Pleito de Elejazar (III)

 

 

Mes y medio después de finalizar el interrogatorio a los testigos presentados por la parte contraria, el 15 de abril de 1768 el Gobernador respondió positivamente a la petición de Olabezar y Larrinbe para que se reconociera in situ el monte de Elejazar. Por esta parte, se nombró como peritos a Francisco Xabier de Irabien y Eugenio Antonio de Acha, muy destacados vecinos de Quejana y Respaldiza respectivamente. Por su parte, Amurrio se negaba a este reconocimiento y por ello no designó perito alguno, de modo que el abogado Juan Valentín de Ibarrola, vecino de Lezama, fue nombrado de oficio.

La visita se realizó los días 25 y 26 de mayo con la asistencia de Juan de Isasi, Domingo y José de Aldama, vecinos del barrio de Aldama. Éstos llevaron a la comitiva hasta el lugar en que había estado un roble que marcaba la división entre el término común de los cinco concejos y el dehesado privativo de Amurrio. Los peritos pudieron apreciar que el monte comunero estaba muy poblado y con necesidad de entresacar, aunque había muchos árboles mal podados y otros que estaban cortados por el pie a pesar de su pequeño tamaño. Después, los tres hombres mostraron un plantío –de ínfima calidad, señalan- que los vecinos de Amurrio habían hecho en el término de Salamanca pero dudaban si era comunero o dehesado; ni siquiera los vecinos más cercanos tenían muy claros los límites entre uno y otro. Y esto va a ser una constante en adelante: los testigos llamados a declarar confunden continuamente los términos, no tienen muy claro qué pertenece a quién, se contradicen unos a otros y sus propias declaraciones anteriores, etc.

Al día siguiente, Amurrio pidió la nulidad de la Ordenanza y denunció que el escribano que estaba entendiendo en la causa, José Ventura de Villodas, tenía parcialidad conocida con los pueblos demandantes y ejercía su influencia sobre el Gobernador Mendieta. Su pretensión fue denegada.

En el mes de noviembre, el concejo de Amurrio presentó una serie de escrituras para que fueran compulsadas e incluídas en el pleito; la mayoría de ellas trataba de multas que el concejo de Amurrio había cobrado de diversas personas por excesos cometidos en los montes de Elejazar. Por ejemplo, el 4 de febrero de 1743 multaron a cuatro vecinos de Berganza y Onsoño por cortar acebos por el pie. Por aquel entonces, Amurrio pleiteaba con Larrinbe sobre la roza realizada por los vecinos de este pueblo en el monte de Sobre Pagaza y término de Curzecomendi. Larrinbe se amparaba en las ordenanzas de los cinco concejos; tras varios dimes y diretes, llegaron a un acuerdo según el cual aprovecharían la roza por tres o cuatro años pero después debían hacerlo en sus propios términos, que eran desde el arroyo debajo de los manzanales y jaral del caserío Pardio de Abajo hasta el robledal de Suerraran, propio de la casa de Curzialde y desde allí por el arroyo al salcedal de la casa-rueda del difunto Bartolome de Escalza, que estaba en Amurrio –en Okeluri, concretamente-.

También se compulsó una visita de mojones entre Amurrio y Luyando que se hizo el 17 de julio de 1763 después de que algunos vecinos de éste hubieran roturado tierras en Enorduy excediéndose bastante. Con ello querían probar que había sido el concejo de Amurrio quien participó en el apeo y puso dos mojones nuevos para mayor claridad, sin participación alguna de los otro cuatro concejos.

Tras un alegato muy largo y bien fundamento presentado por parte de los dos concejos, el Gobernador sentenció el 11 de julio de 1769 que Olabezar y Larrinbe habían probado bien su demanda y declaró que el monte de Elejazar era comunero en todo género de aprovechamiento con sus dehesas. José de Aldama y Pablo de Urrutia fueron condenados a entregar en el plazo de cinco días lo que correspondía a los otros concejos de la multa impuesta a Olazar. Y todos ellos debían arreglarse a las ordenanzas en la corta y recogida de leña para sus hogares y edificios. Tras presentar las habituales alegaciones, el 17 de agosto el Gobernador ratificó la sentencia.

Aún así, no fue hasta el 12 de octubre que los regidores de Amurrio entregaron el dinero que debían a los dos concejos, y además con protestas sobre la sentencia y contra el escribano del caso porque no había querido darles traslado de algunas escrituras. De hecho, insistieron presentando un pleito que había tenido lugar en 1750-51, cuando Juan de Isasi y José de Aldama, los ya citados vecinos de Aldama, acusaron a Matías de Orue por haber hecho cortas en los castañales de Mendico Requeta –también figura como Mendico Errequeta– y Erroispe que eran de su propiedad, y habiendo sido reprendido por ello por Maria de Mendieta contestó que “tanto tenía que mandar en dhos castañales” como ellos; además a Aldama le habían robado mucha castaña de una “cortina o erizal” que tenía en un castañal propio.

Según buena parte de los testigos presentados por los acusadores, los castañales estaban situados en un dehesado propio del lugar de Amurrio, en el que otros muchos vecinos tenían por propios y plantados por sí y sus antepasados diferentes porciones de castaños y los habían gozado privativamente aprovechándose de sus frutos y leña sin dar parte a nadie y sin contradicción alguna, pagando el diezmo correspondiente por ellos a la parroquia. Un testimonio interesante es el de Francisco de Ugarte, vecino de Onsoño, que había fabricado carbón para los acusadores en varias ocasiones empleando la leña de sus castañales. Francisco contó que en una ocasión que iba para su casa se encontró al acusado Matías de Orue con un costal y dos varas injertas por medio con su brazadera de hierro para poder alcanzar mejor cualquier fruto con su gancho también de hierro.

Se cuenta también que, el año anterior, Isasi había cedido parte del fruto de sus castañales a Antonio de Salazar, vecino de Saratxo, pero cuando fue a ello resultó que las castañas habían sido vareadas y desgranadas debajo de los mismos árboles. Testigo de ello fue el joven Manuel de Aldama Echeguren, natural del barrio de su apellido y de catorce años de edad, que se encontró con Matías y le dijo “oy Matias según ba ya ha de hacer media fanega de castañas” y le contestó “vien estoy si no hago mas”. Por allí andaban también una mujer y otros mozos de la zona.

Pero claro….no faltaron testigos dispuestos a exonerar a Matías. Por una parte, los celadores de montes Juan de Abechuco y Diego de Aldama examinaron las ramas cortadas y, al parecer, dictaminaron que las ramas cortadas eran de corto valor y en beneficio de los árboles, porque en realidad los habían podado. Por otro lado, los testigos presentados por los acusados consideraban que los castañales estaban situados en Erroispe, lugar prohibido por la Ordenanza que siempre había estado en observancia, de manera que siempre se habían protestado los plantíos realizados en este lugar y de hecho Juan de Aldama, el padre de José, había sido multado. Sin embargo, los castañales de Mendico errequeta sí que eran concejiles.

Se contaba que treinta años atrás se había celebrado una junta de los cinco concejos en el campo de San Antón para tratar sobre los plantíos efectuados en ese lugar, en la que Felipe de Lezama Eguiluz propuso dejarlos para beneficio del común, en lo que se conformaron. Y unos dieciséis años atrás Domingo de Beraza y Francisco de Bolloqui fueron por orden de Diego de Landa a cortar madera a Elejazar, pero estando en ello fueron apresados por los regidores Felipe de Lezama y José Ventura de Respaldiza.

El alcalde ordinario Antonio de Echebarria sentenció el 15 de junio de 1752 con asesoría del Licenciado Juan de Latatu, vecino de Orduña; el fallo fue favorable a los demandantes, a quienes declaró dueños de los castaños, ya que los capítulos de las ordenanzas no estaban confirmadas ni en observancia ni con las solemnidades reales, por lo que los acusados fueron condenados en 1.000 reales y en seis meses de destierro de Alava, y en caso de no cumplir se les pondría el doble de pena en el castillo de Pamplona.

Hay dos aspectos muy llamativos de este pleito. Primero, que el alcalde Echebarria desechara la validez de las ordenanzas tan taxativamente y sin duda alguna. No se oculta que existía cierta organización entre los cinco concejos, que celebraban reuniones en el campo de San Antón. Y aunque podría pensarse que la existencia de esta comunidad no conlleva necesariamente la autenticidad de las ordenanzas, no deja de ser cierto que dificilmente existiría una institución de este tipo sin un reglamento u ordenanzas. Y si no eran las de 1570, ¿cuáles? El segundo aspecto que nos llama la atención es, en relación con lo anterior, que este pleito no hubiera aparecido previamente, antes de la primera sentencia, siendo tan favorable a los intereses de su defensa.

 

La cuestión es que pocos días después de que el concejo de Amurrio abonara lo que debía a Larrinbe y Olabezar procedente de la multa a Bernardo de Olazar, el regidor Pedro de Yarritu y el celador de montes Antonio de Arana habían retenido dos carros de leña que Isidro de Ugalde, vecino de Olabezar, bajaba del monte para su casa y la de Manuel Tomás de Abasolo. Según ellos, la leña había sido cortada en la dehesa de Lekuzabal, privativa de Olabezar. Ya el año anterior habían retenido dos carros del mismo Ugalde so pretexto de bajarlos de la peña de Arkotxa y no de Lekuzabal.

En todo caso, la cuestión no fue retomada hasta el 21 de enero de 1770, cuando se procedió a interrogar a los testigos presentados por ambas partes. Las contradicciones y confusiones entre ellos fueron notables. Manuel de Otaola, natural de Amurrio de 21 años, estaba con su amo Francisco de Olartegochia derramando castaña en Arkotxa cuando vio que los dos vecinos de Olabezar cortaron un roble por pie y cargaron la leña en dos carros; entonces, llegaron Francisco de Padura y Josefa de Olartegochia a bajar unos bueyes, hablaron del tema y Otaola fue enviado a dar parte al regidor Yarritu.

Curiosamente, Padura en su primera declaración dijo que la corta se había realizado en Lekuzabal, dehesa privativa de Olabezar. Pero su suegro Francisco de Olartegochia, “bien reflexionado”, declaró que había ocurrido en la Peña de Arcocha, donde los vecinos de Olabezar también solían cortar leña para sus hogares y edificios. Su hija Josefa, la mujer de Padura, dijo que fue en Arkotxa. Asensio de Aldama que fue en Lekuzabal. Pero la cuestión no era sólo dónde habían cortado el roble sino el status de cada uno de los términos. Así, Manuel de Zumelzu consideraba que Arkotxa era un término incluído en la dehesa de Lekuzabal.

Padura cambió totalmente de testimonio de un momento a otro. Decía que siempre había tenido por Lekuzabal el lugar donde les vió cargar los carros, pero que era cierto que muy cerca había una peña. Pero el principal cambio es que ahora negaba que la dehesa fuera término privativo de Olabezar. Sin embargo, su suegro se ratificó en que si los de Amurrio habían sido atrapados cortando algún árbol por pie en Arkotxa habían sido multados por los de Olabezar, tal y como le había ocurrido a el. Sin embargo, Pedro de Olartegochia afirmaba que los vecinos de Urieta iban a la dehesa a por leña para sus hogares y cerraduras sin que ningún vecino de Olabezar pusiera ningún embarazo.

Quizá el dato más significativo es que fue llamado a declarar el regidor de Amurrio, Diego de Ugarte, quien dijo haber visto la Ordenanza y que el término era para aprovechamiento exclusivo de los de Olabezar. Por eso sorprende sobremanera que el 15 de marzo, como regidor que era, figura como principal encargado de la defensa de los intereses de la localidad en la presentación de los testigos de su parte. En este contexto, Manuel de Olartegochia, vecino de Izoria de 34 años, dijo que tenía entendido que la leña fue cortada en Lekuzabal y no en Arkotxa, que “le llamaban assi por tener de señal una Peña y arriba de esta Peña un tocanal titulado Arcocha” y ambos estaban dentro de la dehesa; sin embargo, había visto a los de Amurrio, no a los de Olabezar, aprovechar la leña de Arkotxa, y de Lekuzabal a los dos; ambos estaban en término de Amurrio. Contradictorio al máximo.

Tanto Manuel como Francisco de Olartegochia creían que los de Olabezar iban a Arkotxa a cortar leña para regresar por el camino de San Silvestre y evitar ser prendidos. Felipe de Olartegochia, sin embargo, negaba estas cortas clandestinas, y afirmó que al tiempo había hecho una rotura en Lekuzabal junto a su padre sin objeción alguna por los de Olabezar, ya que unos y otros se aprovechaban del término.

Pero las contradicciones no cesan. Francisco de Viguri, vecino de Apregindana de 28 años, había servido nueve años en Amurrio y parte de ellos en el barrio de Urieta y había visto que el término de Arkotxa era separado del de Lekuzabal aunque no había islos sino una peña o esquina que bajaba del campo de Salamanca.

 

Como resumen de todo este galimatías, Amurrio quería que se declarase propio y privativo del pueblo el monte de Elejazar y sus dehesas, sin que ello supusiera una contradicción a la comunidad de pastos -solo de pastos- con los cuatro concejos. Consideraban haber probado que habían sido sus regidores quienes daban permiso y marcaban los árboles que se podían talar o podar; que eran ellos quienes cuidaban los montes, apagaban los incendios, hacían plantíos y apeos, todo a su costa; que cuando los vecinos de los otros pueblos habían entrado a cortar leña y fueron prendados, habían pagado las multas sin contradicción. Solo alguna vez los regidores de Amurrio habían dado a los otros concejos parte de lo percibido por algunas ventas, “deslumbrados” por la Ordenanza.

Insistían, como habían hecho antes, en que la Ordenanza de 1570 nunca había estado en vigor ni había sido consentida en Amurrio, de modo que muchas de las prácticas que en ellas se estipulaban nunca se habían observado, como la existencia de jueces diputados o la revisión de los montes por los montaneros cada quince días. Consideraban público y notorio que nunca se había observado la prohibición de plantar castaños en ciertos términos que se citaban en la Ordenanza, lo cual se demostraba con el auto dado por el Consejo el 4 de diciembre de 1754. En definitiva, se mantenían en su postura de que la Ordenanza se había hecho para facilitar la cobranza de los grandes gastos que estaba haciendo Juan de Urrutia, administrador de Pedro de Ayala, en sus pleitos contra el valle de Orozko. Urrutia era poderoso e influyente y por medio de la participación en los montes de Amurrio, “que son considerables”, quiso atraer a los principales vecinos de los cuatro concejos para que contribuyesen en los gastos de los pleitos con Orozko, especialmente en el de comunidad de pastos que solo seguía, según afirmaban, con el fin de cansar y consumir a Orozko para que no se pudiera defender en el que tenía con Pedro de Ayala, nieto del Comunero a quien se confiscaron los bienes y de cuyo dominio fue separado el valle de Orozko.

Amurrio alegaba que cada concejo era totalmente independiente, cada uno gobernado de acuerdo con sus propias ordenanzas y todos por las de la Tierra de Ayala; de las supuestas Ordenanzas de los cinco concejos solo se habían acordado cuando algún vecino o vecinos habían querido aprovecharse de lo ajeno. Remarcaba que las partes contrarias llamaban “monte comunero” a Elejazar pero las Ordenanzas se referían a el como “dehesado”. Se preguntaban: ¿por qué la Ordenanza llama monte común a todo si luego hablan de montes privativos y dehesados?

 

Por su parte, el representante de Olabezar y Amurrio se basaba sobre todo en lo contenido en la escritura de venta de leñas que se hizo a Olazar y el incumplimiento de Amurrio de la misma al negarse a pagar lo estipulado (y en ello tenían toda la razón, porque Amurrio estaba incumpliendo las condiciones pactadas en esa escritura concreta). Argumentaba también que Amurrio no había justificado la propiedad del monte de Elejazar ni nada de lo que había alegado. Consideraban que, aunque el monte de Elejazar estuviera dentro de los límites de Amurrio, no por ello era suyo el dominio ni mucho menos eran privativos sus aprovechamientos, ya que los cinco concejos siempre habían sido dueños de los montes y dehesas comunes, y no tenían una simple comunidad de pastos sino de todos los aprovechamientos. No se le habían pasado por alto las contradicciones de los testigos –lo mismo se decia que los montes de Elejazar eran privativos de Amurrio que se reconocía que la dehesa de Lekuzabal era de Olabezar- y fue refutando los argumentos con un lenguaje muy confuso, técnico, más centrado en cuestiones legales que en hechos concretos, y señalando puntillosamente contradicciones de los testigos presentados por la parte contraria. Por ejemplo, consideraba que la detención de los carros o las multas a vecinos de Larrinbe no habían sido por el mero hecho de cortar leña sino por cortar árbol mayor y carrasco de vida por pie, lo que estaba prohibido por la Ordenanza. También resaltó que tantos testigos dijeran que para sacar materiales para sus casas de Elejazar había que pedir permiso a los regidores de Amurrio pero que estos no se pudieran negar y que en caso de hacerlo lo habían ejecutado igualmente sin contradicción alguna.

Por el contrario, pasó muy de puntillas por el tema de la Ordenanza. Uno de sus pocos argumentos al respecto fue que si desde su primera Junta General en 1571 había algunos capítulos que se habían dejado de observar, no por ello se podía decir que nunca hubieran tenido comunidad de pastos. Se hace notar también que en esos pleitos que tuvieron a mediados de siglo los regidores de Amurrio fueron instados a presentar el libro de ordenanzas para su compulsa y así lo hicieron, y eran las mismas que se habían compulsado en este pleito. Finalmente, para ellos el dehesado y el monte de Elejazar eran dos cosas distintas; y termina mencionando ordenanzas de otras comunidades montes que tampoco estaban aprobadas por el Consejo Real.

Estos dos últimos puntos fueron probados cuando el pleito fue retomado nada menos que en ¡septiembre de 1773! Más de tres años después. Fue en noviembre de dicho año cuando los apoderados de Olabezar y Larrinbe volvieron a presentar testigos. José de la Torre aseguró que, además del monte comunero de Elejazar, había un poco del mismo nombre que estaba en el centro de uno de los dehesados de Amurrio, al principio de donde se entraba a dichos montes comuneros y en ese campo había visto  plantados muchos carrascos y árboles mayores sirviendo dicho campo y árboles de separación. Antonio de Landaluze dijo que el campo que llamaban de Elejazar “según se entra como se ba por el camino real de Urietagoicoa de dho lugar de Amurrio a el” estaba en dehesado propio del mismo lugar, que seguía hasta un segundo campo, mediante entre uno y otro había una bajadita, y en los dos había estado plantando carrascos con el concejo y vecinos, que eran campos que siempre se habían tenido por dehesa de Amurrio; pero desde ellos hacia la parte de Olarte ya era el monte comunero de los cinco lugares, que lindaba con dehesados de Inordio y el de Arroispe.

Francisco de Orue, que se había criado y vivido en Amurrio hasta que se casó en Izoria un par de años antes, dijo que el monte comunero de los cinco concejos hacia la parte de Olarte se llamaba basogalanta “que quiere decir monte hermoso” y no lo había oido llamar Elejazar y la única división entre ambos era el mencionado campo. Es decir, su testimonio contradice el de José de la Torre.

En todo caso, el mayor acierto que en este momento tuvo la parte favorable a Olabezar y Larrinbe fue la compulsa de una serie de ordenanzas de montes entre diversas localidades ayalesas, ninguna de las cuales estaba aprobada por el Consejo Real y pocas por el Gobernador o algún representante de la Tierra de Ayala. Entre estas ordenanzas, que deben ser de gran interés, se observan las siguientes:

  • Ordenanzas entre Respaldiza y el barrio de Etxaurren para la conservación del ejido que tenían en común en el monte de Bagaza así como los derechos a comer la grana, pacer las yerbas, beber las aguas y aprovechar la leña. Año 1655. Tenía la firma de Juan López de Gorbea, alcalde ordinario.
  • Ordenanzas de los montes comunes de Izoria, Murga, Respaldiza y Luyando
  • Ordenanzas de Maroño e Izoria sobre el aprovechamiento de leñas, hierbas y aguas del monte común titulado de Babio. Año 1487.
  • Ordenanzas de Salmantón, Maroño, Aguiñiga y Madaria para la conservación del monte comunero de Yas. Año 1663. Aprobada por el Gobernador
  • Ordenanzas entre Zuaza y Quejana. Año 1500. Aprobada por la justicia ordinaria de la Tierra de Ayala
  • Ordenanzas de Llanteno, Retes y Costera para la administración de sus ejidos comunes. Año 1544.

 

Finalmente, se compulsó una pieza de autos formados por el Licenciado Pedro de Fontecha, que fue Gobernador y además administrador del Conde de Ayala. Entre las escrituras de esta pieza, se observa una reunión concejil de Amurrio en la que afirmaban que tenían comunidad de montes con Larrinbe, Saratxo, Etxegoien y Olabezar y que solo tenían derecho a la quinta parte de la madera de los montes comunes. Esto ocurrió en 1747.

 

El 9 de octubre de 1781 se sancionó finalmente el asunto y básicamente se confirmó la sentencia dada el 11 de julio de 1769. Los cinco concejos debían ajustarse a la Ordenanza de 1570 hasta que dispusieran unas nuevas, lo cual no parece que llegara a ocurrir nunca. Por lo tanto, los tribunales juzgaron probadas las reivindicaciones de Olabezar y Larrinbe, y en consecuencia la validez y veracidad de la Ordenanza de 1570. ¿Significa eso que la versión esgrimida por Amurrio respecto a las maquinaciones de Juan de Urrutia fuese incierta? Probablemente no, es muy posible que algo de cierto hubiera en todo ello. Pero, por otro lado, parece indudable que existió una comunidad de montes -de hecho hemos localizado el expediente de disolución de la misma, el cual dejamos para otra ocasión- y debió regirse sin duda por una ordenanza. Otra cosa es que parte del capitulado de la misma fuese reiteradamente vulnerado, lo cual no es de extrañar, porque lo mismo ocurrió sin ir más lejos con las Ordenanzas de la Tierra de Ayala.

 

 

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