos, y a Mateo de Gabiña; el pleito entre Etxegoien y Olabezar era por el término de Orbeguchi pero había sido un litigio entre los dos concejos sobre un monte privativo del lugar de Olabezar. Esto aclara un poco este término y contradice la versión que querían presentar.

Agustin de Orue, vecino de Larrinbe de 74 años, sabía que Padura y Landaburu fueron multados por cortar un carrasco con vida y pidieron ayuda al concejo pero se la denegaron porque si habían errado lo debían pagar ellos; cuando era regidor hacia 30-32 años el difunto Antonio de Zulueta le dijo que necesitaba algunos materiales de madera de Elejazar para la fábrica de su cabaña y le contestó que pidiera licencia a los regidores de Amurrio y si se la negaban el se la daría, pero se la dieron, y también vio al difunto José García, también vecino de Larrinbe, traer materiales de Elejazar para reposición y composición de la casa en que habitaba y una cabaña contigua a ella; y cuando hicieron de nueva planta la ermita de San Mamés los regidores de Amurrio se negaron a conceder permiso y entonces fueron al termino de Astepe en Elejazar y cortaron las maderas necesarias.

Diego de Zulueta, vecino de Larrinbe de 64 años, certificó que su difunto padre Antonio construyó de nueva planta una casa y cabaña con materiales de Elejazar. También asistió a la conducción de materiales para la reposición de una casa de Jose Ignacio de Salazar en Saratxo; según la ordenanza, debían pedir licencia a los regidores de los lugares donde se ejecutase la obra. Nadie había dicho esto antes.

Domingo de Orbe Marquijana, vecino de Luyando de 50 años pero que había vivido 34 en amurrio, comentó que había visto muchas veces a vecinos de Olabezar  cortar y llevar leña para sus hogares del dehesado de Lekuzabal sin impedimento ni embarazo alguno, pero el y otros vecinos de Amurrio también sacaron leña de ahí e incluso hicieron rotura, por lo que no sabía de quién era privativo. Lo que sí sabía es que el dehesado de Arroispe era de Amurrio y había oido que los de Larrinbe tenían el suyo hacia la parte de Onsoño.

Domingo de Gabiña, vecino de Saratxo de 54 años, declaró que 8 o 9 años atrás sus convecinos Nicolás de Salazar y Matías de Orue habían pedido licencia a los regidores de Amurrio para cortar materiales en Elejazar para la construcción de las casas que hicieron de nueva planta y aunque se les concedió no usaron de ellas porque se les ofrecieron materiales con más comodidad.

Domingo de Ugarte, vecino de Saratxo de 44 años, dijo que sabía por su padre Francisco, que murió con 97 años, que ninguno de los vecinos de los cuatro concejos podía ir a Elejazar a cortar materiales sin pedir licencia a los regidores de Amurrio pero éstos no la podían negar. Su testimonio fue protestado por Abasolo por ser inquilino de Juan Bautista Jiménez Bretón, vecino de Orduña y suegro de Manuel de Landa.

Manuel Domingo de Zaballa, vecino de Luyando de 68 años, dijo que había oido al difunto Felipe de Lezama Eguiluz, “caballero de muchas noticias”, ciertas informaciones sobre el pleito que el Conde de Ayala, que creía erróneamente que se llamaba Cayetano de Ayala, había seguido con el valle de Orozko. Por el mismo Felipe, sabía que Juan de Urrutia costeó la fábrica del palacio de Amurrio, que fue sujeto “de muchas conveniencias” y administrador del Conde de Ayala y por lo bien que cuidó de sus bienes e intereses le cedió por sus días los diezmos de Amurrio y Larrinbe y por ello creía que Urrutia habría hecho cualquier cosa a favor del Conde.

Así finalizó la presentación de testigos, a pesar de que Yarritu tenía presentados anteriormente a otros como Domingo de Acha, Manuel de Larrazabal y a los escribanos Gerónimo de Arana y Domingo de Larrazabal, ninguno de los cuales llegó a declarar, por los motivos que sean.

Como se puede ver, a pesar de que los testigos fueron presentados para ratificar una versión plenamente establecido, hubo disparidad de opiniones y, quizá intencionadamente, se dibuja una nebulosa acerca de la cuestión de la propiedad de los montes de Elejazar.

Continuará

Pleito de Elejazar (I)

 

 

 

Tras ser anunciado por medio de carteles fijados en los “sitios acostumbrados”, el 25 de marzo de 1764 en la casa-concejo de Amurrio se sacó a público remate el aprovechamiento de 3.230 cargas de carbón en el monte de Elejazar que se obtendrían a partir de todo género de leña a tasación de Juan de Isasi, Pedro de Yarritu de Urietagoicoa, Francisco de Aldama Salbio y los regidores Santos de Olarieta y José de Aldama. Esta venta se realizó con el permiso expreso de los lugares de Larrinbe, Saratxo, Etxegoien y Olabezar, que integraban la Junta de Armuru para la administración de los montes comunes de los cinco concejos, y la mitad de los beneficios que cada una de estas localidades obtuviera en función de su vecindario -si bien Larrinbe solo aceptó aportar ¼ de los mismos por su mayor población- se destinaría a la reconstrucción de la ermita de San Silvestre -la actual de San Roque-, destruida tras un incendio.

Fue un remate a candela, de modo que estando la última vela encendida el aprovechamiento se adjudicó al Licenciado Bernardo de Olazar y Arecheta, abogado y vecino de Laudio/Llodio, administrador de la ferrería de Padura en Luiaondo, a razón de 32 reales y una blanca cada carga. Ese fue el precio a pagar, independientemente de que luego lograra sacar más o menos cargas de las tasadas. El remate estaba sujeto a diversas condiciones: sus operarios no debían excederse en podar roble ni carrasco que se hallase fuera de lo señalado, de lo contrario sería multado; se establecían distintas penas en el caso de que cortasen por pie robles y carrascos, fuese dentro o fuera de lo delimitado; las marcas de los robles que podían tirar se harían en la raíz y debían cortarlos de tal modo que la marca fuera visible; los árboles que se podasen debían ser dejados con “orca y pendón” y las mejores ramas; el carbón había de ser sacado en caballerías sin introducir carro; y se le concedió un plazo de dos años para la poda y la corta.

A pesar de ello, los leñadores y carboneros contratados por Olazar cortaron más leña de la que se les había señalado –un exceso que fue bastante frecuente, por cierto-, de manera que en 1766 pagó sin rechistar una multa de 1.170 reales de vellón a los regidores de Amurrio, José de Aldama y Pablo de Urrutia. Sin embargo, éstos se negaron a entregar cantidad alguna a los otros pueblos alegando que solo los vecinos de Amurrio podían aprovecharse de los montes de Elejazar para consumo y materiales para sus casas. Debido a esta repentina innovación, y teniendo en cuenta que los otro cuatro concejos sí habían sido partícipes, permiso mediante, del remate del monte, el 17 de febrero de 1767 el regidor de Olabezar, Manuel Tomás de Abasolo, con asistencia del Licenciado Juan Francisco Leal de Ibarra, protestó la situación ante el Gobernador y Alcalde Mayor de la Tierra de Ayala, el Licenciado José Valentin de Mendieta, y pidió que los regidores de Amurrio les entregaran lo que les debían y no les impidieran el aprovechamiento de los montes comunes tal y como se observaba en las ordenanzas que los cinco concejos realizaron el 28 de abril de 1570. Estas ordenanzas son bien conocidas, ya que José de Madinabeitia las publicó en el Apéndice de su obra El Libro de Amurrio.

El Gobernador ordenó que el concejo de Amurrio se reuniera para tratar del asunto. Así lo hicieron, y ya en 1767 los regidores Diego de Landa y Francisco de Orbe-Marquijana, asistidos por el Licenciado Francisco Xabier de Isasi, se presentaron en su tribunal para dar una respuesta. Y ésta fue que ni Olabezar ni otro concejo tenía derecho alguno en Elejazar, puesto que era un monte privativo de Amurrio. Por eso, cuando los vecinos de Olabezar y otras localidades habían cortado leña en dicho lugar habían sido multados y si alguna vez habían necesitado materiales de construcción lo habían solicitado a Amurrio y se lo habían concedido. Pero nada más. Por si fuera poco, negaron la existencia de las ordenanzas de 1570 y negaban la posibilidad de que Amurrio hubiera cedido parte de sus montes porque lo prohibían las leyes reales.

El 11 de marzo Larrinbe, por medio de su regidor Vicente de Beraza, se adhirió a la causa de Olabezar y ambos unidos insistieron en que Elejazar siempre había sido común de los cinco concejos no solo en aprovechamiento sino también en propiedad, como estaba señalado en la ordenanza de 1570, de la cual las cinco localidades tenían copia e hicieron presentación. Afirmaban que, en caso de haber sido multado algún vecino, lo habría sido por haber hecho mala corta o infringir las normas. Además, ya que la obra de la ermita y casa de San Silvestre no se había ejecutado, pedían que se les devolviera lo que ya habían pagado para ello.

La situación se estaba enquistando y ya se adivinaba un pleito en lotananza. El 27 de abril los regidores de Amurrio se reafirmaron en su posición: cada concejo era independiente y, por lo tanto, tenía sus propios órganos de gobierno y su propio término. Lo cual, evidentemente, era cierto. Pero no dudaron en esgrimir un argumento que consideramos de primordial interés: la falsedad de las ordenanzas. Sí, según los regidores del Amurrio de aquella época esas ordenanzas ya conocidas y publicadas son falsas. Para defender esta posición, recurrieron a argumentos de forma y fondo. En primer lugar, dijeron que Olabezar no había presentado el documento original o matriz sino un traslado al que le faltaban los capítulos octavo y noveno, parte del séptimo y el décimo. Segundo, las supuestas ordenanzas habían sido otorgadas ante Diego de Urrutia, quien se titulaba alcalde ordinario y por ello no pudo actuar también como escribano. Tercero, argumentaban que del texto de dichas ordenanzas se desprendía que habían recorrido y examinado todos los montes, y luego redactado el capitulado, en un solo día, lo cual era imposible “aun quando el sujeto que en ello entendiese fuese el mas abil, despierto y laborioso”. Cuarto, consideraban que el instrumento no había sido otorgado con la concurrencia de la mayoría de la población, ya que por entonces los cinco pueblos sumarían unos 260 vecinos y solo se nombraron 41 en la escritura. Quinto, las ordenanzas no estaban aprobadas por monarca alguno y no se habían observado nunca. Por ello, afirmaban que siempre había sido Amurrio quien había corrido con todos los gastos del mantenimiento, extinción de fuegos y todo lo concerniente al monte de Elejazar y sus dehesas. En definitiva, concluían, las ordenanzas no fueron más que un artificio de Diego de Urrutia “acaso por sus fines particulares” y con la gente que sin duda sería de su devoción. Éste será uno de los puntos clave de esta historia.

¿Cuál es la versión de la parte contraria? Abasolo y Beraza replicaron que los montes de Elejazar eran de las cinco localidades pero, aún en el caso de que fuera privativo de Amurrio, ello no impedía que las otras cuatro localidades tuvieran derechos de aprovechamiento, ya que no era contrario a derecho sino muy común en la Tierra de Ayala y fuera de ella; y esta situación se venía dando «desde tiempo inmemorial» y desde la misma fundación de los pueblos, por ello no había constancia en ninguna parte de que Amurrio hubiera concedido derecho alguno a los otros pueblos. Achacaban la falta de capítulos a algún descuido del escribano que hizo el traslado, de modo que presentaron el ejemplar de Larrinbe para su compulsa por el escribano que estaba llevando la causa, José Ventura de Villodas. Alegaban, no muy convincentemente, que bien pudo haber dos Diego de Urrutia en vez de uno pero que, en cualquier caso, asistió en calidad de vecino de Amurrio sin intervenir como alcalde porque el acto fue presidido por Presebal de Otazu, teniente de gobernador, y además los alcaldes ordinarios no estaban eximidos de otorgar escrituras no concurriendo a ellas solo en calidad de vecinos.

Por otra parte, comentaban que las ordenanzas no fueron aprobadas en realidad hasta el 17 de enero de 1571 por lo que tuvieron tiempo suficiente para el examen de los montes y posterior redacción del articulado. Y si el escribano no nombró a todos los vecinos, sí se refirió a ellos como “otros muchos vecinos”. En cuanto a los intereses de Urrutia, dijeron fue un escribano fiel y legal, vecino de Amurrio, por lo que no se le puede presuponer más inclinación a los otros cuatro pueblos que al suyo propio. Argumentaban también que los cinco lugares siempre habían contribuido a los pleitos para su defensa y si se había hecho algún apeo sin ellos había sido clandestinamente. Y todo ello queda refrendado en que representantes de los cinco concejos autorizaron la venta a Olazar. Añaden además que era mentira que Amurrio hubiera mejorado el estado del monte con plantíos sino que había realizado muchos excesos por la mayor cercanía al mismo sin que los celadores o guardas de los otros cuatro pueblos hubieran podido hacer nada por impedirlo.

 

Sigue el toma y daca. Los regidores de Amurrio apreciaron que el capítulo compulsado como el noveno en la ordenanza presentada por Larrinbe era el que se había compulsado como el séptimo en la presentada por Olabezar, por lo que tildaron esos documentos de falsos. Y comentaron también que Urrutia se encabezaba como alcalde ordinario de la Tierra y no como vecino de Amurrio pues en aquel tiempo lo era en Etxegoien, y por lo tanto no pudo actuar legítimamente como escribano. Otro defecto consistía en que se asentaba la firma de Iñigo Ochoa de Beraza pero no luego no aparecía la misma. Por lo tanto, insistieron en que todo fue puro artificio de Diego de Urrutia en unión del Alcalde Mayor Presebal de Mugica, vecino de Larrinbe –aunque sabemos muy bien que en realidad lo fue de Luiaondo-, y que así facilitaba grandes conveniencias para su pueblo en esta ficticia comunidad de montes. Consideraban que de Amurrio solo figuraban trece vecinos en esa escritura, siendo uno de ellos Juan de Urrutia, hijo de Diego, y si hubiera habido mayor concurrencia habría nombrado más hasta hacerlo con la mayoría. Como aparentemente solía ser habitual.

 

Y como también era habitual en estos casos, tras exponer ambas partes su postura, se convocó presentación de testigos por ambas partes para obtener declaraciones. Los testigos presentados por Abasolo y Beraza comenzaron a desfilar ante el Gobernador el 16 de noviembre de 1767 en la ermita de San Mamés de Larrinbe.

El primero de todos fue de Lorenzo de Cerrajeria, vecino de Murga de 85 años, y por ser el primero marcó la pauta de posteriores declaraciones (como ya explicamos en esta entrada). Según Lorenzo, el monte de Elejazar era propio y común de los cinco concejos, cada uno de los cuales tenía sus propias dehesas privativas en el. En su larga vida había visto a varios vecinos de Olabezar traer de ese monte libremente y sin contradicción alguna los materiales que habían necesitado para la fábrica de edificios, leña y otras cosas; siempre que se había querido vender leña del dicho monte habían concurrido los regidores y parte de vecinos de los pueblos a otorgar los instrumentos concernientes y a percibir lo correspondiente a la vecindad de cada uno, como en la subasta que se remató en Olazar. Tenía oido que cada vez que había habido algún pleito o amojonamiento en dicho monte cada concejo había contribuido en función de su número de vecinos. Por último, señala la existencia en Ayala de otras mancomunidades de montes de igual naturaleza.

Pero no hay nada mejor para una buena defensa que hechos concretos y palpables. El vecino de Murga José de la Torre, de unos 60 años, había estado presente en varias ventas de leña y sabía que concurrían los representantes de los cinco concejos; fue, por nombramiento de Manuel de Lezama, uno de los peritos que asistió al examen de los excesos cometidos por los operarios de Olazar.

 

El día 17 continuó la presentación de testigos y el primero fue Francisco de Aguirre Torre, vecino de Izoria de 56 años. Había visto traer leña de Elejazar a los vecinos de Olabezar Domingo de Ugalde, Pedro de Urrutia y los difuntos Francisco de Respaldiza y Valentin de Gabiña, los tres primeros para sus hogares y el cuarto para la fábrica de una casa nueva tras haberse quemado y arruinado la antigua, lo que había ocurrido muy recientemente según consta en el Libro de Actas de la Tierra de Ayala, concretamente en 1761-62. Francisco afirmó que muchos vecinos de Olabezar preferían comprar la leña o ir a buscarla a sus montes privativos que ir a Elejazar por la larga distancia. Luego declaró Lorenzo de Ugarte, vecino de Murga de 67 años pero natural de Olabezar, por lo que Francisco de Orbe-Marquijana protestó su posible parcialidad. En su juventud, siendo criado de Francisco de Aguirre, de Olabezar, fue en varias ocasiones a Elejazar a por leña y madera para una casa nueva que aquel hizo y, de hecho, recibió la ayuda de algunos vecinos de Amurrio, como un tal Pedro de Yarritu ya difunto. También Domingo Antonio de Aguirre, vecino de Murga de 50 años, había ido a Elejazar a bajar materiales por orden de Pedro de Respaldiza.

El día 18 declaró Manuel de Zumelzu mayor, vecino de Murga de 58 años. Había sido vecino de Amurrio y había visto a vecinos de Olabezar y Larrinbe llevar materiales para sus edificios así como acudir a los representantes de los cuatro concejos a los remates de venta, como 14 o 15 años atrás que vendieron una porción de leña para reducir a carbón a Joaquin de Ulizar, vecino de Miraballes.

El día 19 testificó Domingo de Beraza, maestro carpintero y vecino de Murga de 62 años, quien unos 34 años atrás fue contratado por Diego de Landa para cortar ciertas maderas en el monte de Elejazar para la barquinera de la ferrería de Zabalibar. Sin embargo, Felipe de Lezama Eguiluz se opuso a su transporte por no haber pedido licencia a los regidores y vecinos, a lo que Landa replicó no haber necesidad por ser dicho monte comunero de los cinco lugares. Este Diego de Landa es el padre del otro del mismo nombre, precisamente el regidor que había negado ante el Gobernador que el monte de Elejazar fuese común. En cualquier caso, Beraza fue apresado y encarcelado, pero el Gobernador ordenó que le soltaran, por lo que fue con las yugadas de bueyes a conducir las maderas para la ferrería. Aportó también la información de que a Domingo de Ugarte, de Amurrio, le multaron por cortar sin licencia una madera para un pesebre, le prendaron el carro y lo vendieron en la iglesia parroquial.

Finalizó la presentación de testigos el 20 de noviembre. Francisco de Lecanda, residente en Inoso de 90 años, era natural de Amurrio, donde había vivido unos 50 años y lugar de residencia de dos de sus hijos. Comentó que unos 60 años atrás llevó materiales de Elejazar para reconstruir la casa-mesón contigua al puente de Saratxo tras un incendio y lo mismo ejecutó para la casa que Antonio de Zulueta construyó junto a la ermita de San Mamés. Había visto vender leña en tres ocasiones y para ello se había convocado a los regidores y vecinos de los cinco lugares. Por último, Juan de Berganza, maestro carpintero de Lezama de 75 años, había estado varias veces en Elejazar cortando materiales y en especial para la casa y cabaña del mencionado Zulueta. Siendo regidor de su localidad, asistió al apeo y reconocimiento de mojones de dicho monte.

 

Unos pocos días después, el vecino de Olabezar Isidro de Ugalde “siguiendo la costumbre antigua” pasó con su carro y bueyes al dehesado de Lekuzabal para coger leña y cuando regresaba le salieron al paso Pedro de Yarritu, Francisco de Aldama Salbio y Antonio de Arana, quienes le prendaron bueyes y carro, que los llevaron a Domingo García de Urietagoicoa. Todos ellos eran vecinos cercanos. El regidor ordenó que se le devolviera todo pero solo lo hicieron con los bueyes, quedando carro y leña retenidos. De este modo, el 27 de noviembre Abasolo se presentó ante el Gobernador para pedir la restitución de dichos efectos a Ugalde, ya que siempre habían tenido derecho de aprovechamiento en la dehesa de Lekuzabal, y solicitó que mientras durase el pleito se mantuviesen las antiguas costumbres y no se les importunase. El Gobernador ordenó ese mismo día que los regidores hicieran devolver el carro y la leña a Ugalde en el plazo de un día y que no se les importunase en el aprovechamiento de la dehesa.

 

Pero el 12 de diciembre Diego de Landa y Francisco de Orbe-Marquijana contestaron que todo cuanto proponía Abasolo era falso, ya que el monte en que Ugalde cortó la leña era privativo de Amurrio. Además, debía haber reclamado ante ellos y no ante el Gobernador. Abasolo contestó que todo era incierto y pidió que declarasen los tres que hicieron la prendaria. Y así se hizo.

Los tres hombres fueron interrogados el 18 de enero de 1768 en el barrio Marquijana de Abajo de Murga. Pedro de Yarritu, de 34 años, explicó que la prenda fue hecha porque Ugalde había cortado leña no en Lekuzabal sino parte arriba de la peña de Arkotxa, donde algunos vecinos de Amurrio tenían plantíos de castaños y roturas. No negó que los vecinos de Olabezar tuvieran aprovechamiento en Lekuzabal pero también los de Amurrio habían sacado leña para sus casas y habían hecho roturas, como fue el caso de los difuntos vecinos de Urieta Domingo de Olartegochia y Domingo de Orbe. Antonio de Arana, de unos 50 años, declaró prácticamente lo mismo.

Francisco de Aldama Salbio, de unos 45 años, añadió que había visto en varias ocasiones a vecinos de Olabezar cortar leñas libremente en Arkotxa, que era término de Amurrio, y los de esta localidad también habían tenido derechos en Lekuzabal hasta que el mismo y Francisco de Olartegochia fueron castigados por hacerlo tras una denuncia puesta por los de Olabezar. De hecho, el 23 de febrero de 1757 se reunió el concejo de Olabezar en el pórtico de la parroquia de San Pedro y Aldama, gracias a la intervención de personas celosas de la paz, reconoció como privativa de Olabezar la dehesa de Lekuzabal y su término de Abuduaga para pastar sus ganados, hacer plantíos y aprovecharse de su leña, de modo que se comprometió a entregar diez  brazas de tabla y pagar el valor de media arroba de aceite por un roble que cortó y redujo a tabla en Lekuzabal.

 

Y así es como se puso en marcha el conocido como Pleito de Elejazar que enfrentó a Amurrio con los miembros restantes de la Junta de Armuru en el transcurso del cual incluso la existencia real de ésta llegó a ser puesta en duda. Un excelente documento en el que aparecen muchos personajes de la época, muchos términos, muchos datos, que forman un vívido retrato del Amurrio de aquel entonces. Seguiremos en próximos capítulos.

Nuevos datos para la historia lingüística del Alto Nervión

 

 

De vez en cuando la gente me pregunta por el momento en que el euskera nativo se perdió en la comarca. Algunos esperan obtener una respuesta concreta y sencilla, que evita entrar en mayores consideraciones sobre nuestro pasado al mismo tiempo que encuentra un factor externo que explique la razón por la que el euskera autóctono es una lengua desaparecida. Hablamos, claro está, de Franco.

Pero la realidad nunca es tan simple: el panorama lingüístico de los últimos siglos de nuestra historia es mucho más complejo de lo que hemos creído, pero las fuentes de información disponibles son limitadas y pocas respuestas categóricas podemos aportar. La recopilación de datos sobre la presencia pasada del euskera en el Alto Nervión más completa en lo que respecta a la elaboración de una cronología que estudie el proceso de desaparición de la lengua vasca en este lugar lo constituye el  artículo que publiqué en agosto en la revista Kondaira.

A pesar de que su publicación es reciente, por fortuna continúan apareciendo datos que nos ayudan a presentar un panorama cada vez más definido al respecto, si bien aún insuficiente. Vamos con ello.

 

El expediente para la concesión del hábito de la Orden de Santiago al Capitán Juan de Ugarte Berganza, natural de Lezama, en el año 1638, es un documento de gran valor por muchas razones, entre ellas por los poco habituales datos lingüísticos que contiene. Para ponernos en contexto, la obtención de este hábito conllevaba una investigación previa en la que dos caballeros de la Orden se desplazaban a la localidad natal del sujeto para investigar su nobleza, lo que hacían interrogando a testigos, visitando el solar del que procedía, compulsando partidas sacramentales, testamentos, etc. Y así se efectuó también en el caso del Capitán Ugarte.

Es relativamente frecuente que estos, llamémosle investigadores, hubieran de recurrir a intérpretes locales para entenderse con unos lugareños que hablaban exclusivamente euskera. O al menos eso nos consta en ciertos casos paralelos, incluso en la provincia de Álava. Pero nunca había visto tal cosa en los expedientes de acceso a esta y otras órdenes por parte de naturales de nuestra comarca. Ello puede deberse a dos motivos principales: que no necesitasen intérprete alguno o que, aún necesitándolo, no se hubiera reflejado así en la documentación. Consideramos que esta segunda opción solo se habría producido en el caso de que uno de los receptores supiera euskera y hubiera ejercido directamente como intérprete, papel que frecuentemente solían desempeñar los mismos escribanos que generaban los documentos escritos.

Debido a que por parte de dos de los hombres más poderosos de la zona se trató de obstaculizar el ascenso de Juan de Ugarte mediante la falsa acusación de ser descendiente de judíos, se tomó declaración a una inusual cantidad de testigos. Solo en Lezama se examinó a unos cuarenta hombres, la mayoría de esta localidad pero también los hubo de Amurrio, Larrinbe e Inoso. Pues bien: ni uno solo necesitó intérprete, todos sabían castellano. Es cierto que entre los testigos hubo sacerdotes y escribanos. Es cierto que bastantes testigos firmaron sus declaraciones de su puño y letra, lo que significa una mínima capacidad de lectura y escritura (en castellano, por supuesto).

Pero el dato más significativo de todos es que también hubo bastantes testigos que no sabían firmar, que serían por lo tanto analfabetos, que no habían acudido a ninguna escuela, por rudimentaria que fuera (en Lezama consta que precisamente el abuelo del Capitán enseñó a muchos jóvenes) ni recibido ningún tipo de formación más o menos básica, y aún así conocían el suficiente castellano como para entender y comunicarse correctamente con los dos receptores. Recordemos que estamos en 1638, y que la mayoría de los testigos eran personas de cierta edad, nacidas en la segunda mitad del siglo XVI.

También fueron examinadas dos mujeres. Una de ellas, vecina de Lezama y de edad aproximada a los 90 años, también sabía castellano. Pero la otra no. Se llamaba Francisca de Elexaga, era natural de Amurrio y vecina de Larrinbe, en el barrio Mendibil, donde estaba casada con Diego de Sautu (“no nos entendia lo que la hablabamos y preguntabamos por no saber hablar mas que bascuence”). Por este motivo, nombraron por intérprete nada menos que a Antonio de Murga Esquibel, señor de la casa de Murga.

Por lo tanto, lo que podemos decir es que ya para entonces el castellano era lengua extendida entre Lezama y alrededores. Pero tenemos también a una mujer que podía hacer vida sabiendo solo euskera. Y tenemos también a uno de los personajes más importantes del Alto Nervión, el señor de Murga, conocedor de esta lengua, lo que significaría que el euskera se hablaba también en el seno de las familias más adineradas y que era lengua habitual en la comarca. Hay que pensar que el bilingüismo fue un fenómeno mucho más habitual de lo que pensamos.

A continuación, los receptores pasaron a los lugares de Baranbio y Laudio, los cuales, como es sabido, fueron los últimos en perder el euskera prácticamente en los inicios del siglo XX. Pues bien: en Baranbio, tres de los nueve testigos (Martín de Aranguren, Martín de Onsoño y Sebastián de Isasi) examinados necesitaron intérprete, que fue Pedro de Berganza; y varios de los que no lo necesitaron no sabían firmar.

Por el contrario, en Laudio todos los testigos menos dos necesitaron intérprete.

 

Otras probanzas para la obtención del hábito fueron realizadas en Lezama antes y después. En 1625, cuando se concedió el hábito de Santiago a Hortuño de Ugarte Iturriaga, descendiente de la torre de Jauregia en Berganza, al menos uno de los testigos necesitó de intérprete, que fue a la sazón un vecino de Lemoa. El testigo euskaldun era un anciano apellidado Sagun, vecino de Baranbio, cuyo nombre no se ve con claridad en el documento. Sin embargo, no parece que lo necesitaran otros vecinos de la zona como Juan de Larrea de Vidaur, Juan de Arrategui, Pero Verde, Pedro Ortiz de Berganza, Pedro Hernando de Berganza y Juan de Berganza, por no hablar de otros mucho más cualificados y pertenecientes a la “jet set” local del momento.

En 1636 llegaron dos receptores que examinaron a nueve vecinos de Lezama para la concesión de la Orden de Santiago a Juan de Urbina Eguiluz, descendiente de la casa-torre de Egiluz; y en 1639 se tomó declaración a otros vecinos como parte de la investigación del abuelo materno de Antonio de Isasi Eguiluz, descendiente de la misma casa. Recordemos que fue en 1638 cuando se investigó al Capitán. Por lo tanto, tenemos tres casos en fechas muy cercanas. No hemos dejado de advertir el detalle de que los declarantes en los tres casos fueron prácticamente los mismos. ¿Cabe la posibilidad de que fueran presentados como testigos precisamente por su conocimiento del castellano? Es una opción.

Por último, ninguna referencia lingüística obtenemos del expediente de Lucas de Careaga Urrutia, del año 1707, cuando fueron examinados varios testigos de Lezama, alfabetos y analfabetos, si bien en este caso contemplamos la posibilidad de que uno de los dos receptores supiera euskera.

 

El expediente de Juan de Ugarte nos reserva una sorpresa, y es que el documento trae anexo un pleito que su padre Martín trató con la familia Balza de Berganzagoitia en 1588, muy rico en detalles de todo tipo.

El pleito tuvo lugar en el tribunal del Alcalde Mayor de Ayala y pasó ante el escribano de Amurrio Cristóbal de Ugarte. Al ser familia lejana y, al parecer, afín a Martín de Ugarte, Juan Balza de Berganzagoitia obtuvo la facultad para elegir escribano acompañado, es decir, un escribano que actuara de su parte y “vigilara” que su colega actuase conforme a derecho. Este papel recayó en el escribano Pedro de Menoyo, natural y vecino de Salmanton, personaje de cierta relevancia en la Tierra de Ayala en su época como se puede ver en sus libros de actas.

En un momento dado, Balza protestó que se habían presentado testigos que no sabían la lengua castellana y, dado que Menoyo no entendía “la lengua bascongada”, pidió que no fueran examinados hasta fuese con otro escribano acompañado que sí supiera el idioma (parece que este papel iba a recaer en Hernando de Ugarte, a la sazón hijo de Cristóbal y vecino de Lezama). Nunca se nos aclara quiénes fueron exactamente estos testigos euskaldunes monolingües, aunque sabemos que fueron dos.

De todos modos, hay que prestar atención al hecho de que, aún después de esta queja, Menoyo estuvo recibiendo testimonio de un montón de vecinos de Lezama, incluídas muchas mujeres de todas las edades, más susceptibles de no saber castellano que los hombres, sin que se diga nada sobre ello. ¿Cumplió esa función el escribano Cristóbal de Ugarte, que fue quien las puso por escrito? Es una hipótesis plausible, pero no explica la razón por la que, llegado el momento de tomar declaración a Martín de Pardío, vecino de Amurrio en el barrio del mismo nombre, hubo de nombrase un intérprete, papel que recayó en el escribano Domingo de Uriarte, del mismo lugar.

Por último, también se hace referencia a un baile que, “en lengua bascongada”, llamaban “a tabolin bolinete”, o algo similar. Una señal de la cotidianeidad de la lengua, la que emplearían en el día a día.

 

Todavía hay más. Cuando Martín de Pardío fue llamado a declarar por segunda vez, está escrito que su anterior declaración se le “dio a entender de verbo ad verbum”. La expresión “de verbo ad verbum” no es desconocida y en ocasiones puede hacer referencia a una traducción literal realizada de un idioma a otro, aunque no tiene por qué ser así si nos atenemos a su significado literal. Un caso en el que la hemos hallado es en 1790, cuando el escribano Félix Martinez de Marigorta hizo una notificación en “voz inteligible de verbo ad verbum” en la plazoleta de la iglesia de Lezama. Es atractivo deducir de ello que la notificación se hizo en euskera traduciendo el documento en cuestión pero la verdad es que no podemos afirmar tal cosa.

Por su parte, en ocasiones también leemos que a ciertas personas se les “da a entender” una notificación, una declaración, etc. Puede referirse exclusivamente a lo que parece: una explicación o una lectura, sin implicaciones lingüísticas. Pero, ¿y si así fuera? En este mismo pleito que nos ocupa en los últimos párrafos, a Diego de Padura de Echabarri, Juan de Alupazaga y al joven Juan de Aguirre se les leyó de verbo ad verbum su anterior declaración. Ninguno de los tres sabía firmar. Esta expresión también se emplea cuando el Alcalde Mayor, el Licenciado Francisco de Llanos, leyó una declaración a Ana Balza de Berganzagoitia. También en sendas lecturas que les hicieron a Gómez de Padura, Maria de Unzueta de Urtaran y Gregorio de Sauto, todos ellos menores de edad y vecinos cercanos; no ocurre lo mismo en el caso de otros cuatro vecinos de Lezama, dos de los cuales sabían firmar.

Esta misma expresión aparece en otro documento poco después, en 1600, cuando el escribano dio a entender a Pedro de Landazuri, vecino de Saratxo, una serie de preguntas formuladas por un receptor foráneo, y lo mismo ocurre con la anciana Catalina de Saracho.

 

Podemos concluir que en Lezama, y pueblos de su entorno como Amurrio, Larrinbe e Inoso, y en menor medida también en Baranbio, el castellano estaba bastante extendido entre los hombres, incluso entre aquellos que no habían recibido ni la más mínima instrucción básica. El hecho de que muchos hombres trabajaran como arrieros y realizaran frecuentes viajes a Castilla, La Rioja o Bilbao no explica este hecho por sí solo. Existían algunas escuelas rudimentarias y personas que enseñaban a título individual, pero también hemos visto que bastantes de estos castellanoparlantes no habían recibido formación alguna.

Pero, al mismo tiempo, se constata la existencia de personas que solo hablan euskera y de ciertos notables, como Murga y Uriarte, que también lo conocían, por lo que debía ser la lengua habitual en el seno de sus familias y en la comarca. Mi opinión es que el euskera era la lengua materna de la mayoría de la gente, al menos en la mitad oriental del Alto Nervión, y nunca mejor dicho lo de materna porque su supervivencia se ha debido sobre todo a las mujeres, que transmitían el idioma a sus hijos. Pero muchos hombres sabían también castellano, aprendido en la escuela, sirviendo en lugares de mayoría castellanoparlante o directamente enseñado por el padre u otro familiar varón; el conocimiento de este idioma facilitaba mucho las cosas, habida cuenta de que era necesario para la arriería, el comercio, la emigración, el servicio militar, la administración, etc.

Tampoco podemos pasar por alto el significativo detalle de que Menoyo no supiera euskera, otro notable, personaje activo en la Tierra de Ayala, natural de Salmanton; no solo es relevante que el no lo supiera, sino el hecho de que pudiera desempeñar su oficio sin conocer la lengua. Quizá en la mitad occidental del Alto Nervión el euskera estuviera menos extendido de lo supuesto.

 

En el artículo que he enlazado anteriormente, defiendo que el panorama lingüístico del Alto Nervión en siglos pasados fue más complejo de lo que tendemos a creer en esta época en la que los idiomas se emplean, por desgracia, como arma arrojadiza. Esta es una comarca caracterizada por la heterogeneidad, con grandes diferencias entre sus distintos componentes, y no iba a ser menos en lo lingüístico. El Alto Nervión fue, durante siglos, la frontera occidental del euskera; pero cada vez me parece menos conveniente usar el término “frontera” por implicar división. Más bien, fue el lugar de encuentro entre ambas lenguas, que por largo tiempo convivieron una junto a la otra: personas que solo sabían euskera y personas que solo sabían castellano junto a una amplia gama de gente que conocía ambas. Esa debió ser la tónica general en el conjunto del Alto Nervión, lo cual no quita que hubiera áreas donde el euskera debió tener una presencia más reducida (Artziniega, Arrastaria y Orduña) y otra en la que era lengua dominante (Laudio, Baranbio).

Esta convivencia de lenguas queda maravillosamente reflejada en un escrito de los hermanos Olamendi, sacerdotes de Luiaondo a principios del siglo XIX, en el que manifestaban la existencia en la localidad de gente que decía desconocer el castellano y de otros que desconocían el euskera, todo ello en un mismo lugar. Autores medievales como Lope García de Salazar ya señalaron en su momento que Ayala había sido poblada por “vascongados e latinados”, lo que, más allá del mito en el que se contextualiza, refleja la convivencia de ambas lenguas en esta Tierra desde tiempos antiguos. Y esa es la palabra a destacar: convivencia, en las mismas localidades, en las mismas personas. Solo así se puede entender que doscientos años después de los hechos narrados el euskera siguiera vivo en estas localidades.

Pero esa ya es otra historia.

Oraa, Cortina y la anciana asesinada

 

 

A finales del mes de enero de 1716, el regidor de Saratxo Juan de Elejalde acudió a Urduña/Orduña en busca de Pedro de Fontecha, Gobernador y Alcalde Mayor de la Tierra de Ayala, para informarle del horrible crimen que había tenido lugar en su pueblo. El Alcalde Mayor de Ayala, un cargo trienal que debía ser desempeñado obligatoriamente por un abogado y por una persona residente a más de cinco leguas del lugar -lo que evidentemente no se cumplía con Fontecha-, tenía capacidad para entender en primera instancia al igual que los cinco alcaldes ordinarios. Así que Elejalde acudió a el en vez de a cualquier alcalde ordinario, a buen seguro por ser el que estaba más cerca.

 

Aquella mañana, Maria Sáenz de Orue Aguirre había aparecido muerta en su cama, desnuda y atada de pies y manos, con una herida en la mejilla de la que había sangrado y algunas señales en la garganta que, según los cirujanos que la examinaron, indicaban que había sido sofocada y ahogada. Nombrada como anciana, tenía 65 años y era viuda de Diego de Viguri Ugarte. Su caserío tenía dos viviendas: en una habitaba ella con su hija y heredera, Maria Sáenz, casada con Francisco de Unzueta Berganza, que era natural del caserío Bideko de Lezama; en la otra residían Miguel de Revilla Ribacoba y Maria Andresa de Viguri Aquejolo en calidad de arrendatarios.

 

No cabía duda de que Orue había sido asesinada en su propia casa, en la misma cama en la que dormía. Y nadie pareció enterarse. Solo los arrendatarios vieron a unos intrusos sin que quede claro si llegaron a reconocerlos o no. Fue la hija quien notó la falta de lomos y longanizas de un cerdo que había matado su madre, así como algunas ropas pero ni mucho menos todas, ya que ciertas prendas e incluso porciones de trigo habían sido extraídas de un arca y esparcidas por la alcoba.

 

El Alcalde Mayor Fontecha recibió informes extrajudiciales que culpaban del robo y muerte de la anciana a Matías de Iturricha Ugarte y Antonio de Aldaiturriaga Bañueta, vecinos del mismo Saratxo, Tomás de Larrea, Francisco de Herrán Viergol y Joseph de Oraa, residentes en la ciudad de Urduña/Orduña. Se consideró probado que los cinco, “por comunicación precedente que habian tenido”, quedaron para robar a Orue, de modo que penetraron en su casa, la ataron de pies y manos y le cubrieron la cara con la ropa de cama antes de proceder al robo propiamente dicho. El homicidio fue involuntario: transcurrido un rato, se percataron de que la anciana había muerto, seguramente asfixiada.

 

Los ladrones debieron poner pies en polvorosa tras semejante desmán ya que los tres habitantes de Urduña/Orduña fueron apresados en Haro el 4 de febrero, al quinto día del sepelio de la anciana. En las alforjas de Oraa se encontraron lomos y longanizas que no dejaron lugar a dudas de su culpabilidad pero, por si fuera poco, también portaba una escopeta que resultó haber pertenecido a Domingo de Basabe, sacerdote de Oiardo asesinado el diciembre anterior y a quien días antes de su muerte habían robado un puñal, diferentes escopetas y pistolas. Tras su retención en Haro, los reos fueron trasladados e internados en la prisión de la Chancillería de Valladolid.

 

Exactamente dos años después, empezó a correr por la ciudad vizcaína el rumor de que Oraa había hecho fuga de la prisión vallisoletana y que estaba en las inmediaciones. A mediados de mes, se dijo que había sido visto en Lezama y Lekamaña. El día 8 había aparecido sacada la piedra que hacía de umbral en la puerta de la iglesia de Belandia, por donde se habían colado unos ladrones que se llevaron tres cálices y una cruz de plata, una banda de tafetán encarnado y unos manteles de altar. Luego desaparecieron los cálices de la iglesia de Tertanga. Y una semana más tarde se supo que también habían robado en la iglesia de Fresneda tras abrir un boquete en una pared lateral. Fontecha sospechó de la autoría de Oraa en todos estos delitos pero no hemos hallado certeza alguna sobre ello.

 

El mediodía del 27 de febrero un hombre que dijo llamarse Joseph Pablo de Oraa, de unos 34 años y natural de Bergara, albañil y cantero de oficio, fue arrestado por orden del Corregidor de Bizkaia en la casa de Agustín de Inchaurbe en la bilbaína calle “Velaosticalle”. Portaba encima un puñal con su cuchillo y vaina con mango de madera, unas tijeras pequeñas con vaina dorada, un pañuelo blanco, un birrete de lienzo blanco, un pedazo de estopa, dos cabos de cera amarilla, un eslabón para encender lumbre, un par de hebillas de metal, un pedernal, dos cordeles y diez monedas.

 

Declaró que, en el transcurso del último mes, había transportado 14 o 15 arrobas de tabaco, unos 170 kilos, desde Vitoria-Gasteiz a Sunbilla en Navarra en compañía de un tal Pedro, del Reino de Aragón, y un tal Juan, del reino de Valencia. Finalizado este trabajo, y tras hacer escala en Urduña/Orduña, Oraa se trasladó a Portugalete y se alojó en casa de un herrero llamado Juan a quien encargó que le hiciera unas cuantas herramientas propias de su oficio. Luego fue a Bilbao con el objeto de que Agustín de Inchaurbe le hiciera una capa y unos calzones rojos. En el momento de ser detenido en su misma casa, llevaba alojado allí cuatro días. Según dijo, le había conocido 3 o 4 años antes cuando estuvo de cantero en la villa y alojado en casa de Martín de Zaldua.

 

Finalmente, no ocultó que había estado encarcelado por su presunta implicación en la muerte de “una vieja” en Saratxo que tuvo lugar en el transcurso de un robo que habría ejecutado con una docena de individuos naturales de Saratxo y Urduña/Orduña. Sin embargo, contó que había sido puesto en libertad por resultar inocente, en compañía de un tal Ignacio de Mugaburu, natural de “Sarachu”.

 

Inchaurbe, que no tenía nada que ocultar, por lo que suponemos que habría contado la verdad, contó que estaba en la plaza de la villa bilbaína cuando Oraa se le acercó y le saludó por el apellido antes de decirle que un par de años antes le había cosido una valenciana y echaron un trago juntos, pero no se acordaba de el. De hecho, en los cuatro días y medio que estuvo en su casa mientras cumplía el encargo de hacerle unos calzones, no llegó a conocer su apellido y únicamente sabía que se llamaba Joseph Pablo. Le expresó que su intención era ir a Santander para trabajar en una obra de cantería bajo las órdenes del expresado Zaldua.

 

Y no sabemos más. La documentación conservada acerca de este proceso no va más allá.

 

¿Quién era este Oraa? Lo cierto es que no hemos hallado a nadie que responda a su nombre y apellido en los registros parroquiales de Bergara. Fontecha sospechaba que Joseph Pablo de Oraa no era su verdadero nombre y puede que tuviera razón. En su declaración, el detenido afirmó que estaba casado con Maria de Arechavala, natural de un pueblo alavés cuyo nombre ignoraba, con quien tenía dos hijas llamadas Antonia y Josepha. Ignoraba su paradero porque no había tenido comunicación con su familia desde que las dejó en Urduña/Orduña dos años antes, al huir tras el robo, aunque esto evidentemente no lo expresó. A Inchaurbe le contó que tenía mujer y tres hijas en Valladolid, si bien luego dijo que en Urduña/Orduña.

Pero no hemos encontrado ni rastro ni de su mujer ni de sus hijas. Solo cabe la posibilidad de que ella fuese natural de Tertanga, donde efectivamente residieron unos Arechavala, y cuyos registros parroquiales de la época no se han conservado. Sin embargo, no podemos dejar de advertir que en 1715 fue bautizada en Urduña/Orduña una niña llamada Maria Asensia, hija de Joseph de Oraa Izaguirre y Maria López de Arroa. Tampoco hemos encontrado a este individuo pero sí a un tal Joseph Antonio de Oraa Aguirre, nacido en Bergara en 1675, por lo que su edad coincidiría plenamente con la expresada por el protagonista de esta historia. Bien pudo ser el.

 

Nos falta hablar de un personaje: el mismo que avisó al Corregidor de la presencia de Oraa en la casa de Inchaurbe, el mismo que ejecutó la detención por haberse fugado de la prisión de la Chancillería de Valladolid, donde estaba a causa de haber ejecutado robos y muertes. Se llamaba “Antonio de Suloeta” pero Oraa solo le conocía por el nombre de Cortina y creía que era de Amurrio. Su nombre completo era Antonio de Zulueta Larrea, tenía 39 años, era natural y vecino de Larrinbe y estaba casado con Maria de Sautu Bengoa. Cortina es el nombre de un caserío de dicho pueblo, el mismo en el que vivió el sujeto, pero por aquel entonces la casa mantenía su nombre original, Larra, con el que aún se documentaba en 1815. ¿Era Cortina el apodo personal de Antonio? Desde luego, era conocido con este sobrenombre, pero se trata de un apodo familiar con el que documentamos también a su nieto Manuel (“Manuel de Zulueta Cortina” en 1778, cuando fue elegido alcalde ordinario) y en su bisabuelo Juan de Larrea, que en septiembre de 1613 fue nombrado alcalde de hermandad como “Juan de Cortina”.